Un informe de la Misión de la ONU denuncia crímenes de lesa humanidad y Freedom on the Net 2024 corrobora que se han restringido las libertades de Internet en Venezuela, mientras que falsos noticieros en TikTok posicionan rumores que facilitan la propaganda oficialista
El informe de la Misión de verificación de la ONU, presentado el 15 de octubre de 2024, acusa al gobierno venezolano de cometer etenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y violencia sexual, especialmente durante y después de las elecciones de julio de 2024. Según el informe, estas acciones forman parte de un plan para reprimir a quienes se oponen al gobierno. También reportaron 25 muertos, cientos de heridos y miles de personas detenidas, incluso menores de edad por protestar después de las elecciones presidenciales. Debido a la gravedad de los hechos, la ONU extendió la misión hasta 2026 para seguir investigando, con especial atención a la violencia de grupos armados cercanos al gobierno (colectivos).
Por otro lado, el informe Freedom on the Net 2024 indica que Venezuela tiene una de las peores puntuaciones en cuanto a libertad en Internet, con un aumento de la censura y la vigilancia entre 2023 y 2024. El gobierno controla las telecomunicaciones, lo que limita el acceso a servicios de calidad. Además, se aprovecha de la propagación de rumores y campañas de desinformación de perfiles engañosos en plataformas como TikTok, para manipular la opinión pública y silenciar a medios críticos, desviando la atención de las denuncias en su contra.
Misión de la ONU detalla delitos de lesa humanidad
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, presentado el 15 de octubre de 2024, denuncia al gobierno venezolano por cometer crímenes de lesa humanidad en un contexto de escalada de violaciones de derechos humanos. Estas violaciones han sido dirigidas sistemáticamente contra la oposición política y la ciudadanía, especialmente durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La Misión documenta casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, criminalización de menores de edad y violencia sexual, indicando que estas prácticas no son incidentales, sino que responden a un plan coordinado para reprimir la disidencia.
El informe subraya que las violaciones se intensificaron alrededor del 28 de julio, afectando a sectores vulnerables como menores de edad y personas con discapacidad. La ONU reporta la muerte de 25 personas por arma de fuego y menciona que cientos resultaron heridas y miles detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, denuncia el uso de amenazas de tortura para forzar autoincriminaciones y las condiciones inadecuadas de reclusión para menores, lo que constituye una violación grave de los derechos internacionales.
Desde 2019, la Misión ha investigado diversas violaciones en Venezuela, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles. Este informe abarca el periodo de 2014 a 2024 y ha llevado a la prórroga del mandato de la Misión hasta 2026. La continuidad del monitoreo se enfocará en la violencia ejercida por grupos armados (colectivos) afines al gobierno. El informe insta a la liberación de detenidos arbitrarios y a la comunidad internacional a priorizar la protección de los derechos de niños y adolescentes en la crisis venezolana, reforzando las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática y coordinada.
Freedom on the Net 2024 revela nuevas evidencias de censura, represión y tácticas de desinformación
El informe Freedom on the Net 2024, emitido por Freedom House, calificó a Venezuela con una puntuación de 30 sobre 100, lo que le ubica en la categoría «No Libre» que le identifica como uno de los países con menor libertad en Internet en la región. Este informe revela que la libertad en Internet en Venezuela sigue siendo severamente restringida, exacerbada por la crisis sociopolítica entre junio de 2023 y mayo de 2024. La censura, los bloqueos de sitios web, la vigilancia masiva y los apagones de Internet han aumentado, limitando el acceso a información libre y sin censura. Además, las desigualdades económicas, el control estatal de las telecomunicaciones, la infraestructura deficiente y los cortes eléctricos dificultan el acceso a servicios de calidad, afectando la vida cotidiana de los venezolanos.
El gobierno de Maduro ha intensificado el control digital mediante la censura, la vigilancia y la represión, utilizando leyes restrictivas y la criminalización de la expresión en línea para sofocar la crítica. El dominio estatal sobre CANTV y CONATEL, y los planes para administrar un punto de intercambio de Internet (IXP), podrían facilitar una mayor censura y vigilancia del tráfico en línea. Durante eventos clave, como las elecciones primarias de la oposición en 2023, se intensificaron los bloqueos de medios y herramientas digitales, obstaculizando la transparencia y manipulando el acceso a información electoral. Además, el informe destaca el uso de campañas de desinformación con inteligencia artificial para desacreditar a líderes opositores y manipular la opinión pública.
El gobierno también ha recurrido a la vigilancia masiva y la recopilación de datos personales a través de programas como el Sistema Patria y tecnologías de proveedores extranjeros. Esto, sumado a la falta de leyes efectivas para la protección de datos personales, expone a los ciudadanos a violaciones de su privacidad. La autocensura ha aumentado debido al temor a sanciones legales o represalias, generando un ambiente donde los derechos digitales y la libertad de expresión son constantemente vulnerados. A menos que se realicen cambios estructurales en las políticas de telecomunicaciones, la brecha digital en Venezuela seguirá creciendo, dejando a la mayoría de la población sin acceso a un derecho fundamental en la era digital.
En conjunto, estas tácticas de represión a la disidencia, desinformación, censura y vigilancia crean un entorno asfixiante para la libertad de expresión y los derechos en Venezuela. La manipulación sistemática de la información debilita el acceso a la verdad, socava la confianza en los procesos democráticos y limita las posibilidades de cambio político. Si no se adoptan medidas concretas para proteger la libertad de los venezolanos, el uso de Internet y el combate a la desinformación, la crisis de derechos humanos y la brecha informativa en el país seguirán profundizándose.
Los falsos noticieros en Tiktok y la reaparición de Elvis Amoroso
La ausencia durante más de dos meses de Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, generó una oleada de rumores sobre su paradero, con especulaciones que iban desde una supuesta detención en Fuerte Tiuna hasta una posible fuga del país. Estos rumores se intensificaron después de su última aparición pública el 5 de agosto de 2024, tras las elecciones del 28 de julio en las que se proclamó a Nicolás Maduro como ganador. La incertidumbre creció alimentada por publicaciones en redes sociales y por medios internacionales como Miami Herald, la revista Semana de Colombia y el periodista Jaime Bayly, quienes sugirieron que Amoroso podría estar retenido o arrestado.
Perfiles engañosos en plataformas como TikTok jugaron un papel clave en la propagación de estos rumores, presentando información no verificada como hechos confirmados y difundiendo historias sobre su supuesta detención o huida. Sin embargo, el 15 de octubre, Amoroso reapareció en un acto televisado junto a Nicolás Maduro, desmintiendo las especulaciones. Las múltiples cuentas de falsos noticieros en Tiktok permitieron que los rumores ganaran visibilidad y se percibieran como verídicos, lo que generó un clima de confusión que el oficialismo aprovechó para desacreditar a sus críticos y cuestionar la credibilidad de la prensa independiente, reforzando la narrativa de una «guerra psicológica» en su contra.
En TikTok también se difundieron rumores falsos sobre un supuesto acuerdo de Edmundo González Urrutia con el gobierno español para otorgar pasajes aéreos, viviendas y nacionalidad a venezolanos, información que fue desmentida tras confirmarse que tales programas no existían. La cuenta que propagaba estos rumores fue eliminada el 17 de octubre y también tenía apariencia de un falso noticiero, que además promocionaba a una supuesta ONG inexistente.
Simultáneamente, se viralizó un video conocido como «La Operación Gucci«, que afirmaba que la oposición venezolana había sacado las actas electorales de julio en «maletas de lujo» para entregarlas al Centro Carter. Aunque la historia carecía de pruebas verificables, fue utilizada por el oficialismo para atacar a la oposición y desviar la atención de las denuncias de fraude electoral.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
