En Venezuela, narrativas desinformativas ganan tracción por usar temas sensibles como el secuestro de niños y el tráfico de órganos, acciones judiciales contra Maduro y supuestos sobornos del gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional
Esta semana, tres narrativas desinformativas han captado la atención en Venezuela, difundiendose a través de redes sociales, servicios de mensajería y medios tradicionales. Continúan los rumores sobre una falsa ola de “robo” de órganos a niños secuestrados y se difundieron bulos sobre la supuesta emisión de una orden de captura contra Nicolás Maduro por parte de la CPI y una presunta investigación por sobornos del gobierno para dilatar el caso “Venezuela I” en la CPI han dominado la escena comunicacional.
Tráfico de órganos: Un rumor recurrente
En redes sociales y WhatsApp circuló una historia viral sobre un niño abandonado a las puertas de un hospital en Caracas, supuestamente tras ser víctima de un “robo” de órganos. Cazadores de Fake News calificó al contenido viral como un bulo, información errónea no soportada con evidencias.
Sobre el supuesto incidente tampoco hay ningún reporte por medios independientes o fuentes confiables en Venezuela. Adicionalmente, Douglas Rico, director del CICPC, desmintió la existencia de denuncias al respecto. Tampoco se pudo determinar el origen de la fotografía difundida ni el contexto del supuesto caso.
Los rumores de niños secuestrados cuyos órganos son “robados”, son historias recurrentes que se alimentan de temores colectivos y de la facilidad de difusión en redes sociales, pero que no están soportados con hechos. Verificadores de todo el mundo han calificado el “robo” clandestino de órganos como una teoría de conspiración: los trasplantes de órganos son procedimientos quirúrgicos complejos que exigen condiciones sanitarias, farmacológicas y quirúrgicas muy específicas, que es muy poco probable alcanzar en condiciones de clandestinidad.
Los bulos sobre “robos” de órganos recientemente detectados en Venezuela forman parte de una nueva ola de desinformación que sigue un patrón recurrente en el país, donde rumores similares han generado alarma pública desde hace casi una década.
Desde 2015, rumores similares han vinculado casos internacionales descontextualizados con supuestas mafias de “robo” de órganos en Venezuela. Por ejemplo, un bulo en 2023 sobre un supuesto niño asesinado en Barinas resultó ser un caso en Nicaragua. Asimismo, narrativas desinformativas han señalado incluso a organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras de participar en redes de tráfico, aunque tales acusaciones carecen de fundamento y han sido desmentidas.
Estas narrativas emplean imágenes impactantes y apelan al miedo para ganar tracción. «Este tipo de desinformación sigue un patrón que busca exacerbar el pánico social. La manipulación de emociones es clave en su viralidad», explicó Douglas Rico director del CICPC.
CPI no emitió una orden de captura contra Nicolás Maduro
Un video que informaba sobre la emisión de una orden de captura contra Nicolás Maduro por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) se originó en un falso noticiero de YouTube. La falsa narrativa también incluyó afirmaciones de que Edmundo González Urrutia se encuentra coordinando una intervención militar en Venezuela. Sin embargo, el contenido carece de soporte y se basa en publicaciones sin verificar de redes sociales como Tik Tok e Instagram. El video original fue eliminado del canal, aunque el mismo usuario ha continuado propagando teorías conspirativas relacionadas con Maduro.
En septiembre de 2024, el gobierno de Argentina solicitó formalmente a la CPI emitir una orden de captura contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, basándose en denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. No obstante, la CPI no ha respondido a esta solicitud ni emitido ninguna orden de captura con relación a este caso. Por su parte, Edmundo González Urrutia ha negado promover una intervención militar, destacando su preferencia por una transición democrática y pacífica en Venezuela, tal como ha declarado en entrevistas con medios internacionales.
La desinformación sobre este tema, aparentemente generada por usuarios aislados en redes sociales, se suma a la persistencia de campañas coordinadas con las que se intenta distorsionar los hechos relacionados con las investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad ejecutados por el Estado venezolano y que continúan siendo investigadas por la CPI, aunque todavía no existe ninguna decisión ni orden de aprehensión en contra de Maduro o de funcionarios venezolanos.
¿Sobornos del gobierno venezolano a la CPI?
Durante la semana circuló en WhatsApp la captura de un artículo de opinión publicado en un medio venezolano, en el que se sugiere que el gobierno venezolano estaría involucrado en sobornos masivos para retrasar el caso “Venezuela I” en la CPI. Según estas afirmaciones, el Departamento de Seguridad de la ONU (UNDSS) estaría investigando irregularidades que implican a altos funcionarios de la CPI. Sin embargo, esta narrativa carece de pruebas verificables.
Las denuncias internas sobre posibles irregularidades en la CPI son manejadas exclusivamente por su propio Mecanismo de Supervisión Independiente, según lo establece el Estatuto de Roma y no por el UNDSS. Este organismo opera bajo la supervisión directa de las Naciones Unidas y no hay evidencias de que el UNDSS esté involucrado en tales investigaciones.
De no aclararse este tipo de desinformación, se podría generar desconfianza hacia instituciones internacionales, como la CPI, que actualmente está en la fase de recolección de pruebas y determinación de responsables del caso “Venezuela I”, a pesar de los intentos del gobierno venezolano por desacreditar o retrasar estas investigaciones.
A pesar de todos los bulos y rumores sobre la CPI que han circulado en la infoesfera venezolana durante los últimos meses, la misma CPI reafirmó en marzo de 2024 su compromiso de avanzar en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
