La narrativa de victimización busca ocultar las irregularidades electorales y represión contra opositores
La semana pasada, voceros del gobierno de Nicolás Maduro continuaron promoviendo la idea de que su gestión es víctima de una supuesta «guerra cognitiva», «informativa» o «psicológica» dirigida desde el extranjero. Sin embargo, existen numerosas pruebas que demuestran, precisamente, lo contrario: por años y de forma muy regular, el propio gobierno ha empleado rumores, desinformación y propaganda—tácticas, técnicas y procedimientos de guerra informativa similares a los que denuncia—, de cuya promoción coordinada también se tienen evidencias.
Desde diversas plataformas comunicacionales, altos funcionarios del Estado venezolano siguieron amplificando casos de desinformación que ya han sido analizados y desmentidos recientemente por iniciativas de verificación venezolanas, presentando evidencias concretas. La desinformación que continua siendo difundida, sin embargo, parece estar dirigida a los propios militantes del oficialismo, a funcionarios de cuerpos de seguridad o a justificar, al menos momentáneamente, medidas administrativas y judiciales usadas para reprimir la disidencia.
La teoría de la victimización por la «guerra cognitiva» que promueve el gobierno venezolano es un «hombre de paja» que busca distraer de lo que realmente ocurre en Venezuela: que los resultados de los comicios del pasado 28 de julio presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) han sido cuestionados nacional e internacionalmente, que no se han presentado resultados desglosados por centros de votación que permitan validarlos y que se han denunciado múltiples violaciones de derechos humanos ocurridas antes, durante y después de las elecciones, entre otros reclamos.
«Guerra Cognitiva», otro “hombre de paja” del oficialismo
En las últimas semanas, el gobierno ha intensificado su discurso de ser víctima de una supuesta «guerra cognitiva», «psicológica» o «informativa» orquestada por actores externos y la oposición para desestabilizar Venezuela. Esta retórica busca presentarse como víctima de una operación de información externa y deslegitimar con acusaciones infundadas todo reclamo o iniciativa presentada por la oposición, como la publicación en línea de las actas electorales del 28 de julio.
Sin embargo, la narrativa de la “guerra cognitiva” de la que supuestamente es víctima el oficialismo presenta una clara contradicción: el propio gobierno promueve campañas de desinformación y manipulación mediática, con numerosos casos evidenciados a lo largo de los años.
Varios ejemplos de casos recientes pueden ser usados para ilustrar esta contradicción.
A principios del mes pasado, el presidente Maduro aseguró que un manifestante apodado «Pimpina», —asesinado el 29 de julio en el contexto de una protesta ciudadana—, en realidad no había sido asesinado, mostrando un video de otra persona que afirmaba que se había tratado de una simulación. Poco después, se confirmó que «Pimpina» sí había sido efectivamente asesinado.
Maduro había desinformado no solamente a medios de comunicación nacionales e internacionales, sino a todo el mundo.
Asimismo, durante la campaña del referéndum sobre el Esequibo, a finales de 2023, cuentas de voceros oficialistas como Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, el mismo Nicolás Maduro, y medios de propaganda como Venezolana de Televisión, difundieron un video de propaganda de un grupo de indígenas pemón cantando el himno nacional, supuestamente en la cima de un tepuy en el territorio en disputa; diez días después, se demostró que el video había sido grabado en el estado Bolívar, no en el Esequibo.
Además, durante la campaña presidencial de julio del 2024, Jorge Rodríguez presentó supuestos tuits de opositores que amenazaban con «quemar a chavistas» si ganaba la oposición. Una investigación posterior reveló no solo que estas cuentas eran falsas, sino que también estaban vinculadas al Ministerio de Comunicación e Información.
Durante la campaña presidencial, incluso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ayudó a viralizar desinformación a través de sus canales oficiales. Por ejemplo, difundió un video sobre María Corina Machado con un fondo manipulado, un bulo que comenzó a circular en cuentas vinculadas a la campaña del candidato Nicolás Maduro.
Esto indica que, o la FANB fue víctima de la desinformación generada por el PSUV y difundió el video sin saber que se trataba de un bulo, o lo hizo de forma deliberada, en coordinación con distintas instituciones del Estado, como parte de una operación de información gubernamental.
Esta contradicción cuestiona la veracidad de la posición del gobierno como víctima de un complot informativo internacional. Mientras denuncia supuestas piezas de desinformación en su contra, cuentas falsas y campañas coordinadas, abiertas y encubiertas, continua empleando tácticas, técnicas y procedimientos de «guerra informativa» y «guerra cognitiva» para desacreditar a la oposición y justificar medidas represivas.
Bulos reciclados, a granel
Esta semana, distintos voceros mantuvieron en movimiento una batería de bulos y narrativas desinformantes de vieja data y previamente desmentidas, con la que buscan atacar informativamente a la oposición representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
Algunos de los casos de desinformación identificados recientemente, son la falsa conexión de Edmundo González y Leopoldo Castillo con la CIA, la falsa atribución de la violencia postelectoral a las estructuras de oposición denominadas “Comanditos” y la omisión deliberada de la participación de presuntos grupos “Colectivos” violentos –de afiliación oficialista–, en la represión de la protesta del 28 de julio en la noche, que desencadenó muchos focos de violencia en el país.
Funcionarios de alto rango del oficialismo continuaron impulsando desinformación con el objetivo de deslegitimar de las actas electorales publicadas por la oposición. Por ejemplo, el ministro de comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, insistió en que las actas electorales “no tienen peso jurídico”, y que “solo se usaron para distraer”.
Además de Ñáñez, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, afirmó que el Proyecto AltaVista PVT «es un Consejo Nacional Electoral paralelo montado por la oposición con apoyo del gobierno de los Estados Unidos».
El ataque en contra de Altavista PVT es otro “hombre de paja” propagandístico que busca distraer la atención de la gran cantidad de estudios, investigaciones e iniciativas de periodismo de investigación y análisis de datos, mucho más recientes y exhaustivas, que hicieron uso de las 25.073 actas publicadas por la oposición en la página resultadosconvzla.com, y que ya son de dominio público.
Entre las iniciativas periodísticas reveladas recientemente, destaca un mapa interactivo desarrollado por LA NACION de Argentina, que utilizó la información contenida en las actas publicadas en línea por la oposición venezolana para geolocalizar miles de centros de votación en el país e identificar al candidato ganador en cada uno de ellos.
También persiste el intento de desacreditar la legitimidad de las actas electorales a través de otros bulos previamente desmentidos, como el bulo que asegura que el escaneo de los códigos QR de los documentos lleva a páginas web no relacionadas con el proceso electoral, desinformación desmentida en múltiples ocasiones, pero que sigue siendo usado por voceros del oficialismo, como el Fiscal General Tarek William Saab y el mencionado embajador Samuel Moncada.
Propaganda gubernamental aprovecha el exilio de Edmundo González Urrutia
La salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela se ha utilizado para impulsar otras narrativas falsas, como que “huyó” de la oposición, que “traicionó” a María Corina Machado y que “abandonó” la causa política que ella lidera “porque no quería más violencia”.
Estas narrativas no solo intentan minar su credibilidad y radicalizar las divisiones en el seno de la oposición, sino buscan también manipular la opinión pública nacional e internacional sobre las verdaderas razones de su salida del país, que fue producto de la persecución política y de la represión en Venezuela posterior a las presidenciales del 28 de julio.
Capitalizar el exilio de representantes de la oposición venezolana es una táctica regularmente usada por la propaganda gubernamental venezolana, tal como ocurrió luego del exilio de otros líderes políticos, como Juan Guaidó o Leopoldo López.
En el caso específico de González Urrutia, su salida hacia España repite estos patrones de persecución de líderes opositores por parte del oficialismo, que tiene como punta de lanza una orden de captura en su contra.
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