La desinformación de esta semana se usó para acusar al exiliado Edmundo González de traicionar a la oposición, promover alegaciones infundadas contra la embajada de Argentina y cuestionar la imparcialidad del fiscal de la CPI, Karim Khan
En la primera semana de septiembre, Venezuela ha sido escenario de varias campañas de desinformación que buscan influir en la opinión pública y desviar la atención de temas críticos. Entre las narrativas más destacadas se incluyen la presentación de la salida de Edmundo González Urrutia del país como una traición a la oposición; las acusaciones infundadas del gobierno contra la embajada de Argentina, vinculándola con actividades terroristas y los cuestionamientos sobre la presunta parcialidad del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, debido a supuestos vínculos familiares.
Estas tácticas de desinformación no solo distorsionan los hechos, sino que también buscan influir en la narrativa internacional sobre la situación en Venezuela.
Exilio de Edmundo González Urrutia
La noche del 7 de septiembre, Delcy Rodríguez anunció que el excandidato presidencial Edmundo González, tras permanecer bajo protección en la embajada de España en Venezuela, solicitó asilo político y salió del país. Hecho que confirmó María Corina Machado en su cuenta de X.
Desde entonces, el oficialismo ha intentado posicionar la narrativa de que González Urrutia no solo «huyó» del país, sino que traicionó a la oposición venezolana y la dejó en el caos. Se han difundido afirmaciones como que «Edmundo huyó de su secuestradora política, María Corina», y que lo empujaron al exilio a pesar de sus problemas de salud. Este tipo de desinformación busca minimizar el contexto de persecución y amenazas que llevaron a González Urrutia a abandonar Venezuela.
“Su vida corría peligro, y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”, María Corina Machado, 8 de septiembre 2024.
Acusaciones infundadas y tensión diplomática entre Venezuela, Argentina y Brasil
El gobierno venezolano acusó a la embajada de Argentina de ser utilizada para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Esta acusación –de la que no hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba–, ha sido utilizada como pretexto para justificar la decisión del gobierno, que el sábado 7 de septiembre revocó a Brasil la custodia de la embajada argentina que solicitó el 1 de agosto, cuando ocurrió la ruptura diplomática entre Argentina y Venezuela. Desde el 20 de marzo, seis miembros del equipo político de María Corina Machado se encuentran bajo resguardo en esa embajada, actualmente asediada por la fuerza armada venezolana.
Se trata de una decisión unilateral del gobierno venezolano, toda vez que el Gobierno de Brasil declaró que seguirá manteniendo la custodia y defensa de los intereses argentinos en Venezuela hasta que el gobierno argentino designe otro país que sea aceptable para el gobierno venezolano para asumir estas funciones. En este contexto, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha advertido al de Nicolás Maduro sobre la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas según el Derecho Internacional, ante la posibilidad de un asalto y detención de políticos asilados.
Este incidente se suma a las acusaciones infundadas previas de Nicolás Maduro en agosto, cuando señaló a Javier Milei de utilizar fondos de la Secretaría de Inteligencia de Argentina para financiar campañas de desinformación contra su régimen.
La presunta parcialidad de Karim Khan
Desinformantes recurrentes utilizan el hecho de que Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, fue una de las abogadas que formó parte del equipo de defensa de Venezuela, para acusar al fiscal de una presunta parcialidad hacia el gobierno y de ser responsable de retrasar el caso de Venezuela en la CPI.
La participación de la cuñada del fiscal Khan se hizo pública en 2023 y, de acuerdo con The Washington Post, desde la oficina del fiscal se emitió un comunicado precisando que no hubo objeciones por los involucrados en el proceso respecto a su rol.
La información publicada ha generado reacciones de fundaciones y organizaciones defensoras de Derechos Humanos que temen por la integridad e imparcialidad del proceso judicial contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, la vinculación de Alagendra no ha incidido en el proceso. En noviembre de 2023 el equipo defensor de Maduro presentó 6 apelaciones para que el caso por crímenes de lesa humanidad no continuara y en cada una de las ocasiones perdieron. Fue la misma Fiscalía quien determinó que las investigaciones — iniciadas el 3 de noviembre de 2021 — debían continuar.
Especialistas en el tema, como la abogada en Derechos Humanos y delegada venezolana de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés) ante la CPl, Tamara Suju, se manifestó sobre el hecho que ha captado la atención de los medios y la sociedad venezolana desde el 6 de septiembre, fecha en la que fue publicada la investigación de The Washington Post. En un video publicado en su cuenta en X, Suju recordó la defensa activa de la Fiscalía contra los argumentos del gobierno de Maduro y expresó: “¿a quién le conviene que esta noticia salga en este momento para dividir a los venezolanos cuando finalmente la comunidad internacional se ha unido en una sola voz para solicitar a la CPI la aprehensión de Nicolás Maduro?”.
Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en respaldo a la actuación del fiscal de la CPI frente a las dudas surgidas en su investigación a Nicolás Maduro y por considerar “inoportuna la tramitación de solicitudes sin fundamento o formuladas con ligereza que solamente perjudican los procedimientos que se llevan a cabo”.
Por su parte, la Fiscalía de la CPI también dio respuesta y ratificó que “La oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela”. De igual manera, confirmó que está analizando de manera “independiente e imparcial” la información sobre las denuncias de crímenes cometidos en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Esta no es la primera vez que propaganda y desinformación vinculada con el gobierno venezolano intenta deslegitimar la labor de la CPI y dividir la opinión pública en su contra.
En 2021, Cazadores de Fake News documentó una red de cuentas falsas en X (antes Twitter) que, haciéndose pasar por opositores venezolanos, expresaban desconfianza en la imparcialidad del fiscal general y mostraban frustración e indignación con el proceso llevado a cabo por la CPI.
Estas cuentas formaban parte de una red dedicada a la publicación de propaganda y desinformación encubierta a favor de candidatos oficialistas en las elecciones regionales de 2021, como Héctor Rodríguez y Carmen Meléndez, y también promovieron la aplicación VenApp, que fue utilizada en 2024 como una herramienta de delación digital contra opositores venezolanos que protestaron tras la proclamación de Nicolás Maduro por parte del CNE como presidente reelecto.
Desinformación oficialista desvió atención de la violencia de colectivos del 28J
La semana pasada, Cazadores de Fake News publicó una investigación sobre la violencia ocurrida el día de las elecciones presidenciales. El estudio demostró que se utilizó desinformación para desviar la atención de las miles de denuncias contra presuntos «colectivos» que intimidaron a los votantes en los centros de votación, trasladando de manera exagerada la culpa a los grupos de oposición que participaron en hechos violentos y eximiendo de responsabilidad a los grupos paramilitares vinculados con el oficialismo, quienes en ocasiones actuaron en coordinación con las fuerzas de seguridad.
Datos de la red social X y la herramienta Meltwater — tras el análisis de 1.237.522 publicaciones en X durante las 48 horas posteriores al 28 de julio a las 2:00 p. m — muestran que la atención se centró principalmente en las denuncias sobre presencia de “colectivos” violentos desde el 28 de julio, mientras que las denuncias sobre grupos opositores violentos fueron significativamente menores.
El 28 de julio, mientras la conversación en línea sobre las actas electorales ganaba relevancia, la desinformación oficialista intentó desviar la atención de las denuncias sobre violencia perpetrada por presuntos «colectivos» armados. La conversación en redes sociales rápidamente se centró en estos grupos intimidatorios, superando las discusiones sobre las actas electorales. A pesar de la proliferación de reportes sobre la violencia de grupos armados vinculados con el oficialismo, el gobierno intentó desviar la narrativa, acusando falsamente a grupos opositores de ser responsables de los disturbios y la violencia posterior.
La conversación sobre los colectivos continuó siendo predominante en las horas siguientes, a pesar de los intentos del gobierno de enfocar la atención en la oposición. Esto evidencia cómo la desinformación oficialista ha intentado ocultar el papel crucial de presuntos “colectivos” armados en los hechos de violencia.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
