El Estado intenta desviar la atención de las denuncias sobre tratos crueles a menores de edad encarcelados y víctimas fatales en el contexto postelectoral, al tiempo que circulan fotos falsas creadas con IA generativa de líderes opositores portando armas de guerra
Altos funcionarios del Estado venezolano niegan que haya niños detenidos por las protestas posteriores a las presidenciales del 28 de julio e intentan desviar la atención de las denuncias sobre tratos crueles a estos jóvenes, que causaron reacción en redes sociales tras la excarcelación de una menor de edad que confesó en una carta su intención de quitarse la vida, dejando al descubierto el estado de vulnerabilidad que tanto ella como otras personas de su edad atraviesan por estar privadas de su libertad.
Este negacionismo se traslada a las muertes de varias personas durante las manifestaciones. Al menos 25 de estos casos fueron calificadas de “falsos positivos” o simulaciones, mientras que, por el contrario, declaran “mártires” a otras 5 supuestamente asesinadas en estas protestas, y de las que acusa a la oposición como responsables, Sin embargo, en los informes de las ONG’s que han documentado lo ocurrido no hay información sobre estas muertes.
El riesgo de la construcción y propagación de narrativas desinformativas y deepfakes volvió a ser tema de conversación luego de que usuarios en X crearon fotos falsas de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado portando armas y en contextos bélicos ficticios, creadas con la herramienta de inteligencia artificial generativa de esa plataforma
Detenidos y en estado de vulnerabilidad: la realidad de algunos menores de edad luego del 28J
La excarcelación de una joven de 16 años detenida en las protestas posteriores a las elecciones presidenciales, y que confesó en una carta su intención de poner fin a su vida, es uno de los muchos casos de menores privados de libertad y en estado de vulnerabilidad en Venezuela desde el segundo semestre de 2024.
Al tratarse de menores de edad, el marco legal y el Estado venezolano deben garantizar sus derechos, cuyos familiares denuncian que estos han sido víctimas de tratos crueles y otras violaciones de derechos humanos. En respuesta, el gobierno intenta desviar la atención haciendo una distinción entre «adolescentes» y «niños» y así afirmar que no hay niños presos en Venezuela.
Independientemente de que el gobierno insista en diferencias a niños y a adolescentes, los menores de edad detenidos en el marco de las protestas postelectorales en Venezuela pertenecen a un segmento de la población altamente vulnerable a violaciones de derechos humanos, y por lo cual gozan de protección tanto por las leyes nacionales como las leyes internacionales.
Represión postelectoral y la criminalización de la oposición por protestas
Al menos 25 personas perdieron la vida a comienzos del pasado mes de agosto por las protestas registradas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, según denuncias de organismos de derechos humanos, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y “colectivos” armados.
Desde el gobierno hay un negacionismo al respecto. Un ejemplo de esto es el asesinato de Aníbal Romero Salazar, conocido como «Pimpina», calificado como un «falso positivo» y para lo cual se presentó un video con otra persona usurpando su identidad y diciendo que el caso fue una simulación de homicidio. En otros casos se ha llegado a decir que para simular los asesinatos se usó salsa de tomate (ketchup).
Pero también existe un doble discurso acerca del tema; el gobierno declaró “mártires” a cinco personas, entre ellas dos militares mujeres, supuestamente asesinadas en estas jornadas y de las cuales responsabiliza a la oposición venezolana. Sin embargo, entre los informes presentados por las ONG que han documentado las protestas postelectorales no hay datos que confirmen que estas muertes tengan vínculos políticos.
A pesar de lo declarado por el Estado, varias ONG, como Monitor de Víctimas, han revelado que 19 muertes podrían ser responsabilidad tanto de funcionarios de seguridad como de «colectivos», mientras que Human Rights Watch asegura tener pruebas creíbles que implican a las fuerzas de seguridad en varios asesinatos.
Herramienta de IA generativa de X con gran potencial para aumentar la desinformación y los deepfakes
Recientemente se difundieron fotos de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado portando armas de fuego y en contextos bélicos ficticios, creadas con Aurora —la herramienta de inteligencia artificial generativa de la red social X incorporada el pasado 7 de diciembre al chatbot Grok y retirada aproximadamente 24 horas después.
A pesar de que Aurora tiene restricciones para crear contenido con connotación sexual o violencia explícita, su capacidad para generar imágenes hiperrealistas de personalidades públicas reaviva el debate sobre el impacto en la difusión de desinformación y contenido de odio a través de deepfakes. Esta discusión ya se había planteado en 2023, cuando Elliot Higgins, investigador de Bellingcat, publicó imágenes falsas del supuesto arresto de Donald Trump, creadas con Midjourney, para advertir sobre los riesgos de estas herramientas sin una moderación adecuada. Este episodio llevó a Midjourney a ajustar sus políticas, restringiendo la creación de imágenes hiperrealistas de figuras públicas.
Una pausa hasta 2025
Con motivo de las festividades navideñas, la podcápsula informativa de Cazadores de Fake News tomará una pausa hasta el próximo 6 de enero de 2025, fecha en la que regresará para seguir en el combate a la desinformación.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
