Información recuperada a partir de documentos de inteligencia abandonados tras la caída del régimen sirio, detalla los patrones de detenciones arbitrarias, el uso sistemático de la tortura y la creación de una extensa red de delatores infiltrados en la sociedad
Archivos secretos recientemente descubiertos y pertenecientes a los archivos de los servicios de inteligencia de Siria, revelan la magnitud del aparato de vigilancia instaurado antes de la caída de Bashar al-Assad. La información contenida en los documentos describe cómo los organismos de seguridad se valían de informantes, espionaje telefónico y en línea para identificar y perseguir a cualquier persona percibida como amenaza, permitiendo reconstruir cómo el régimen infiltró a la oposición civil y a los movimientos rebeldes.
El diario británico The Sunday Times analizó durante dos días parte de este material, capturado tras la caída del régimen en diciembre de 2024, al acceder a cuatro cuarteles de inteligencia en la ciudad de Homs con ayuda de combatientes del grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), la organización que ejerce el gobierno de facto en el país –y que es considerada terrorista por Naciones Unidas y varios gobiernos, entre ellos los de Estados Unidos y Rusia–. Gracias a esta intervención, se recuperó una gran cantidad de archivos oficiales que los agentes de Assad habían abandonado o intentado destruir antes de huir. Los resultados de la investigación fueron publicados porThe Times, medio hermano de The Sunday Times, el pasado 28 de diciembre de 2024.
Testimonios de exdetenidos, registros de arrestos y comunicaciones internas sobre procesos de investigación de informantes bajo sospecha, demuestran cómo se utilizaban acusaciones infundadas y confesiones obtenidas bajo coacción para justificar acciones represivas. Las autoridades sirias acusaban sistemáticamente de “terrorismo” a los disidentes como pretexto para llevar a cabo detenciones arbitrarias, y se apoyaban en una extensa red de vigilancia e informantes donde amigos, vecinos y familiares se espiaban mutuamente, para obtener información de inteligencia.
Una simple sospecha podía bastar para que personas comunes —incluidos menores— acabaran en prisión, fueran torturadas o incluso ejecutadas y enterradas en fosas comunes.
Confesiones obtenidas bajo tortura que no pudieron ser quemadas
Cuando se hizo evidente que el régimen de Assad estaba a punto de caer, los oficiales de los servicios de seguridad e inteligencia intentaron destruir sus archivos y eliminar pruebas incriminatorias antes de retirarse, dejando algunas salas repletas de cenizas y residuos de documentos parcialmente quemados. Sin embargo, la prisa y el caos de la retirada impidieron que borraran todos los rastros. Varias salas con archivos secretos quedaron intactas, y decenas de miles de documentos permanecieron en el mismo estado en que fueron dejados el 7 de diciembre de 2024, cuando los rebeldes tomaron el control de Homs.
Uno de estos documentos rescatados, revisado por The Sunday Times, es el registro del caso de un padre de familia que trabajaba para una organización humanitaria en Homs y que fue acusado al intentar entregar provisiones médicas en una zona controlada por la oposición. Aunque sus labores eran estrictamente humanitarias, por tan solo intentar negociar el paso de los convoyes con los grupos rebeldes que custodiaban las carreteras, las autoridades lo acusaron de colaborar con el terrorismo y lo señalaron como parte de la insurgencia.
«[El acusado] está activo en las redes sociales, específicamente en Facebook, donde tiene una página bajo el nombre […]. Su página contiene publicaciones sectarias e inflamatorias contra el Estado, así como insultos hacia la dirigencia política», señala un informe escrito por un agente de inteligencia sobre el hombre vigilado. «A través de su trabajo con la [organización humanitaria], ingresa en zonas de conflicto durante los convoyes de ayuda al comunicarse con individuos armados activos en su página».
Finalmente, el hombre terminó en una de las temidas prisiones del régimen, donde fue detenido y asesinado, de acuerdo a la verificación de The Sunday Times.
Este caso es uno de los muchos ejemplos que contienen las páginas de los registros secretos, que describen cómo el gobierno de Assad extendía sus acusaciones de “terrorismo” incluso a civiles que no estaban vinculados a acciones armadas ni a conspiraciones políticas.
El crimen del que se acusaría a cualquier detenido pro-oposición podría ser agravado o reducido dependiendo de cuántos nombres de otros «terroristas» entregara a los interrogadores, según explicó un ex detenido que colaboró con The Sunday Times para analizar los documentos. Lo anterior explica por qué la mayoría de las transcripciones de interrogatorios que fueron analizados contenían nombres de presuntos colaboradores entregados por los detenidos. Sin embargo, no está claro cuántos de los numerosas acusaciones, confesiones y cargos detallados en los registros secretos corresponden a hechos reales y cuántos son el resultado de torturas, fabricaciones de informantes o manipulaciones de los propios interrogadores.
En una de las transcripciones, un ex combatiente rebelde proporcionó detalles que incluyen 70 nombres de rebeldes de su vecindario, así como sus edades y descripciones físicas (incluyendo la estatura), y la descripción de un intermediario –que incluía hasta el color de sus zapatillas– al que sobornó para incluir su nombre en una lista de ex combatientes opositores que se habían «reconciliado» con el régimen.
Al final del informe, el oficial añadió: «Después de usar métodos de persuasión e intimidación, [el sospechoso] confesó pertenecer a un grupo terrorista e insultar a la figura del presidente». Recomendó que el sospechoso fuera remitido al tribunal militar en Homs bajo cargos de pertenecer a grupos armados terroristas y colaborar con terroristas.
En el texto también se indicaba que las personas nombradas por el sospechoso durante su interrogatorio debían ser añadidas a la lista de «buscados».
Un niño detenido por romper la imagen del presidente
El régimen de Bashar al-Assad comenzó a infiltrar grupos de protesta y movimientos rebeldes desde el inicio de las manifestaciones de 2011, empleando la información obtenida para sustentar acusaciones de “terrorismo” contra cualquier persona que cuestionara la autoridad presidencial. Los documentos secretos analizados evidencian cómo incluso actos pacíficos y simples expresiones de descontento podían ser tratados como delitos terroristas.
Incluso muchos detenidos que fueron liberados después de haber sido interrogados, no estaban fuera de peligro. Los registros incluyen numerosas referencias a personas acusadas de “terrorismo” por participar en protestas y apoyar a la oposición, pero que fueron arrestadas años después o detenidas, liberadas y luego nuevamente arrestadas bajo el mismo cargo.
Entre los casos más perturbadores se encuentra el de un niño de 12 años detenido por romper accidentalmente un papel que contenía la imagen del presidente Assad. El caso aparecía en un libro manuscrito sobre personas detenidas por un cuerpo de inteligencia política en Homs. La transcripción del reporte del interrogatorio, dice:
«El [fecha], mientras [el acusado] estaba en su aula, se encontró una hoja de papel rasgada debajo de su escritorio. La hoja contenía una imagen del presidente. [El niño] luego la arrojó a la papelera. Posteriormente, su maestro fue informado. Él, a su vez, informó al supervisor educativo de [la escuela], quien notificó a la estación de policía».
El caso fue luego remitido al cuerpo de inteligencia política.
«El maestro [nombre] fue llevado a interrogatorio y confirmó que otros estudiantes en el aula le habían informado sobre la hoja rasgada. Cuando preguntó al [niño] al respecto, el [niño] afirmó que había rasgado la hoja sin darse cuenta de que contenía una imagen del presidente. El maestro nos confirmó que el estudiante es tranquilo con buenos modales y que nunca había mostrado un comportamiento negativo previamente. Realizamos una verificación de seguridad sobre los antecedentes de su familia y se determinó que no estaban involucrados en ninguna actividad relacionada con los eventos en curso en el país».
De acuerdo con el reporte, el niño le dijo a los interrogadores que no tenía malas intenciones ni había intentado ofender a nadie. Sin embargo, cuatro días después del incidente, y pese a que sus propios maestros confirmaron su conducta pacífica, el menor de edad fue llevado ante la justicia militar.
Al igual que otras víctimas, quedó expuesto a un sistema legal que justificaba las atrocidades –iincluso contra menores de edad– con el supuesto de proteger al país del “terrorismo” y la conspiración.
Una red de “pájaros” delatores
Entre los documentos secretos se encontraron reportes de vigilancia, que incluían información exhaustiva sobre las personas objetivo obtenida a través de intervenciones telefónicas, computadoras hackeadas y seguimiento presencial por parte de agentes. Los servicios de seguridad lograron recopilar detalles increíblemente precisos –y, a veces, exagerados– sobre las vidas de las personas vigiladas.
Entre los informes proporcionados por los informantes se encontraban datos tan minuciosos como la ubicación del taller donde la madre de un sospechoso llevaba su coche para reparaciones, la frecuencia con la que otro sospechoso visitaba a sus suegros o la cantidad de edificios residenciales que poseía un tercero.
La estructura de este aparato de control también descansaba sobre una extensa red de delatores e informantes reclutados entre familias, vecinos y compañeros de trabajo, a menudo obligados a espiarse mutuamente por dinero, poder, razones ideológicas o miedo a represalias. Algunos personas llamaban a estos delatores “pájaros”.
El régimen se servía de su red de “pájaros” para añadir nombres a su lista de “buscados”, lo que normalmente conducía a detenciones arbitrarias y, en ocasiones, a torturas. Los documentos revelan cómo operaban los informantes: algunos formaban parte del movimiento de protesta que comenzó en 2011, mientras que otros se infiltraron en los grupos rebeldes armados que proliferaron después.
En un memorando de 2016 dirigido al jefe de la rama de inteligencia política en Homs, un oficial detalla cómo una informante estaba espiando a uno de sus familiares.
El informe dice: “La informante ha proporcionado previamente varias informaciones que fueron investigadas y resultaron precisas. Nos informó de su incapacidad para visitar nuestra sucursal debido al temor de que el asunto fuera descubierto por su familia, lo que, según ella, pondría su vida en peligro”.
Algunos informantes ofrecieron sus servicios de forma voluntaria. Una mujer de clase media alta envió una nota a los servicios de inteligencia informando que tenía una fuente dentro del movimiento rebelde que le proporcionaba “información valiosa sobre los terroristas”.
Escribió: “Espero que mi trabajo sea bueno para el país y especialmente para el presidente”.
El fin del miedo y la censura de un régimen
Los registros secretos recuperados del régimen sirio podrían ser clave en futuros procesos judiciales contra figuras responsables de torturas, ejecuciones y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Funcionarios de HTS, y sus aliados políticos, han señalado su intención de usar estas pruebas para garantizar que los crímenes no queden impunes, consolidando un llamado a la justicia que trasciende fronteras y contextos.
De concretarse estos procesos, la documentación elaborada por los propios servicios de seguridad e inteligencia del régimen sirio podría convertirse en una herramienta determinante para desmantelar la maquinaria de terror que construyeron. Estos registros exponen tanto las estrategias de control y represión empleadas como la cadena de mando que permitió que el miedo y la censura se transformaran en armas del Estado.
Irónicamente, aquello que se creó para perpetuar el poder del régimen amenaza con ser la base para exigir rendición de cuentas, demostrando que ni el aparato más opresivo puede garantizar la impunidad.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
