Argentina y Venezuela han pedido a Interpol detener a los presidentes Maduro y Milei, pero las órdenes aún están en revisión. La solicitud contra Maduro se basa en violaciones de derechos humanos, mientras que la emitida por Venezuela contra Milei parece una retaliación política
El 23 de septiembre de 2024 tribunales de Venezuela y Argentina emitieron sendas órdenes de captura en contra los principales dirigentes de cada gobierno. Venezuela también solicitó la inclusión de los líderes argentinos en la lista roja de Interpol, lo que desató una nueva fase de la crisis diplomática entre ambas naciones, ahora en el marco de la justicia internacional.
La Justicia Federal de Argentina emitió una orden de detención internacional contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por violaciones a los derechos humanos desde 2014, lo que fue calificado por Venezuela como una represalia política. Paralelamente el Ministerio Público venezolano solicitó que el presidente argentino Javier Milei y otros funcionarios de su gobierno sean incluidos en la lista roja de Interpol por supuestos delitos vinculados a la incautación de un avión venezolano en 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández.
En Argentina, el proceso judicial que culminó en el pedido de captura internacional contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se inició en el 2023, durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Organizaciones como el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), la Fundación Clooney y el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentaron de manera independiente una denuncia penal contra Nicolas Maduro y otros miembros de su gobierno por violaciones de derechos humanos en Venezuela desde el 2014. No existen evidencias que vinculen al actual presidente argentino, Javier Milei, con una posible retaliación política en esta decisión judicial.
Inicialmente el caso no avanzó por falta de pruebas. Sin embargo, en agosto de 2024, las víctimas —en su mayoría refugiados venezolanos— junto a la Fiscalía argentina, presentaron un recurso de apelación con nuevas evidencias de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen venezolano ocurridas después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, reanudándose así el proceso judicial a pedido de las víctimas, sin aparentes injerencias del presidente Milei.
La orden de captura contra los líderes del régimen venezolano fue emitida por la Cámara Federal en lo Penal de Argentina con base a la jurisprudencia en materia de derechos humanos de este país, y en el principio de jurisdicción universal que permite actuar ante delitos de lesa humanidad, aunque se hayan cometido fuera de sus fronteras. La sentencia unifica todos los casos por violacion de derechos humanos en contra del régimen venezolano que estaban pendientes en la justicia argentina. La orden incluye responsabilidades de miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia venezolanos.
«Se ha demostrado que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, asesinato y persecución contra una parte de la población civil, al menos desde el año 2014 hasta la actualidad»,
Fallo de la Cámara Federal Penal Argentina, publicado en el diario La Nación.
Durante el inicio de este proceso, el régimen venezolano intentó desacreditar el caso, argumentando un supuesto conflicto de intereses por el vínculo entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y la Fundación Clooney, donde trabajó como asesor. Sin embargo, se aclaró que este vínculo finalizó en 2021 y que las actuales relaciones son propias de su cargo en la CPI, lo que no constituye un conflicto de intereses.
La orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, con fines de extradición a Argentina para prestar declaración indagatoria, fue formalizada ante Interpol el 25 de septiembre de 2024. Según los estatutos de esta organización policial, el pedido será revisado por los miembros de la Secretaría General de Interpol antes de proceder a distribuir la orden de captura a los países miembros. Al cierre de esta edición, no había mención de estas órdenes en la página web de Interpol.
Una orden de captura que sí parece tener tintes políticos
El 19 de septiembre de 2024, el Ministerio Público venezolano solicitó una orden de captura contra el presidente argentino, Javier Milei, y otros funcionarios de su gobierno por el supuesto «robo» de un avión venezolano-iraní de la empresa Emtrasur, retenido en Buenos Aires desde junio de 2022. El avión fue incautado por Estados Unidos en febrero de 2024, como conclusión del proceso iniciado en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.
El 23 de septiembre de 2024 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una orden de aprehensión «preventiva» en contra de tres altos funcionarios argentinos: el presidente, Javier Milei; su secretaria general, Karina Milei, y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A pesar de que la solicitud de arresto no tendría efecto fuera de Venezuela, se ordenó su detención acusándolos de siete delitos relacionados con el caso del avión de Emtrasur ocurrido en 2022, cuando Milei ni siquiera era candidato a la presidencia.
El 24 de septiembre de 2024 el Ministerio Público de Venezuela solicitó a la Interpol una “alerta roja” contra Milei y otros funcionarios de este gobierno, según informó el fiscal general, Tarek William Saab. De acuerdo a los estatutos de Interpol, una vez que las autoridades judiciales de un país solicitan la publicación de una notificación roja, que avisa a las policías de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, este pedido será analizado por los miembros de la Secretaría General de la organización.
“El Grupo Especializado en Notificaciones y Difusiones comprueba la situación de la persona en cuestión (por ejemplo, si es un activista político o un refugiado) y las circunstancias generales del caso (por ejemplo, si la solicitud de publicación de la notificación se presentó en el contexto de una situación de inestabilidad política en el país o de un conflicto entre países)”.
Fiscalía venezolana ha desinformado sobre alertas rojas de Interpol
En numerosos procesos legales, el Fiscal General de la República, Tarek Wiliam Saab, ha notificado públicamente cuando se solicita la alerta roja ante Interpol de alguna persona de interés para las fuerzas del orden venezolanas, sin embargo muchas de estas solicitudes no han sido atendidas, aunque en medios cercanos al gobierno se citaba a la Fiscalía para afirmar que las mismas ya habían sido emitidas, sin que hayan sido confirmadas por Interpol.
Casos como el de Leopoldo López, Antonio Ledezma y Juan Guaidó entre otros dan prueba de esta situación, sin embargo, en la actualidad 25 ciudadanos venezolanos tienen alerta roja de Interpol.
En la sección sobre el proceso de análisis de las solicitudes de la web de Interpol, se explica que existen medidas correctivas para los países que envíen de forma recurrente solicitudes de alerta que no sean conformes con la normativa de la Organización. Estas medidas incluyen una revisión más exhaustiva de las solicitudes o la suspensión parcial o total de los derechos de tratamiento de datos, incluido el derecho a presentar solicitudes.
Cabe destacar que ni Maduro ni Milei son los primeros líderes latinoamericanos en enfrentar una solicitud de detención ante Interpol. En 2020, Interpol rechazó en varias oportunidades una solicitud contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, por un caso de corrupción. Asimismo, en 2020, la organización también rechazó una solicitud contra el expresidente boliviano Evo Morales, quien fue acusado de delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y sedición durante las revueltas de 2019 que terminaron con su destitución.
La emisión de órdenes de captura mutuas entre Venezuela y Argentina marca una nueva fase de la crisis diplomática entre ambos países. Si bien la justicia argentina basa su acción en principios de jurisdicción universal y violaciones a los derechos humanos, la orden venezolana contra Milei y otros funcionarios sugiere motivaciones políticas, destacándose como una posible respuesta a la incautación del avión en el año 2022, ocurrida durante el gobierno de Alberto Fernández.
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