La CPI ha seguido avanzando en las investigaciones del caso Venezuela I, a pesar de que algunos han utilizado la solicitud de recusación contra el fiscal Karim Khan para cuestionar su imparcialidad. Aunque la solicitud es real, todavía no se prueba la existencia de un conflicto de intereses
ACTUALIZACIÓN 25/11/2024:
Para la fecha y a su solicitud vía correo electrónico, se corrigió el perfil profesional del señor José Vicente Carrasquero —firmante de la solicitud de recusación— a quien, por error, se le había atribuido erróneamente el cargo de ex rector del CNE confundiéndosele con Francisco Carrasquero, quien ocupó el cargo en el ente comicial entre agosto de 2003 y enero de 2005.
José Vicente Carrasquero, también nos hizo llegar el documento «Opiniones y preocupaciones de las víctimas sobre la solicitud de recusación del Fiscal» emitido por la Oficina del Asesor Público para las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) con el que actualizamos el caso.
El 8 de septiembre de 2024 la Fundación Arcadia — ONG reconocida por su trabajo en la lucha contra la corrupción y a favor de los Derechos Humanos en varios países de América Latina — introdujo ante la Corte Penal Internacional (CPI) un pedido formal de recusación contra el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien conduce las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2014 en Venezuela.
La solicitud surgió después de que el periódico estadounidense The Washington Post informó, el 6 de septiembre pasado, que la abogada Venkateswari Alagendra, de quien se dice es cuñada de Khan, forma parte del equipo que defiende a Maduro ante la CPI, lo que originó una polémica entre los diferentes actores políticos venezolanos ante un supuesto conflicto de intereses.
La CPI emitió un comunicado en el que aclara que la composición del equipo legal de Venezuela es de dominio público y que ninguna de las partes realizó objeciones en su momento. Asimismo se reitera que la investigación sobre Venezuela, iniciada en noviembre de 2021 por crímenes de lesa humanidad cometidos, al menos, desde el año 2014, se encuentra activa y en curso. Hasta el momento, Venezuela ha perdido todas las apelaciones.
Narrativas para desacreditar a la CPI y sembrar discordia
Voces cercanas al gobierno venezolano –y algunos voceros de la oposición– están alimentando la narrativa del supuesto conflicto de intereses, con el fin de desacreditar el trabajo del fiscal Karim Khan y la CPI.
“La oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela”.
Fiscalía de la CPI en comunicación enviada a la prensa, 10 de septiembre 2024
Sobre el pedido de recusación de la Fundación Arcadia, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretaría general, emitió el domingo 8 de septiembre de 2024 un comunicado en donde considera “inoportuna la tramitación de solicitudes sin fundamento o formuladas con ligereza que solamente perjudican los procedimientos que se llevan a cabo” y expresó que continuará sus esfuerzos para que haya justicia para las víctimas y familiares de las víctimas en la CPI.
¿Quiénes están detrás de la Fundación Arcadia y cuáles son sus argumentos?
Arcadia es una organización sin fines de lucro, que según se define está dedicada a promover la democracia y combatir la corrupción en los gobiernos a nivel mundial. Es reconocida por sus esfuerzos en la promoción de la democracia en Honduras, Colombia, Venezuela, Uganda y Estados Unidos. Está liderada por Robert Carmona-Borjas, abogado y profesor venezolano reconocido por promover temas de gobernabilidad, defensa de los derechos humanos, democracia y lucha en contra de la corrupción.
La petición firmada por Carmona-Borjas y José Vicente Carrasquero, director de Estrategias de Resolución de Conflictos, argumenta “un conflicto de interés grave que compromete la imparcialidad del Fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, con implicaciones profundas para la credibilidad de la CPI”, generado preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal, como lo estipula el Estatuto de Roma, documento rector de la Corte Penal Internacional.
Asimismo solicita las siguientes medidas:
- Recusación inmediata del fiscal Karim Khan y su apartamiento de todas las actuaciones relacionadas con el caso Venezuela I.
- Nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses.
- Investigación sobre violaciones éticas de la CPI para determinar si la no divulgación del conflicto de intereses por el Fiscal constituye una violación de sus obligaciones éticas y del Código de Conducta de la CPI.
- Declaración pública del Tribunal que aborde el conflicto de intereses y describa las medidas adoptadas para preservar la integridad del proceso con el fin de restaurar la confianza pública en su imparcialidad.
Hitos del proceso de investigación de la CPI sobre Venezuela
La investigación de la CPI en el caso Venezuela I está compuesta por seis etapas, que van desde la evaluación preliminar hasta la reparación de las víctimas. Actualmente está en la fase de recolección de pruebas e identificación de responsabilidades.
El gobierno venezolano ha presentado varios recursos judiciales para detener o retrasar la investigación pero, hasta el momento, todos han sido rechazados.
En febrero de 2020, el juez presidente de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó los argumentos de Venezuela sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad derivados de las sanciones de Estados Unidos, lo que dio pie a la apertura del caso “Venezuela II”. Posteriormente, en mayo de 2021, la fiscalía de la CPI desestimó los alegatos del gobierno de Nicolás Maduro sobre una supuesta parcialidad política en el proceso relacionado con el caso “Venezuela I”, concluyendo que había suficientes motivos para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad desde 2017.
A lo largo de 2022 y 2023, la CPI rechazó varios intentos del gobierno venezolano de suspender o detener la investigación, reafirmando que el sistema de justicia nacional no estaba actuando adecuadamente. En mayo de 2023, la corte autorizó al fiscal de la CPI a continuar la investigación, y en julio de ese año, la Sala de Apelaciones ratificó la decisión de seguir adelante con el proceso.
En marzo de 2024, la Sala de Cuestiones preliminares de la CPI rechazó el recurso de apelación interpuesto por Venezuela y desestimó las denuncias planteadas. Luego, se confirmó que el Fiscal de la CPI está habilitado para continuar su investigación en la situación Venezuela I, sin que exista ningún otro recurso u objeción que pueda plantear el Estado.
Desde la apertura del caso, la CPI ha continuado con la investigación a pesar de los intentos del gobierno venezolano de desacreditar la labor de la Fiscalía. La última decisión, en marzo de 2024, reafirmó la autorización para que el fiscal continúe con su trabajo sin nuevas objeciones por parte del Estado.
La narrativa en torno a la recusación del fiscal Karim Khan podría potencialmente retrasar la investigación, ya que implicaría la necesidad de nombrar un nuevo fiscal y podría dar lugar a nuevas alegaciones que dilatarían aún más el proceso.
Actualización al 26/11/2024: La Oficina del Asesor Público para las Víctimas de la CPI se pronuncia
El 22 de noviembre de 2024, la Oficina del Asesor Público para las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) presentó el documento «Opiniones y preocupaciones de las víctimas sobre la solicitud de recusación del Fiscal» ante la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI). En el documento firmado por la consejera principal de la OPCV, Paolina Massidda, se exponen las preocupaciones de las víctimas en relación con la solicitud de recusación del fiscal Karim Khan en el caso Venezuela I, destacando que las víctimas tienen derecho a un proceso expedito, imparcial y justo, y solicitando que cualquier medida tomada en torno a la recusación no afecte el desarrollo de las investigaciones.
El documento recoge las perspectivas y temores de las víctimas sobre cómo la solicitud de recusación podría influir en sus derechos fundamentales y busca ser un insumo para que los jueces valoren el impacto de la solicitud en el proceso judicial. Las conclusiones enfatizan que un potencial conflicto de intereses del fiscal podría dañar la confianza en la CPI, pero también que cualquier retraso derivado de la recusación sería perjudicial para las víctimas, quienes ya han esperado demasiado tiempo para obtener justicia.
Si se aceptara la recusación, el caso Venezuela I podría enfrentarse a nuevos retrasos debido a la necesidad de nombrar un fiscal alternativo o implementar un mecanismo de supervisión. Para las víctimas, esto representa un riesgo significativo de postergar aún más el acceso a la verdad, justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad documentados en el país. Al mismo tiempo, el escrito insiste en que cualquier decisión debe garantizar la continuidad de las investigaciones para evitar que el caso quede paralizado.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
