La disputa electoral de 2024 evidenció un uso extremo de la desinformación, el discurso de odio y las manipulaciones en línea, prácticas que superaron episodios de años anteriores. Las evidencias de estas tácticas, halladas en fuentes abiertas, muestran cómo se intentó moldear la percepción pública, manipular datos electorales y hostigar voces críticas
En 2024, la desinformación venezolana no solo involucró la difusión masiva de contenido falso y engañoso en el contexto electoral, sino que evolucionó hacia el hostigamiento directo a los mismos objetivos de esa desinformación. Tras las elecciones del 28 de julio, hubo campañas coordinadas para atemorizar a quienes defendieron la victoria del candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, combinando ataques virtuales con acciones represivas en el terreno.
Esta fase poselectoral incluyó el uso de redes sociales para difundir información falsa sobre la supuesta violencia opositora, generando un relato que culpaba a los ‘Comanditos’ opositores, mientras invisibilizaba la participación de fuerzas policiales y supuestos ‘Colectivos’. Paralelamente, el ecosistema de propaganda oficial hizo uso de desinformación para negar muertes de personas que se encontraban manifestando en las calles, detenciones arbitrarias –incluso de menores de edad– y las violaciones de derechos humanos, tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura denunciados por múltiples observadores de derechos humanos nacionales e internacionales.
Cuentas coordinadas: El Batallón 3.0 y la pizarra falsa de María Corina Machado
En junio de este año se difundió un video manipulado que atribuía a María Corina Machado declaraciones sobre la privatización de bienes estatales, la eliminación de componentes militares y cuerpos de seguridad y de inteligencia, como parte de una estrategia de desinformación electoral. El video manipulado fue publicado por primera vez por cuentas vinculadas con la campaña electoral de Nicolás Maduro, pero eventualmente fue amplificado coordinadamente en redes sociales. Con el video manipulado se intentó desacreditar a la líder opositora reforzando narrativas falsas sobre sus intenciones de ganar las elecciones presidenciales.
La grabación original de un encuentro realizado el 15 de junio fue alterada usando edición digital, mediante una técnica similar al uso de pantalla verde o “croma”. En el video manipulado, se añadieron palabras que indican privatizar políticas sociales y empresas del Estado, así como eliminar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en una pizarra que originalmente estaba en blanco.
La desinformación fue compartida por cuentas oficiales y principales de la FANB y amplificada coordinadamente por el «Batallón Sucre 3.0», una red con miles cuentas militares –operando de forma abierta y encubierta– que forman parte de una operación de información (OPINFO) militar venezolana promovida por la FANB. Esta operación utiliza redes sociales para amplificar mensajes favorables a la FANB y al ejecutivo nacional, con el objetivo de posicionar narrativas favorables y “combatir” lo que desde el gobierno nacional se interpreta como una “guerra cognitiva” desplegada en redes sociales por sus adversarios. A pesar de su alcance, sus actividades han pasado inadvertidas para los sistemas de control de manipulación de plataformas como X, evidenciando lagunas en la regulación digital.
Entre las cuentas oficiales involucradas en la difusión de este bulo se encuentran las de Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la FANB; el Ejército Bolivariano; la Milicia Bolivariana; y la televisora oficial TVFANB. El trabajo sincronizado de las cuentas logró más de 16.000 retweets y cerca de medio millón de visualizaciones.
La participación de altos voceros militares y cuentas oficiales otorgó a la desinformación una apariencia de legitimidad dentro del ámbito militar, aprovechando la falacia de autoridad, donde el prestigio institucional lleva a los usuarios a asumir como ciertas las afirmaciones sin cuestionarlas.
Uso de cuentas falsas y lavado de información
Durante la campaña electoral de 2024, se descubrió una red de cuentas falsas, que manipularon coordinadamente la conversación en línea e intentaron desacreditar a los “Comanditos”, el grupo de movilización política asociado al Comando Con Venezuela, liderado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Las cuentas de la red, que difundieron desinformación y propaganda encubierta desde 2023, inicialmente se hicieron pasar por opositores, razón por la que se le identificó como la red de los “Falsos Comanditos”.
Entre los primeros contenidos difundidos por los “Falsos Comanditos” estuvo la difusión de un ejemplo malintencionado sobre cómo llenar la boleta de votación en las primarias opositoras de 2023, indicando incorrectamente que debía «rellenarse el óvalo» en lugar de marcarlo con una «X» .
Estas mismas cuentas participaron en la diseminación de un enlace falso de inscripción a los “Comanditos” –una operación de phishing– para capturar datos personales y sembrar desconfianza en la organización opositora. A lo largo del año, estas cuentas difundieron una serie de desinformaciones que fueron desmontadas sistemáticamente por verificadores como Cazadores de Fake News. Sin embargo, tras las elecciones del 28 de julio, varias de estas cuentas abandonaron su falsa identidad opositora y se transformaron en el «TeamCazaGuarimberos». Bajo esta nueva identidad, comenzaron a participar en una campaña de delación masiva de manifestantes opositores, promovida desde el oficialismo, compartiendo enlaces a grupos de Telegram que funcionaban como canales de delaciones y, simultáneamente, participando en la campaña de doxxing de manifestantes, compartiendo información personal de varias personas en la red social X.
En julio de 2024, poco antes del día de las elecciones presidenciales, se denunció la existencia de otro grupo de cuentas falsas distintas, cuando publicaciones de al menos cuatro de ellas fueron presentadas en rueda de prensa por Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña de Nicolás Maduro.
Rodríguez mostró tweets publicados por estas cuentas –supuestamente manejadas por opositores–,habían publicado mensajes violentos, incluso, amenazando con «quemar chavistas» si Edmundo González Urrutia ganaba. Sin embargo, algunas de las cuentas presentadas no sólo eran falsas, sino que formaban parte de una red que estaba siendo monitoreada por Cazadores de Fake News desde principios de año, y cuyas cuentas que la conformaban habían estado publicando comentarios positivos a publicaciones en X del ministro de Comunicaciones Freddy Ñáñez. Es decir, formaban parte de una red de cuentas trolls publicando tweets positivos de forma encubierta y algunas de ellas fueron usadas como cuentas de opositores, promoviendo discurso de odio en contra del chavismo, para validar el discurso de Rodríguez.
Las cuentas estaban caracterizadas por patrones similares (creación reciente, baja actividad y contenido coordinado), fueron utilizadas estratégicamente, en plena campaña electoral, para validar una narrativa desinformadora que buscaba presentar a la oposición como violenta y peligrosa para los militantes oficialistas.
La transición de los «falsos Comanditos» hacia el «TeamCazaGuarimberos» y la participación de cuentas trolls en la narrativa oficialista son ejemplos claros de cómo el oficialismo usó redes de cuentas falsas para manipular la conversación pública, infundir miedo y justificar acciones represivas contra la oposición y los ciudadanos.
Las mentiras sobre las actas que mostró la oposición
Tras el 28 de julio, la oposición publicó miles de actas electorales para demostrar su triunfo, copias escaneadas en alta resolución, accesibles desde plataformas como resultadosconvzla.com y otras plataformas puestas en línea de forma colaborativa. Sin embargo, el oficialismo intentó desacreditarlas con afirmaciones infundadas, señalando falsificaciones que nunca pudo demostrar y un grupo de inconsistencias o errores presente en un porcentaje muy pequeño de las actas.
Verificadores venezolanos e internacionales examinaron esos alegatos. Medios extranjeros y coaliciones periodísticas confirmaron la autenticidad del material. No hubo indicios de fraude masivo. La narrativa gubernamental buscó confundir a través de la difusión de desinformación técnica sobre las actas, narrativas de criminalización, distorsión de datos, descontextualización de declaraciones, creación de escenarios improbables, y uso de datos de fallecidos, pero fracasó ante la abrumadora evidencia. Al final, las acusaciones no superaron el rigor de las comprobaciones independientes.
En la actualidad, más de 25.000 actas están disponibles en la plataforma Pinpoint de Google Journalist Studio, facilitando búsquedas rápidas y específicas por palabras clave en alta resolución. Esta herramienta, accesible para cualquier usuario, permite analizar datos como estados, centros de votación y resultados, fortaleciendo la capacidad de verificación independiente y refutando los argumentos del oficialismo sobre la presunta falsificación de actas. La publicación en la plataforma Pinpoint de las actas, impulsada por CONNECTAS y la coalición de medios y organizaciones venezolanas La Hora de Venezuela, es un paso clave hacia la transparencia y la fiscalización ciudadana del proceso electoral.
Negar los hechos, desviar la atención y ofuscar la realidad
Casi inmediatamente después de las presidenciales también se desató una campaña de persecución digital y doxxing dirigida contra opositores al régimen de Nicolás Maduro. A través de plataformas como Telegram, canales vinculados al oficialismo, como @CazaGuarimbas y @SeBuscan, difundieron información personal de manifestantes, líderes políticos, periodistas y ciudadanos, señalándolos como “terroristas” o “guarimberos”. Estas acciones, coordinadas con organismos estatales como la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), un órgano del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), fueron amplificadas en redes sociales como TikTok, X, y Facebook, y formaron parte de la “Operación Tun Tun”, una estrategia represiva que combina el doxing con detenciones arbitrarias.
El alcance de esta campaña quedó evidenciado en las más de 1.800 detenciones documentadas por organizaciones como Foro Penal hasta finales de octubre. Las publicaciones incluían fotografías, nombres, direcciones y acusaciones sin pruebas contra las víctimas, muchas de las cuales eran jóvenes o incluso menores de edad. Paralelamente, la narrativa oficial promovió la delación ciudadana mediante aplicaciones como CC200 –la aplicación de organización electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)– y VenApp, mientras plataformas como Telegram funcionaron como núcleos para centralizar denuncias y coordinar la persecución digital.
En redes sociales, esta campaña adquirió elementos visuales aterradores con videos editados que evocaban películas de terror y lenguaje deshumanizante para estigmatizar a los opositores. Si bien hubo esfuerzos ciudadanos para denunciar y retirar contenido intimidante, la maquinaria propagandística oficial continuó operando en múltiples plataformas, consolidando un entorno de miedo y represión.
Con estas tácticas no solo se intentó silenciar a los disidentes, sino también sofocar cualquier intento de protesta y disuadir la participación política en el país.
El saldo de las protestas y las mentiras para minimizar los hechos
La represión durante las protestas postelectorales dejó un saldo de al menos 25 personas asesinadas en un contexto de represión sistemática por parte de fuerzas de seguridad y «Colectivos» armados. Sin embargo, el gobierno ha sostenido una narrativa negacionista para minimizar las denuncias de violaciones de derechos humanos y desviar la atención de las pruebas que señalan su responsabilidad. A través de afirmaciones infundadas, tergiversaciones y desinformación, altos voceros oficialistas han intentado desacreditar los hechos documentados por organismos nacionales e internacionales.
Uno de los principales recursos del negacionismo gubernamental ha sido la narrativa de que las protestas fueron impulsadas por sectores “fascistas” que buscaron generar violencia como parte de un plan insurreccional. Voceros como el fiscal general, Tarek William Saab, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, han insistido en que los “Comanditos” opositores son responsables de los hechos violentos y las muertes. Sin embargo, estas acusaciones carecen de evidencias sólidas y contradicen los registros de organizaciones independientes, que señalan que al menos 24 víctimas sucumbieron por heridas de armas de fuego disparadas, presuntamente, por fuerzas del Estado y “Colectivos”.
En su intento de desacreditar las denuncias, el fiscal Saab llegó a afirmar públicamente que en los hechos de violencia se utilizó “salsa de tomate” para simular heridas y fabricar escenarios falsos de represión. Este argumento, ampliamente difundido por cuentas oficiales en redes sociales, busca deslegitimar las pruebas visuales presentadas por testigos y activistas. Sin embargo, investigaciones de organizaciones como Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento y Human Rights Watch han corroborado mediante análisis forenses que las víctimas fallecieron por heridas de bala, muchas de ellas en el pecho, cuello y cráneo, zonas que denotan intencionalidad letal.
La expresión máxima del negacionismo en el discurso oficial se evidenció en el caso de Aníbal Romero Salazar, conocido como “Pimpina”, asesinado durante las protestas en Carapita, Caracas. El gobierno intentó desvirtuar su muerte al presentar a otro joven en una rueda de prensa como si se tratara de “Pimpina”, alegando que todo había sido un montaje de la oposición. Sin embargo, investigaciones periodísticas y testimonios de familiares confirmaron que Romero Salazar fue asesinado durante la represión, siendo los presuntos responsables funcionarios de la Dirección de Acciones Tácticas y Estratégicas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana. El caso de Romero Salazar forma parte de un patrón de violencia estatal sistemáticamente negado por el oficialismo.
Esta narrativa de negación también incluye la invisibilización de víctimas. A pesar de la documentación exhaustiva de organizaciones como Monitor de Víctimas, que ha identificado la causa y contexto de cada muerte, el gobierno omite sistemáticamente los asesinatos en los que participaron fuerzas de seguridad o “Colectivos”. Por el contrario, se enfoca en destacar muertes atribuidas a la oposición, muchas de las cuales no están relacionadas directamente con las manifestaciones, como el caso de un accidente de moto que fue presentado como un acto de violencia política.
Además de negar la represión, el gobierno ha utilizado estrategias de criminalización contra los manifestantes. Al etiquetarlos como “fascistas” y “terroristas”, intentando justificar el uso desproporcionado de la fuerza y desviar las denuncias de crímenes de lesa humanidad documentados por la Misión de Verificación de Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas entidades han exigido investigaciones independientes y responsabilización de los autores de la violencia, subrayando la participación de fuerzas estatales y grupos civiles armados en los hechos.
Pronto la narrativa negacionista evolucionó para criminalizar a la oposición, señalando que las víctimas fueron asesinadas por los “Comanditos” por ser chavistas.
Mientras el gobierno persiste en su narrativa negacionista, las evidencias y registros independientes confirman un patrón de represión y desinformación diseñado para desarticular la legitimidad de las demandas ciudadanas y silenciar las denuncias internacionales. La estrategia de negar las muertes, desacreditar pruebas y criminalizar a los manifestantes no solo busca encubrir los crímenes cometidos, sino perpetuar un clima de impunidad y control social que atenta contra los derechos fundamentales en Venezuela.
“Influencers” para posicionar narrativas
El uso de “influencers” y creadores de contenido se ha convertido en una herramienta central de la propaganda y la desinformación en Venezuela. Una estrategia notablemente visible ha sido la creación de cuentas en TikTok por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde mediante videos aparentemente espontáneos promueven narrativas progubernamentales. El uso de supuestos voceros aparentemente no conectados con el oficialismo se había documentado también durante la campaña presidencial, con la aparición de publicaciones de falsas encuestadoras que surgieron antes de las elecciones presidenciales de 2024, prediciendo un resultado favorable para Nicolás Maduro. Este patrón denota una táctica clara: presentar voceros aparentemente independientes, publicando encuestas, opiniones, testimonios y videos verticales para respaldar de forma encubierta discursos oficiales.,.
En el caso de publicaciones por creadores de contenido supuestamente independientes, los ejemplos más notables incluyen al creador de contenido argentino Diego Omar Suárez, conocido como «Michelo 2.0». Invitado por Jorge Rodríguez a la Asamblea Nacional, Michelo se ha posicionado como un promotor clave de la narrativa oficialista, reforzando mensajes que presentan a la oposición como violenta y Venezuela como un país en paz. Su visita a Caracas incluyó videos manipulados en los que negaba la crisis económica y destacaba supuestos logros gubernamentales. Sin embargo, lo más polémico fue su recorrido por El Helicoide, un complejo penitenciario señalado por múltiples organismos internacionales como un centro de tortura.
En su video sobre El Helicoide, Michelo intentó blanquear la imagen de este lugar, conocido por graves denuncias de violaciones de derechos humanos. Presentó las instalaciones como funcionales y destacó áreas comunes como lockers, salas médicas y espacios de ejercicio, afirmando no haber encontrado evidencia de tortura. Además, calificó las denuncias internacionales como exageradas y politizadas, cuestionando la percepción mediática del lugar. Con esta narrativa se intentó minimizar el testimonio de víctimas y contradecir informes de organizaciones como Human Rights Watch y la ONU, que han documentado prácticas de tortura en el Helicoide.
El caso de Michelo refleja cómo el gobierno de Nicolás Maduro utiliza a influencers y creadores de contenido para fortalecer su propaganda. Estos actores no solo desinforman al minimizar problemas estructurales, sino que también contribuyen a reforzar la legitimidad del régimen ante audiencias internacionales. Con su negación de realidades ampliamente documentadas, propagandistas en redes sociales similares se convierten en piezas clave de una estrategia de manipulación digital que combina entretenimiento y propaganda para distorsionar los hechos con contenidos publicados en plataformas como Instagram y TikTok, que usualmente son rápidamente reproducidos en canales de propaganda oficialista en radio y televisión abierta.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
