El informe Freedom on the Net 2024 revela que en Venezuela se impone censura, bloqueos de portales web, interrupciones de internet y vigilancia a las actividades en línea a los ciudadanos
El informe Freedom on the Net 2024 de Freedom House, publicado este miércoles 16 de octubre, señala que la libertad en Internet en Venezuela sigue estando muy restringida, una situación que durante el periodo de análisis —del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024— se agravó por la crisis sociopolítica del país. Las políticas del gobierno venezolano junto a las operaciones de influencia, la desinformación progubernamental y los bloqueos de medios de comunicación independientes son factores que exacerbaron la brecha digital ya existente.
Para efectos de la evaluación, Freedom House utiliza una escala de 100 puntos, donde 100 representa la máxima libertad en Internet y 0 la mínima. Con una puntuación de 30, Venezuela se encuentra en la categoría “No Libre” y ocupa una de las posiciones más bajas en la región de las Américas, solo por encima de Cuba.
Esta categorización implica que los venezolanos tienen menos posibilidades de acceder a información libre y sin censura, indicativo propio de un contexto represivo que violenta los derechos digitales.
De acuerdo con Freedom on the Net 2024, el acceso a Internet en Venezuela presenta una serie de desafíos que se manifiestan de manera distinta según el contexto geográfico y económico. La desigualdad económica, el control gubernamental, una infraestructura de telecomunicaciones fallida y los recurrentes cortes de energía eléctrica impiden que la mayoría de la población pueda acceder a servicios de calidad, generando un impacto profundo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El gobierno de Maduro ha reforzado el aparato de control digital que combina la censura, la vigilancia masiva y la represión como consecuencia para sofocar cualquier forma de crítica en línea. Las leyes restrictivas, las detenciones arbitrarias, los ciberataques y el espionaje digital han creado un entorno donde la libertad de expresión y la privacidad están seriamente comprometidas.
Dominio gubernamental
Freedom on the Net destaca el control gubernamental sobre el sistema de telecomunicaciones, lo que plantea preocupaciones en el acceso equitativo a la información y la libertad de expresión en Venezuela. A través de CANTV y CONATEL, no solo tiene el control técnico sobre gran parte de la infraestructura, sino que también ha mantenido conversaciones para implementar un punto de intercambio de Internet (IXP) bajo su administración, esto podría intensificar la vigilancia del tráfico en línea y censura digital en el país. Estas medidas limitan la capacidad de los ciudadanos para acceder a información independiente y expresar sus opiniones sin temor a represalias.
Durante el período de cobertura, el gobierno de Maduro aumentó drásticamente la censura y el bloqueo de medios digitales y plataformas en línea. Estas restricciones no se limitaron a medios de comunicación independientes nacionales e internacionales, las autoridades venezolanas también bloquearon sitios relacionados con la movilización sindical y el monitoreo económico, impidiendo a los ciudadanos acceder a información confiable y necesaria para la toma de decisiones informadas.
Además, el informe indica que estas medidas se intensificaron durante eventos políticos clave como, por ejemplo, las elecciones primarias de la oposición en 2023, con el bloqueo de herramientas que permitían a los votantes buscar sus centros de votación. Este uso estratégico del bloqueo durante eventos cruciales evidencia los esfuerzos del gobierno por controlar y manipular el acceso a la información electoral, socavando la transparencia y legitimidad del proceso democrático.
Aparataje de influencia y desinformación
En paralelo, Freedom on the Net 2024 registra que el gobierno ha recurrido a tácticas de desinformación sofisticadas, utilizando inteligencia artificial (IA) para generar contenido manipulado como videos falsos que desacreditaban a líderes opositores como María Corina Machado, acusándola de promover la violencia. A través de campañas coordinadas en redes sociales y trolls progubernamentales, se inundan las plataformas con narrativas que buscan invalidar a la oposición. Esta maquinaria de desinformación progubernamental utiliza tanto medios tradicionales como digitales para construir una narrativa falsa y erosionar la confianza en la oposición.
La propaganda progubernamental está respaldada por una estructura coordinada que incluye plataformas digitales que funcionan como vehículos de desinformación. Además, el Sistema Patria y la aplicación VenApp no solo facilitan el acceso a beneficios gubernamentales, sino que también son herramientas de control social y movilización política.
El marco legal represivo también ha sido fundamental dentro de la maquinaria informativa del gobierno en tanto leyes —como la Ley contra el Odio— permiten a las autoridades castigar a los ciudadanos por expresiones en línea, mientras que propuestas como la Ley del Ciberespacio buscarían incrementar aún más el control sobre las redes sociales. Estas normativas han fomentado un clima de autocensura entre periodistas, activistas y ciudadanos comunes, que temen represalias legales o incluso detenciones arbitrarias por expresar críticas al gobierno o compartir contenido políticamente sensible.
A pesar de estos esfuerzos de censura y desinformación, los medios independientes y los activistas continúan buscando formas de eludir estas restricciones. El uso de VPNs, mensajería instantánea y boletines electrónicos se ha vuelto clave para distribuir información. Sin embargo, la creciente sofisticación de los bloqueos y las limitaciones tecnológicas impiden que gran parte de la población acceda a contenido no censurado, lo que agrava la crisis informativa y deja a los ciudadanos expuestos a una propaganda estatal omnipresente y una narrativa cada vez más distorsionada de la realidad.
Actividad en línea y comunicaciones en vigilancia
Como una forma de control, intimidación y criminalización de las actividades de los usuarios en línea, el gobierno de Venezuela ha implementado una serie de medidas que violan los derechos digitales y la privacidad de los ciudadanos. La Ley contra el Odio, la Ley Resorte y la propuesta de Ley contra el Fascismo, de redacción vaga, son aplicadas para imponer sanciones severas, incluida la prisión, por publicaciones consideradas como incitación al odio o alteración del orden público. Esto coloca a los usuarios en una posición vulnerable, donde sus derechos a la libertad de expresión y a la participación política son restringidos arbitrariamente.
La vigilancia masiva es otro mecanismo de violación de derechos. El régimen ha implementado programas como el Sistema Patria para realizar recopilación masiva de datos, facilitada por tecnologías extranjeras como las proporcionadas por ZTE y Cellebrite, y la cooperación de proveedores como Movistar, permite al gobierno interceptar y espiar comunicaciones sin el consentimiento de los usuarios, violando gravemente su derecho a la privacidad. Además, se ha obligado a las empresas de telecomunicaciones a retener datos personales, como ubicaciones y detalles de llamadas y mensajes, sin la necesidad de órdenes judiciales.
La falta de protección de datos personales es otra violación clave. Aunque la Constitución menciona principios de protección de la privacidad, no existen leyes dedicadas que regulen adecuadamente el manejo de la información personal por parte del Estado. Esto deja a los ciudadanos sin protección frente al uso indebido de sus datos, especialmente en el contexto del Sistema Patria y la VenApp, que recogen información sensible y permiten un uso invasivo de los dispositivos personales de los usuarios.
Estas prácticas generan un clima de autocensura, donde los usuarios temen consecuencias legales o represalias físicas por sus actividades en línea, incluso cuando no están involucrados en acciones explícitamente políticas.
En conjunto, estas acciones constituyen violaciones sistemáticas de los derechos digitales y la privacidad de los usuarios en Venezuela, quienes se ven expuestos a un entorno de vigilancia masiva, censura arbitraria y represión por parte del Estado, sin mecanismos efectivos de protección o recurso legal. Los resultados del informe apuntan a que si no hay un cambio a nivel estructural en las políticas de telecomunicaciones, la brecha digital en Venezuela continuará creciendo, dejando a muchos ciudadanos sin acceso a un derecho fundamental en la era moderna.
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