Las violaciones a los derechos fundamentales por parte del Estado venezolano hacia sus ciudadanos, en especial el derecho a la identidad, expone tanto a los que emigran como a los que se quedan a grupos de estafa a través de redes sociales que comercian documentos, muchos de estos fraudulentos. Aquí les contamos los riesgos y costos (siempre en dólares) de esta búsqueda digital
Por Paula Andrea Jiménez
El derecho a la identidad es uno de los tantos derechos vulnerados por el Estado venezolano a sus ciudadanos, pese a estar contemplado en el artículo 56 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Una transgresión que impacta a quienes se enfrentan cada día al exceso de burocracia de la administración pública en todo el territorio nacional y que impacta con más fuerza al éxodo, que ya alcanza los 7,13 millones de migrantes y refugiados venezolanos por todo el mundo, según la plataforma R4V de Naciones Unidos, como producto de la emergencia humanitaria compleja que golpea a la nación.
A su vez, la guerra de obstáculos de la diáspora es especialmente ardua por la ausencia de sedes consulares en los países de acogida, los costos dolarizados y la exigencia de la presencialidad en el país que dejaron o del que huyen. Es justo ahí donde entran en escena el entramado de gestores y tramitadores en las redes sociales, un procedimiento prohibido por la propia legislación venezolana.
A estas dificultades hay que añadir la baja credibilidad de la versión oficial, que abre espacio para la duda de la palabra de los gobernantes y las instituciones, quienes han negado la existencia de la diáspora y sus causas, mientras aprovechan el ambiente de censura y poca disponibilidad de información confiable para impulsar narrativas como logros económicos cuestionables, la lucha contra el Cambio Climático o una dudosa nominación al Nobel de la Paz, así como responsabilizar al «bloqueo económico» de las fallas internas.
Y más específicamente a una duda nacida en enero de 2022 cuando una declaración de Gustavo Vizcaíno, director del SAIME, llevó a una confusión que cruzó fronteras, un cuestionamiento sobre si se podía entrar a Venezuela con el pasaporte vencido teniendo doble nacionalidad o incluso teniendo sólo la venezolana. Un trabajo de Efecto Cocuyo reveló cómo esas lagunas jurídicas han llevado a atropellos y abusos de padres venezolanos con hijos nacidos en el exterior o cientos de personas preguntando si podían volver a su país sin pasaporte o serían deportados. Y la respuesta oficial nunca apareció, por lo que Efecto Cocuyo ofreció un repaso de lo que dicta la ley, interpretaciones de abogados e información periodística.
Barreras de acceso a documentos venezolanos
A finales de 2022, la Corte Constitucional de Colombia, que ha marcado un hito en la garantía de derechos en esa nación, pidió un concepto legal a cinco de las instituciones jurídicas de ese país en temas de migración, respecto de la vulneración de derechos por parte de la Registraduría Nacional (entidad que maneja la identificación de ciudadanos colombianos) hacia los hijos de colombianos nacidos en Venezuela para ejercer el derecho a la nacionalidad colombiana.
Estas instituciones consultadas, incluyendo algunas especialmente dedicadas a estudiar la diáspora venezolana, respondieron al máximo tribunal con abundantes detalles sobre los obstáculos en Venezuela para obtener documentos de identidad, Aquí resumimos algunas:
- Problemas para contar con un registro civil de nacimiento venezolano y el riesgo de apatridia. En no pocos casos, las personas provenientes de Venezuela tienen dificultades para realizar el registro de nacimiento en Venezuela, y la expedición de los documentos puede tomar mucho tiempo
- La escasez de materiales para la expedición del certificado de nacido vivo indispensable para inscribirse en el registro civil de nacimiento venezolano de manera oportuna
- Trámite de apostilla de manera presencial: la mayoría de las personas no cuentan con los medios económicos para dirigirse hacia Venezuela a realizar este trámite, no existe (aún) transporte público terrestre entre ambas naciones, obligándolos a salir por puntos migratorios no oficiales.
- El trámite administrativo en Venezuela para apostillar documentos es altamente lento, debido a que solo se puede hacer en la sede principal, por lo que el interesado debe viajar hasta Caracas y hay costos extraoficiales
- Barreras para el trámite de apostilla mediante el mecanismo virtual, el cual se limita a la apostilla de antecedentes penales y el certificado de datos con efectos consulares del Instituto Nacional de Transporte Terrestre y sólo hay agenda virtual para cita presencial
- Para que pueda acudir un tercero a realizar el trámite de apostilla se debe otorgar un poder ante una autoridad venezolana, que no se puede suplir con trámites en el extranjero
- El sistema exige un proceso de legalización de los documentos ante el SAREN, el cual solo puede realizarse de forma presencial
- La página solo permite realizar el registro ciertos días, dependiendo del último dígito de la cédula de identidad o de la partida de nacimiento, hay ocasiones en que el mensaje requerido para la confirmación de la cuenta no es enviado al solicitante, lo que hace imposible continuar con el trámite
- La página presenta caídas constantes y demoras en la carga de la información, motivo por el cual algunas personas no logran ingresar de forma efectiva al sistema electrónico
- La página web exige que la persona cuente con cédula de identidad venezolana, razón por la cual una persona que haya migrado sin haberla tramitado, por no cumplir la edad mínima necesaria, no puede realizar la solicitud electrónica.
Los gestores también migran y facturan
Una de estas brechas se puede ver en la creación de comunidades digitales que ofrecen los servicios de identificación que son potestad única del Estados Venezolano. Por ejemplo, el grupo de Facebook denominado “Trámites SAIME – GTU – Antecedentes – Apostillas – Sacs y algo más!!”, tiene casi 11 mil seguidores y se creó el 13 de julio de 2022 bajo otro nombre: El Infierno del Darién.
En sus publicaciones iniciales abundan anuncios de coyotes que prometen cruzar la selva del Darién, noticias trágicas sobre la suerte de los migrantes en esa zona, trabajos de santería, envío de remesas y hasta famosos bulos como el del “venezolano que se grabó con un jaguar en Darién”, desmontado por varios portales de verificación.
Esta diversidad de contenidos, en algunos casos dispares, podría ahuyentar a algunos usuarios prevenidos, pero se aprovecha de barreras insalvables en casos como Colombia o Estados Unidos, donde no existe representación consular para tramitar documentos desde hace varios años.
El 6 de diciembre de 2022 optaron por cambiar al actual extenso nombre, donde se pregunta y ofrecen servicios de “gestoría” para una importante cantidad de documentos de identidad y trámites que manejan y controlan los entes estatales en Venezuela. Una especie de falso SAIME en Facebook.
El grupo es privado, por lo que hay que ser aceptado tras solicitud previa antes de leer sus publicaciones. Entre sus dos administradores visibles está Donna Quispe (con insignias de “administrador, generador de conversaciones y miembro fundador”). El otro perfil corresponde a Dairo B Márquez, cuyo apodo es “Curry” y con un perfil en Instagram como @dairobritom con 225 seguidores. Ambos tienen en común a la ciudad de Cumaná, al oriente de Venezuela, como lugar de residencia.
El objetivo del grupo no solo cambió de rubro, también rápidamente se organizaron para reunir a gestores en un mismo grupo de WhatsApp en el que se ofertan servicios desde líneas celulares venezolanas y otros países del continente, como Colombia y Perú, que en conjunto reúnen 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Toda una mina de necesidades y demandas para los tramitadores.
Todos los servicios están dolarizados, pero también reciben pesos colombianos o el equivalente al cambio del día en cuentas bancarias de Venezuela. En este mercado clandestino se transa de todo: apostillas “express” hasta para los antecedentes penales, licencias internacionales, citas consulares, actas de matrimonio, cartas de soltería, cédulas de identidad, entre otros.“US $ 5, barato”, así ofrecen a los usuarios que necesitan el restablecimiento de usuarios en línea para solicitar el pasaporte.
Un trámite llamativo es la opción de obtener la cédula de identidad a distancia: “La que no registra en el SAIME a $ 30 y la que registra sale en $ 185”.
Y vale añadir que esta documentación fraudulenta es especialmente sencilla debido a que la cédula venezolana no tiene elementos de seguridad electrónicos debido a ser sólo una impresión sobre papel, de forma similar a cómo la licencia de conducir se emite mediante un PDF en correo electrónico para impresión por el ciudadano. El proyecto de una cédula electrónica, que contenga un chip, iniciado en 1999 y que debió entregarse, al menos en 2012, ha sido rescatado de nuevo en marzo de 2022 por el SAIME sin fecha clara ni actualización un año después.
Mientras tanto, en Facebook el trámite lo ofrecen para venezolanos y extranjeros, con la tradicional cédula de fondo amarillo que diferencia a nacionales de foráneos. El gestor envía al potencial cliente las fotografías o modelos (anverso y reverso). En resumen, el usuario tendrá en la oferta más económica una identificación inexistente en el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). Es decir, un documento forjado y falso, aunque sea copia del original.
En otro grupo de Facebook abierto llamado “Legalización y apostillado venezolanos”, con más de 12 mil seguidores, su administrador, un perfil que se ubica en Güigue, estado Carabobo, expone ante los miembros el perfil de una presunta estafadora y pide que le envíen información.
La práctica de los gestores es un tema de vieja data arraigado a la administración pública venezolana y que se sostiene con la complicidad interna de una red de funcionarios activos y captadores de potenciales “clientes”, la discrecionalidad y la nula transparencia de los procesos administrativos.
Son muchos los factores que influyen en quienes usan estos tramitadores como salidas desesperadas y que ponen en riesgo su dinero y sus datos personales, a la vez que quedan en evidencia delitos contemplados en la Ley Orgánica de Identificación, la Ley Especial contra Delitos Informáticos y la Ley contra la Corrupción de Venezuela.
El mismo SAIME recientemente reveló el desmantelamiento de una banda que se dedicaba a la “captación de pasaportes no presenciales”, un secreto a voces permanente entre la ciudadanía y las autoridades.
El caldo de cultivo que alimenta la labor de estas mafias de gestores y falsificadores se incrementa ante la inocultable realidad: el éxodo venezolano que no se detiene, como documentan desde inicios de 2023 autoridades migratorias de Colombia y Panamá, así como ONG y organismos de cooperación internacional que trabajan en la frontera colombo-venezolana, por donde pasa la migración en tránsito o con vocación de permanencia.
A esto se suman las innumerables trabas oficiales para obtener los documentos como los costos anclados a la cotización del dólar, la falta de material, las plataformas caídas o con restricción de acceso, las brechas tecnológicas o la pésima conectividad. ¿
Volviendo a la realidad de millones de migrantes, otro detonante para la popularidad de estos gestores en línea es el riesgo de apatridia (no tener la nacionalidad de ningún país, como señala ACNUR Venezuela) en niños, niñas y adolescentes nacidos en Venezuela que salieron muy pequeños sin documentos o nacidos en el exterior, lo que lleva a sus padres a acudir a desconocidos en redes sociales con la esperanza de que sus hijos y todo el núcleo familiar pueda regularizarse y acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación o el trabajo, o incluso emprender el largo y riesgoso camino hacia otros destinos del continente americano como Santiago de Chile, Miami o Quito.
Este trabajo forma parte de las entregas de la Coalición Informativa “C-Informa”, equipo periodístico venezolano que tiene como objetivo hacerle frente a la desinformación y está integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Cazadores de Fake News y Probox con el soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR) y la asesoría de Chequeado de Argentina y DataCrítica de México.
