Freedom on the Net 2023 describe crisis de la libertad en Internet en Venezuela

La censura, la desinformación y la manipulación, además de las fallas eléctricas y deficiencias de la infraestructura ponen en riesgo los derechos digitales de los venezolanos

El informe Freedom on the Net 2023 de Freedom House, publicado el pasado 4 de octubre, señala que en Venezuela, la libertad en Internet sigue siendo afectada por las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Estas políticas dificultan el acceso a Internet y la obtención de información confiable, al mismo tiempo que amenazan con represalias a aquellos que se expresan sobre temas políticamente delicados.

“Freedom on the Net es una encuesta y análisis anual de Freedom House sobre la libertad en Internet en todo el mundo. Este proyecto de vanguardia consiste en investigaciones y análisis innovadores, promoción basada en hechos y desarrollo de capacidades sobre el terreno”.

Freedom House

Freedom on the Net 2023 recopila datos a través de una red global de colaboradores y herramientas de monitoreo automatizado que rastrean la censura y la vigilancia en línea. Estos datos se someten a un análisis exhaustivo que evalúa aspectos como la censura, la vigilancia, la privacidad, la accesibilidad y la neutralidad de la red en cada país.

El informe es fundamental en la evaluación de la situación de la libertad en Internet en todo el mundo y en la promoción de políticas y prácticas destinadas a salvaguardar los derechos humanos en línea, al mismo tiempo que resalta las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial y su uso en la censura, la vigilancia y la difusión de desinformación.

En Venezuela, según el informe Freedom on the Net 2023, el gobierno de Maduro ha intensificado la censura en línea, bloqueando medios digitales críticos y sitios web. Además, ha promulgado leyes restrictivas que penalizan actividades en línea y se han registrado amenazas y violencia contra periodistas, en particular mujeres. Las regulaciones que exigen la revelación de información personal amenazan la privacidad en línea, mientras que la vigilancia gubernamental sin supervisión independiente ha aumentado. También se han detectado redes de trolls progubernamentales y la creación de contenidos desinformantes con inteligencia artificial, lo que representa un serio desafío para la libertad de expresión y la privacidad en línea en el país.

Restricciones de contenido

Durante el período cubierto por Freedom on the Net 2023, el gobierno de Maduro aumentó la censura en línea, bloqueando medios digitales y sitios web críticos, incluyendo medios independientes venezolanos y extranjeros. La censura se volvió más sofisticada y se relacionó con la influencia china a través de contratos con empresas como ZTE, con la que se firmaron acuerdos para introducir nuevas tecnologías al país y administrar la base de datos del Sistema Patria.

Las leyes responsabilizan a plataformas y sitios web por contenido de terceros, lo que llevó a la autocensura por temor a represalias. Además, se detectó que Eliminalia, una empresa española que opera en Venezuela desde 2016, ha estado involucrada en la eliminación de contenido en línea para mejorar la reputación de individuos vinculados al gobierno presuntamente involucrados en actos de corrupción.

Las autoridades venezolanas también restringieron el contenido digital sin supervisión independiente ni procedimientos responsables, generando preocupaciones sobre la falta de transparencia en los bloqueos. Al tiempo que proveedores estatales privados bloquean contenidos, y las leyes imponen responsabilidad excesiva a los intermediarios. Aunque se consideraron nuevas regulaciones, no se aprobaron al final del período.

Acoso y persecución

El informe Freedom on the Net 2023 señala que en Venezuela, la libertad en línea está en peligro debido a detenciones, encarcelamiento y restricciones legales y extralegales que han generado autocensura en los medios. Más del 54% de los profesionales de la comunicación admiten omitir información por temor a represalias, han sido víctimas de campañas de difamación y muchas mujeres periodistas han sufrido acoso y ataques de género. Los ciudadanos también temen arrestos por comentarios en redes sociales o incluso por registrar situaciones cotidianas. 

Trolls e inteligencia artificial para desinformar

La situación de la libertad en línea en Venezuela es preocupante, con el gobierno empleando diversas estrategias para expandir su influencia en el ciberespacio. Esto incluye el uso de medios estatales y trolls progubernamentales, así como la difusión de propaganda generada por inteligencia artificial en canales de YouTube para favorecer al gobierno, como se vio en el caso del falso canal de noticias norteamericano «House of News», suspendido en marzo de 2023.

Además el gobierno coordina a usuarios en Twitter para impulsar narrativas afines, utilizando «bonos» como incentivos para la propagación de desinformación en una operación conocida como “Tuiteros de la Patria”; y la creación de aplicaciones móviles promovidas por el gobierno, como VenApp, también genera preocupaciones sobre la recopilación de datos y la manipulación de narrativas, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.

En el informe también se indica que, a pesar de estos desafíos, organizaciones de derechos digitales y medios independientes han unido fuerzas en la coalición C-Informa para contrarrestar la manipulación de contenidos en línea y promover la transparencia en el ciberespacio venezolano. Esta colaboración representa un rayo de esperanza en un entorno en línea cada vez más controlado por el gobierno.

Ingresos y fuentes de financiamiento

Según deja claro el informe, los medios digitales en Venezuela enfrentan graves desafíos, incluyendo la falta de recursos económicos, la escasez de financiamiento y la emigración de profesionales. Esto ha debilitado su capacidad operativa y los ha llevado a depender en gran medida de la publicidad digital como fuente de ingresos.

Para mantener su sostenibilidad financiera, estos medios han adoptado estrategias como campañas de crowdfunding, apoyo internacional, pasarelas de pago y publicidad digital. Sin embargo, la aprobación en primera lectura de la «Ley de Cooperación Internacional”, que podría imponer regulaciones restrictivas sobre el financiamiento extranjero, podría limitar aún más sus fuentes de financiamiento. Esto ha generado preocupación y oposición por parte de organizaciones de la sociedad civil que argumentan que la ley violaría la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos en el país.

Manipulación informativa en línea

La situación de la libertad en línea en Venezuela es crítica debido a los esfuerzos del gobierno para manipular la esfera digital y limitar el acceso a información creíble. El entorno en línea, aunque relativamente abierto en comparación con los medios tradicionales, también enfrenta bloqueos y problemas de conectividad, exacerbados por la saturación de información falsa o engañosa.

El gobierno de Maduro ha desarrollado un sofisticado aparato de desinformación, especialmente en Twitter, donde las narrativas progubernamentales prevalecen. A pesar de los intentos de medios independientes y ONG para contrarrestar la desinformación, esta persiste y socava la credibilidad de las fuentes informativas. 

A pesar de los desafíos, han surgido iniciativas de noticias en áreas remotas, como Tana Tanae, un portal de noticias dirigido por periodistas indígenas Warao en Delta Amacuro, y el podcast Alatakaa, que cubre noticias en lengua indígena wayuu —lanzado por El Pitazo a través de WhatsaApp—.

El uso de VPN y otras herramientas de anonimización es limitado, y los medios digitales recurren a plataformas como WhatsApp y Telegram para difundir contenido. A pesar de las restricciones, ciudadanos y líderes de la oposición utilizan las plataformas digitales para expresar su descontento en medio de la crisis política y económica. Las ONG y usuarios en línea han perseverado en sus esfuerzos para crear conciencia y desarrollar aplicaciones con utilidad cívica.

Derechos del usuario

La libertad de expresión en Venezuela enfrenta numerosos desafíos. A pesar de las garantías constitucionales, el gobierno ha implementado leyes restrictivas, como la Ley contra el Odio, la ley Resorte-ME y el Estado de Excepción, que limitan este derecho al sancionar actividades en línea. El poder ejecutivo ha acumulado más control, y el poder judicial está politizado, lo que ha resultado en decisiones que amenazan la libertad de expresión en línea.

Además, la privacidad en línea está en riesgo debido a regulaciones que exigen la revelación de información personal para adquirir servicios de comunicación. Además, actividades de vigilancia y contrainteligencia gubernamentales han aumentado sin supervisión independiente, lo que plantea inquietudes sobre la posible vigilancia sistemática de contenidos en línea.

Los periodistas, incluyendo aquellos en línea, enfrentan violencia y amenazas, y las mujeres periodistas sufren acoso en línea y violencia de género. Se han documentado ataques cibernéticos dirigidos a medios digitales y organizaciones de derechos humanos, con sospechas de participación estatal”. 

Otras restricciones

  • La crisis económica en Venezuela ha afectado la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, resultando en apagones frecuentes y conectividad de Internet inestable.
  • La penetración de la banda ancha móvil en Venezuela es del 49%, mientras que la telefonía fija se sitúa en el 9%. El número de usuarios de Internet en 2023 alcanza los 17,59 millones.
  • Los apagones eléctricos y daños en los cables de fibra óptica han causado interrupciones significativas en la conectividad.
  • Las áreas rurales dependen principalmente de CANTV y experimentan problemas de acceso a Internet de alta calidad, con velocidades de banda ancha móvil entre las más lentas del mundo.
  • La mayoría de la población venezolana no puede pagar un paquete básico de Internet móvil, con más del 74% según el Índice de Pobreza de Internet 2023.
  • A pesar de la precaria infraestructura y apagones, el Estado posee la mayoría de la infraestructura de la red nacional a través de CANTV.
  • Aunque no se mencionan restricciones prolongadas en la conectividad a Internet para los usuarios, se señala el bloqueo de sitios web y plataformas de comunicación relevantes para limitar la difusión de noticias políticamente sensibles.
  • Existe preocupación sobre la creación de un punto de intercambio de Internet (IXP) controlado por el gobierno, debido a los riesgos de censura y vigilancia, aunque el proyecto no se ha implementado hasta ahora.
  • El mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Venezuela está dominado por el Estado a través de CANTV, a pesar de la presencia de proveedores privados.

Según los resultados de Freedom on the Net 2023, se mantienen las amenazas en contra de la libertad de expresión y la privacidad en línea en el país, mientras que la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones precaria y los apagones frecuentes agravan aún más esa situación. Sin embargo, ciudadanos, periodistas y organizaciones de derechos digitales perseveran en sus esfuerzos por mantener la transparencia y la libertad de expresión en el ciberespacio venezolano.


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