Evidencia en línea permite rastrear la escasez de medicina hasta el año 2012, 5 años antes de las sanciones. Paralelamente, se observa cómo representantes del gobierno intentaron restar importancia a esta situación
Una valla publicitaria en Caracas atribuye la escasez de insulina en Venezuela a las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2017, a pedido de la oposición. Este mensaje forma parte de una campaña que busca desacreditar a los principales líderes de oposición al Gobierno de Maduro.
La investigación de Cazadores de Fake News determinó que la información es falsa. Evidencias digitales demuestran que ya en 2012, 5 años antes de las sanciones, existía una aguda escasez de medicinas; del mismo modo, se pudieron documentar los intentos de varios representantes del gobierno por restar importancia a esa situación.
A través de evidencia forense digital se pudo rastrear indicios claros de la crisis de medicamentos en Venezuela en el año 2012, mucho antes de las sanciones de “junio de 2017” mencionadas por la campaña de vallas en Caracas de las cuales tampoco hay evidencia.
El artículo “Venezuela enfrenta escasez de medicinas” de El Nuevo Herald del 6 de junio de 2012, documenta la situación de abastecimiento de medicinas en Venezuela, revelando una dependencia creciente de importaciones debido a políticas económicas que desalentaron la inversión privada y complicaba la adquisición de medicinas esenciales.
“Venezuela atraviesa una crisis debido a la falta de medicamentos y las medidas tomadas por el gobierno para superarla han sido desacertadas”.
Rafael Fumero, presidente de la Asociación Farmacéutica del Este.
Para 2016, esta situación había alcanzado un nivel crítico, evidenciado por un déficit de insumos médicos en los hospitales del 95%, según la Federación Médica de Venezuela.
“La Federación Médica de Venezuela calcula que el déficit de insumos en los hospitales alcanza un 95%, mientras que el Gobierno señala que existen fallas puntuales”.
El País
Sin embargo, un artículo de Analítica en junio de 2016, explica cómo durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la entonces ministra de Salud, Luisana Melo, insistió en que el gobierno garantizaba el suministro de medicamentos y que el problema radicaba en la manera en que éstos se estaban consumiendo.
Otra evidencia de cómo las autoridades intentaron esconder la magnitud de la crisis antes de cualquier sanción internacional es una entrevista que diera en Chile William Castillo, para entonces miembro del Estado mayor Comunicacional venezolano y director general de CONATEL, como parte de la campaña “La Verdad de Venezuela” que desplegó el Estado venezolano en el ámbito internacional. En esa entrevista, Castillo insiste en desmentir la crisis humanitaria compleja que se había denunciado en Venezuela y calificar los problemas de abastecimiento de alimentos y medicina como “problemas puntuales”.
“El gran tema es que eso se expresa en los medios como si en Venezuela existiera una crisis humanitaria y nosotros negamos rotundamente. Hay una visión de Venezuela de que Venezuela no hay alimentos, no hay medicina. Venezuela hoy, lo ha dicho la FAO, 97% de la población come tres veces o más. La talla promedio y el peso de los niños venezolanos ha aumentado producto de las políticas nutricionales y alimentarias de estos 16 años de revolución”.
William Castillo
Las sanciones llegaron luego
En noviembre de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones a diez funcionarios venezolanos, citando su implicación en prácticas que socavan los procesos democráticos y contribuyen a la corrupción en Venezuela. Estas sanciones se derivaron de irregularidades en las elecciones estatales del 15 de octubre de 2017 y otras acciones como la censura y la manipulación de medios estatales.
Los funcionarios sancionados fueron: Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth Hernández De Hernández, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Julián Isaías Rodríguez Díaz, Ernesto Emilio Villegas Poljak, Jorge Elieser Márquez Monsalve, Manuel Ángel Fernández Meléndez, Carlos Alberto Osorio Zambrano, y Freddy Alirio Bernal Rosales. Todos ellos enfrentaron la congelación de sus activos en EE. UU. y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.
“Mientras el gobierno venezolano continúe ignorando la voluntad de su pueblo, nuestro mensaje sigue siendo claro: Estados Unidos no se quedará al margen mientras el régimen de Maduro continúa destruyendo el orden democrático y la prosperidad en Venezuela”.
Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU.
La valla que atribuye la escasez de insulina a las sanciones de Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia del gobierno venezolano, que busca desviar la atención de su propia gestión ante la crisis humanitaria compleja que enfrentó el país. Desde la crisis económica hasta la escasez de alimentos y medicinas, incluyendo el impacto en la industria petrolera, la narrativa oficial ha sido consistentemente culpar a las sanciones internacionales.
Esta táctica, explicada en varios artículos de la Coalición Informativa C-Informa, se ha utilizado como un medio para enfrentar la creciente insatisfacción y las críticas tanto internas como externas, presentando a la oposición como responsable indirecto de las adversidades mediante su supuesto apoyo a estas medidas punitivas. En este contexto, la campaña en las vallas busca reforzar un relato gubernamental que desplaza la responsabilidad de las fallas administrativas hacia factores externos.
Por lo tanto, atribuir la escasez de medicamentos únicamente a las sanciones de 2017 no solo es falso, sino que omite el contexto de gestión económica y política de salud pública que ya había debilitado el sistema sanitario venezolano. Las sanciones, centradas en individuos específicos y no en la infraestructura médica del país, no fueron la causa raíz de una escasez que ya era crítica años antes de su implementación.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
