El informe identifica a 86 personas con nombre y apellido, a 3 con nombres clave y menciona otros casos presentados en informes previos que siguen sin ser procesados por las autoridades
Durante la emisión del programa «La Hojilla» del 26 de septiembre de 2023, Mario Silva afirmó que el informe presentado el 20 de septiembre por la Misión de Determinación de Hechos carecía de pruebas y solo mencionaba a 5 víctimas.
La investigación de Cazadores de Fake News determinó que esta afirmación es falsa. El informe detalla los nombres, apellidos y circunstancias por las cuales 86 ciudadanos venezolanos se consideran víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin contar otras 3 personas identificadas con nombres clave. Además, el informe hace referencia a casos previos que aún no han sido presentados ante las autoridades, por lo que se protege la identidad de las víctimas.
Mario Silva dedicó parte del programa a leer el comunicado de la cancillería y explicar por qué el gobierno calificó el último informe de la ONU como «insólitas acusaciones sin fundamento». Básicamente los mismos “argumentos” con los que el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant Rosales, rechazó el informe en su más reciente alocución en Ginebra (también transmitida parcialmente por Silva).
Mario Silva calificó el informe como un “bodrio” que supuestamente no presenta ninguna prueba de violaciones a los derechos humanos. También dijo, refiriéndose a las conclusiones del informe, que los argumentos se basaban en supuestos “se cree que…” y no en hechos.
«Esta fue la respuesta, de inmediato, a ese panfleto. Yo lo tengo, yo lo leí… ni una prueba. Te mencionan a 5 personas nada más. Cinco personas, todas opositoras: María Corina Machado, Eudis Girot, Javier Tarazona y un tal Victor Ugas; y 5 sindicalistas o sindicaleros, creo que es la mejor palabra. El resto son todos anónimos: sin lugar, sin fecha, sin víctima, “Se cree que, se cree que…”».
Mario Silva
Toda la exposición de motivos de Silva, así como el comunicado de Cancillería y la alocución de Héctor Constant Rosales ante la ONU, hace una negación de los hechos presentados en el informe, amparados en falacias lógicas utilizadas en el discurso político como la provocación (a través de palabras altisonantes), el ataque (contra las supuestas víctimas), whataboutismo (señalar las supuestas violaciones de derechos humanos producidas por las sanciones) y la ofuscación de los hechos; lo que les exime de presentar argumentos convincentes y hechos que avalen su punto de vista.
En el comunicado de Cancillería ser pueden apreciar algunas de estas falacias que son usadas como argumentos, pero que realmente tampoco prueban lo que dicen.
Estas y otras tácticas distractoras están explicadas a detalle en la serie Monopolio de Propaganda de Cazadores de Fake News.
Informe A/HRC/54/57
Este informe es el tercero presentado este año y el undécimo desde 2019 cuando se estableció la creación de la Misión de Determinación de los hechos sobre el caso Venezuela I, cuyo objetivo es evaluar «presuntas comisiones de derechos humanos en Venezuela desde el año 2014».
“Una misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
Mandato de la Misión
Motivos razonables para creer
En la sección de metodología y estándar de prueba del informe, la Misión aclara que sigue las metodologías y buenas prácticas establecidas por las Naciones Unidas para la determinación de hechos en investigaciones relativas a derechos humanos. El estándar probatorio de “motivos razonables para creer”, aplicado en las conclusiones de todos los casos, indica que se ha obtenido suficiente información para considerar que el incidente descrito ocurrió de esa manera. Este estándar es menos exigente que la “duda razonable” requerida en procedimientos penales.
“Este estándar se cumple cuando se ha recopilado información fáctica capaz de satisfacer a un observador objetivo y normalmente prudente de que el incidente se produjo tal como se ha descrito, con un grado razonable de certeza. Este estándar de prueba es inferior al que se requiere en los procedimientos penales tanto para sostener una condena penal (certeza más allá de toda duda razonable), como para sustanciar una acusación”.
Informe A/HRC/54/57
Las víctimas y los casos
El informe detalla cada uno de los delitos contra los derechos humanos que, considera, se han perpetrado en Venezuela desde 2014, proporcionando información precisa sobre lugares y fechas en muchos de los casos que denomina “ilustrativos”. Estos, a su vez, son casos públicos y notorios ya presentados ante las autoridades pertinentes, lo que elimina la necesidad de proteger la identidad de las víctimas.
Los casos evaluados por la Misión se presentan organizados según los presuntos delitos de los que fueron víctimas como: privaciones arbitrarias de la vida (132); desapariciones forzadas de corta duración (14); detenciones arbitrarias (58); tortura y tratos inhumanos o degradantes (28); violencia sexual y de género (19); ataques, vigilancia y acoso (17); difamación y descrédito (12); criminalización (11); inhabilitación política (7); censura y limitaciones a los medios; así como limitaciones a la creación y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos; y al final de la caracterización del delito según las leyes venezolanas y la exposición de motivos, se relatan a detalle los “casos ilustrativos”.
La lista de casos mencionados en el informe, supera por mucho los “5 casos” que mencionó Silva en su alocución. Están descrito con detalles las diversas agresiones sufridas en diferentes contextos por José Gregorio Urbina; Virgilio Trujillo; Raúl Isaías Baduel; Salvador Fernando Franco Pérez; Javier Tarazona; Carla Da Silva; John Jairo Gasparini Ferbans; Juan Antonio Hurtado Campo; Yosida Vanegas de Monasterio; Rafael Godoy; Emirlendris Benítez; Carlos Germán Debiais García; Misael Estrella; Igbert José Marín Chaparro; Luis Humberto De la Sotta Quiroga; Josnars Adolfo Baduel Oyoque; Guillermo Zárraga; Sargento Jhonatan Rangel; Wilfredo Rodríguez; Arnaldo Sumoza; Richard, Yolimar y Andreína Alemán y Erickson Chaya Barroeta (vinculados con el caso “Operación Gedeón”); Karen Sheydell Hernández Rodríguez; Junior Enrique Chaparro; Daeven Enrique Rodríguez Argueta, Matthew John Heath, Darwin Andreizo Urdaneta Pardo, Marco Antonio Garcés Carapaica, Ivonne Barrios Finol, Leobaldo Antonio Gutiérrez, Andry Ramón Finol y Asterio José González García (vinculados al caso “Gringo espía”); Roland Carreño; Eudis Girot; Diógenes Tirado, Juan Carlos Salazar, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández; Orlando Javier Moreno Gibori; Freddy Guevara; Aidaliz Guarisma; José Gregorio Urbina; Jholbert Godoy, Argelis Rovaina, Carlos Maneiro y Luis Martínez; los 6 líderes sindicales: Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Emilio Negrín; Zikiu Rivas; Leonardo Azocar y Daniel Romero, José Antonio Cádiz Morales; Delsa Solórzano; Juan Guaidó Márquez; Carlos Salazar, Elsa Castillo, Anneliese Toledo y José Patines; Katherine Martínez García y la organización Prepara Familia; Venus Faddoul, Engels Puertas y Franklin Gavidia, miembros de la ONG 100% Estrógeno; Karim Vera; Julio García; Franklin Alfredo Caldera Cordero; Roberto Marrero; el General Angel Omar Vivas Perdomo y su núcleo familiar; Norbey Marín; Yasnaia Villalobos; Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado y la organización PROVEA; Luz Mely Reyes y Efecto Cocuyo; Luis Carlos Díaz; Victor Ugas; María Corina Machado, Henrique Capriles, Freddy Superlano, Leopoldo López y Antonio Ledezma; Miguel Henrique Otero; así como casos de criminalización y/o censura u hostigamiento contra medios de comunicación como VPItv, la productora EP Media y la ONG Transparencia Venezuela, víctima de procedimientos administrativos engorrosos que ralentizan el funcionamiento y limitan el espacio cívico de la sociedad en cuanto al derecho de libre asociación. También se relatan, con nombres código, los casos de tres efectivos militares: ECV01, ECV02 y ECV03.
Las conclusiones
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela tiene como objetivo evaluar y documentar los casos, así como exigir responsabilidades a las autoridades locales, por lo que estos informes son un exhorto a la justicia local para tomar cartas en el asunto.
“La Misión de la ONU no tiene como objetivo determinar si en Venezuela se han cometido violaciones a los derechos humanos (…), sino que busca la rendición de cuentas sobre los crímenes relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos, especialmente los vinculados con las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, así como las torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos, en Venezuela, a partir del año 2014”.
Civilisac
Esgrimir el argumento de que no hay detalles de todos los casos relatados o información de las víctimas, es una manipulación de los hechos similar a la que sucedió cuando un comunicado de Cancillería celebró que la CPI supuestamente declaró que en Venezuela no hay crímenes de lesa humanidad, caso desmentido por Cazadores de Fake News en mayo del 2023.
En resumen, la afirmación de que el informe de la Misión de Determinación de Hechos carece de pruebas y solo menciona a 5 víctimas es falsa. El informe presenta una variedad de casos documentados y víctimas identificadas, algunos de los cuales son públicos y notorios, mientras que otros se mantienen confidenciales hasta que sean atendidos en las instancias correspondientes.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
