El incidente, que primero fue denunciado como secuestro, fue catalogado por las autoridades como robo. Para ser desaparición forzada debieron estar involucrados organismos del Estado y se les habría imputado simulación de hecho punible, lo que no sucedió
Un artículo publicado en un portal desinformativo venezolano acusa a la abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, de haber simulado «una “desaparición forzosa” y un “supuesto secuestro” por bandas criminales» en 2008 en compañía del empresario Eugenio Mendoza.
La investigación de Cazadores de Fake News determinó que la información es engañosa. En el incidente referido, los delincuentes dejaron a las víctimas —San Miguel y el empresario Eugenio Mendoza— amarrados a un árbol hasta que fueron encontrados por las autoridades, quienes lo calificaron como un robo.
Según el artículo publicado en Lechuguinos —un portal identificado como desinformante recurrente por Cazadores de Fake News—, en el 2008 Rocío San Miguel y Eugenio Mendoza —hermano de Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar—, fingieron una «desaparición forzosa» y un «supuesto secuestro» por bandas criminales para encubrir lo que el portal llama una relación extramarital.
«Aquí le recordaremos a nuestra audiencia que San Miguel en el año 2008 si fingió una “desaparición forzosa” y un “supuesto secuestro” por bandas criminales para evitar que fuera descubierta infraganti con su amante de ese entonces que era Eugenio Mendoza, hermano de Lorenzo dueño deEmpresas Polar (sic.)».
Información engañosa publicada por Lechuguinos
De lo ocurrido el primero de julio de 2008 quedan pocos registros disponibles en línea. Sin embargo, en un artículo publicado en Analitica.com —pero atribuido a Unión Radio—, Sergio González, entonces jefe de la División Antiextorsión y Secuestro del extinto CICPC, explica que “la doctora Rocío San Miguel, se trasladó con el señor Mendoza a su finca El Capo, en Magdaleno, estado Aragua. Posteriormente estos ciudadanos salieron por un recorrido, y los escoltas al notar que no regresaban procedieron hacer un rastreo localizando el vehículo en que se desplazaban abandonado”.
Mientras que en otro artículo de Últimas Noticias publicado en la web de Control Ciudadano —ONG venezolana fundada por Rocío San Miguel en 2005—se explica que los delincuentes robaron a San Miguel y a Mendoza para luego trasladarlos hacia un lugar apartado a unos 300 metros de la finca, donde los ataron. Al momento en que los escoltas consiguen el vehículo de Mendoza con las puertas abiertas, dan parte a las autoridades y lo denuncian como secuestro.
“Los antisociales los despojaron de sus pertenencias y luego se los llevaron hacia un paraje situado a 300 metros de la finca, donde procedieron a amarrarlos y amordazarlos. Cuando los escoltas del empresario se percataron de que el vehículo en que se desplazaban las víctimas se encontraba con las puertas abiertas, denunciaron la desaparición ante el CICPC de Aragua y el Grupo GAES de la GN”.
Control Ciudadano
Luego de la aparición de las víctimas, el caso fue abordado por las autoridades como un robo y no como secuestro.
Un rumor que busca distraer de la desaparición forzada de San Miguel en 2024
De acuerdo con los 3 instrumentos legales que definen en Venezuela la “desaparición forzada”, es necesario que los perpetradores de este crimen representen al Estado o gobierno o que, al menos, se identifiquen como tales, lo que no sucedió en el caso San Miguel-Mendoza ocurrido en 2008, a diferencia de lo que ocurrió con la reciente detención forzada de Rocío San Miguel en 2024.
“La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe tamo cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años de presidio (sic.)”.
Artículo 181-A del Código Penal
Del mismo modo, en el caso de que las autoridades competentes hubieran comprobado la simulación del robo o secuestro por parte de las víctimas, éstas (San Miguel y Mendoza) habrían sido imputadas por el delito de “simulación de hecho punible”, lo cual no sucedió.
“Cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o a algún funcionario de instrucción un hecho punible supuesto o imaginario, será castigado con prisión de uno a quince meses. Al que simule los indicios de un hecho punible, de modo que dé lugar a un principio de instrucción, se le impondrá la misma pena. El que ante la autoridad judicial declare falsamente que ha cometido o ayudado a cometer algún hecho punible, de modo que dé lugar a un principio de instrucción, a menos que su declaración sea con el objeto de salvar a algún pariente cercano, un amigo íntimo o su bienhechor, incurrirá igualmente en la propia pena”.
Artículo 239 del Código Penal
¿Quién fabricó el rumor?
La desinformación publicada en Lechuguinos, que acusa falsamente a Rocío San Miguel de simular una «desaparición forzosa y secuestro» en 2008, es atribuida por Cazadores de Fake News a Lenín Dávila Guerrero, comunicador vinculado con el oficialismo responsable de múltiples bulos estudiados y desmontados por la organización.
El bulo fue publicado el 15 de febrero de 2024 y en su versión original, estaba firmada por “LENIN” como autor. Posteriormente, la etiqueta fue removida de la publicación, anonimizando su autoría, pero la revisión de los metadatos de la página permite confirmar que su autor es el mismo.
Este hallazgo resalta la importancia de los metadatos web en la verificación de la autoría detrás de contenidos cuestionables.
Lenín Dávila Guerrero no es un actor desconocido en el ámbito de los medios y la política venezolana. De acuerdo con una investigación recientemente publicada por C-Informa, es el vicepresidente de Venezuela News —otro portal desinformante vinculado al oficialismo— y posee el 60% de las acciones de «Agencia VN 2021», C. A., asociada directamente con este portal. Su carrera incluye roles significativos como director de Radio Pequiven 88.7 FM y productor de contenido para la Juventud del PSUV, lo que destaca su estrecha vinculación con el chavismo. Además, ha participado activamente en campañas electorales para figuras oficialistas, como Rafael Lacava, o como productor editorial del libro «Cartas de Alex Saab desde su secuestro».
Un nuevo ataque de género
Como lo explicamos en el artículo sobre la supuesta denuncia de financiamiento multimillonario de ONG alemana a Delsa Solórzano, acusar a una mujer de tener una relación sentimental o sexual con un tercero y recibir beneficios por ello, constituye un ataque de género. Ambos casos se suman a ataques de género previamente registrados en contra de otras líderes políticas y de la sociedad civil venezolana, mujeres cuyas ideas o acciones pueden resultar incómodas para el gobierno de Nicolás Maduro.
Las acusaciones hechas por el portal desinformativo Lechuguinos en contra de Rocío San Miguel sobre la simulación de una “desaparición forzada o secuestro” proviene de una fuente desinformante recurrente y no está soportada con pruebas, además de que toma un incidente real y lo descontextualiza para generar desinformación. Además, se considera un ataque de género en contra de la presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.