Las acusaciones dirigidas hacia Mundaray, basadas en fotos sacadas de contexto durante su participación en la denuncia de violaciones de derechos humanos ante la CPI, fueron tergiversadas para acusarlo de ser cómplice en la negación de dichas violaciones
Entre el 17 y 18 de febrero, la abogada penalista Thelma Fernández y el abogado y secretario político del partido Vente Venezuela, José Amalio Graterol — ambos exabogados de la jueza María Lourdes Afiuni — realizaron una serie de publicaciones en la red social X con las que afirmaron que Zair Mundaray, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, actuó como el brazo ejecutor de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz para perpetrar violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, señalaron a ambos como responsables de los abusos sufridos por la jueza María Lourdes Afiuni.
Para fundamentar su argumento, Fernández utilizó una fotografía de ambos exfuncionarios del Ministerio Público, asegurando que corresponde a cuando, presuntamente, Mundaray y Ortega acudieron a Naciones Unidas para desmentir las torturas cometidas contra la ex magistrada Afiuni, encarcelada en 2009 por orden del expresidente Hugo Chávez. Graterol, por su parte, compartió otra fotografía en la que Mundaray aparece en una rueda de prensa de Ortega Díaz.
La investigación de Cazadores de Fake News determinó que ambas fotos están descontextualizadas. Una de ellas data de noviembre de 2017, cuando Ortega Díaz y Mundaray acudieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar irregularidades en la muerte del concejal Fernando Albán y entregar documentos sobre otras violaciones a los derechos humanos de personas bajo custodia del Estado. La otra fotografía corresponde a una rueda de prensa realizada por el Ministerio Público el 24 de mayo de 2017, en la que Luisa Ortega Díaz como Fiscal General ofreció un balance de víctimas durante las protestas antigubernamentales de 2017.
Si bien las arbitrariedades cometidas contra la jueza Afiuni — detalladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una petición de medidas provisionales de protección — ocurrieron mientras Ortega Díaz ostentaba el cargo de Fiscal General del Ministerio Público, Cazadores de Fake News no tuvo acceso a evidencias que permitan determinar que Mundaray estuvo a cargo de la acción penal o la dirección de las investigaciones penales contra Afiuni.
Aunque las acusaciones de que Mundaray “fue el brazo ejecutor de Luisa Ortega Díaz para cometer múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela” provienen directamente de antiguos defensores de la jefa María Lourdes Afiuni, la narrativa ocurre luego de que las denuncias de Mundaray sobre la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista por los derechos humanos, Rocío San Miguel se viralizaron en X y demás redes sociales.
En la actualidad, estas acusaciones han sido aprovechadas por portales proxy cercanos al gobierno de Nicolás Maduro para aumentar el volumen en contra de Mundaray, uno de los integrantes del equipo de ex trabajadores del Ministerio Público que introdujeron pruebas por crímenes de lesa humanidad en contra del gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional.
Fotos descontextualizadas
El primer post en viralizarse en la red social X relacionado con acusaciones contra Zair Mundaray, fue publicado por la abogada penalista Thelma Fernández el pasado 17 de febrero. En dicho tweet —en el que aparece una foto de ambos exfuncionarios—, Fernández aseguró que fue tomada cuando Ortega y Mundaray fueron a instancias de Naciones Unidas a desmentir las torturas cometidas contra la jueza María Lourdes Afiuni.
Sin embargo, la foto que acompaña al post corresponde al 16 de noviembre de 2017 y no fue tomada en Naciones Unidas. Ese día, Luisa Ortega Díaz, actuando como Fiscal General del Ministerio Público en el exilio, consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado venezolano bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En el fondo de las fotos y videos tomados en esa ocasión, se observa un aviso azul con letras blancas, donde se identifica claramente el logotipo y el nombre de la Corte Penal Internacional:
Luego, el 16 de enero de 2019, Ortega Díaz acompañada de Mundaray consignó una denuncia y solicitud de investigación sobre otras violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como las condiciones sospechosas de la muerte del exconcejal del municipio Libertador, Fernando Albán. Sobre la muerte de Albán, aunque el Gobierno reportó que había cometido suicidio lanzándose del décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) — donde estuvo recluido por tres días —, la oposición venezolana señaló que en realidad fue asesinado.
Asimismo, Ortega denunció ante la Corte casos de torturas ejecutadas por funcionarios del Estado relatados por funcionarios de la Policía de Chacao (Polichacao), en Caracas.
En la otra fotografía publicada por José Amalio Graterol –y que presenta como prueba de la cercanía entre ambos–, Mundaray aparece cerca de Luisa Ortega Díaz, en el contexto de una rueda de prensa realizada con Luisa Ortega Díaz con imágenes del logotipo del Ministerio Público en el fondo. Pero la fotografía fue tomada en realidad en una rueda de prensa del Ministerio Público realizada el 24 de mayo de 2017, en la que Luisa Ortega Díaz como Fiscal General ofreció un balance de 55 fallecidos (52 civiles y 3 funcionarios policiales o militares), mil personas lesionadas (771 civiles y 229 funcionarios policiales o militares) y 19 funcionarios policiales y militares imputados por la presunta comisión de los delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio — entre otros delitos — en el marco de las protestas nacionales de 2017 en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
En esa alocución, Ortega Díaz declaró que lo que causó la muerte del estudiante Juan Pernalete fue el disparo de una bomba lacrimógena a manos de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Ortega Díaz y Mundaray ante la CPI
Luisa Ortega Díaz — leal funcionaria del gobierno de Hugo Chávez e, inicialmente, del gobierno de Nicolás Maduro hasta 2017 — junto a Zair Mundaray y un grupo de abogados, consignó documentos ante la CPI en varias ocasiones. Una de las fechas más relevantes es precisamente el 16 de noviembre de 2017, cuando presentó evidencias de supuestas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Esta acción formaba parte de sus esfuerzos por buscar justicia internacional para las víctimas de la represión gubernamental en el contexto de las protestas antigubernamentales y la crisis política de entonces.
El documento compila al menos 21 casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidos desde 2015, incluyendo asesinatos, torturas y encarcelamientos. Destacan los asesinatos de ocho jóvenes durante las protestas de 2017, entre ellos, el estudiante Juan Pablo Pernalete y el violinista Armando Cañizales Carrillo, ambos a manos de funcionarios de la GNB.
Luego, en 2019, ambos exfuncionarios del Ministerio Público introdujeron otro documento ante la CPI en el que denuncian otras violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado venezolano, entre esos, la muerte del concejal opositor Fernando Albán bajo la custodia del Sebin; la muerte de Óscar Pérez, un exoficial de policía que se rebeló contra el gobierno de Maduro y fue asesinado en enero de 2018 en una operación de seguridad del Estado; y otros arrestos arbitrarios, agresiones y torturas cometidas por el Estado en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017.
La presentación de casos por parte del equipo encabezado Ortega Díaz ante la CPI ha tenido un impacto significativo, tanto en términos de visibilizar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela como en presionar al sistema internacional de justicia para que actúe porque refuerzan las acusaciones internacionales introducidas por otras instancias y contribuyen a la jurisprudencia internacional.
¿Quién amplificó las acusaciones?
Las publicaciones realizadas por Fernández y Graterol fueron amplificadas casi inmediatamente por medios de comunicación y portales web afines al oficialismo como El Universal, Globovisión y RedRadioVe .
No es la primera vez que se detecta amplificación coordinada de información con intención de daño en contra de Zair Mundaray por parte de medios cercanos al oficialismo.
En noviembre de 2021, el portal web Lechuguinos — conocido por publicar desinformación favorable al oficialismo—, publicó un artículo en el que se describe a Mundaray como parte integral del sistema judicial represivo a cargo de Ortega Díaz y se le acusa de fabricar casos contra opositores del chavismo toda vez que se le recrimina su intento de desvincularse de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ministerio Público mientras él ocupó cargos importantes en la instancia.
En el pasado, Cazadores de Fake News también ha documentado varios casos de operaciones de influencia y desinformación relacionados con Luisa Ortega Díaz, centrados en capitalizar su pasado cercano al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y usarlo para deslegitimar las denuncias que realizó junto a su equipo en instancias internacionales.
Capturas de una cuenta de “La Fábrica Desinformación” que participó en una campaña de descrédito en contra de Luisa Ortega Díaz.
Cuentas vinculadas con la red de falsos noticieros en Instagram “La Fábrica de Desinformación”, realizaron una campaña de publicaciones en contra de Luisa Ortega Díaz entre el 6 y el 13 de mayo de 2022. Una de ellas era una encuesta forjada, atribuida por Fernando Del Rincón, cuyo resultado sugería que el personaje del chavismo “más odiado” por ambos bandos era Luisa Ortega Díaz.
De igual forma, Cazadores de Fake News documentó en abril y mayo 2020 una red de cuentas falsas, similares a bot que intentaron posicionar en Twitter varias etiquetas de apoyo a la abogada Luisa Ortega Díaz.
El caso de María Lourdes Afiuni
María Lourdes Afiuni, jueza venezolana, fue arrestada en 2009 tras conceder la libertad bajo fianza a un hombre de negocios imputado por corrupción. Su arresto fue por mandato de Hugo Chávez, quien en una transmisión televisiva la tachó de corrupta y la llamó «bandida».
Durante un año Afiuni estuvo recluida en el INOF, un penal para mujeres localizado en las cercanías de Caracas, lugar donde afirmó haber sido víctima de tortura y abuso sexual y donde se le negó el acceso a atención médica oportuna. Luego se le dictó arresto domiciliario, hasta que, en 2013 se le dictó libertad condicional. Su caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que solicitó medidas provisionales para proteger su vida e integridad.
Para entonces Luisa Ortega Díaz era Fiscal General del Ministerio Público. En su momento, negó que Afiuni haya sido víctima de abuso sexual y tortura durante su tiempo de reclusión toda vez que la acusó de corrupción, abuso de autoridad y fomento a la evasión. Afiuni acudió a Naciones Unidas para desmentir a Ortega Díaz.
Para el año 2019, Afiuni fue sentenciada a cinco años de cárcel bajo la acusación de «corrupción espiritual» pero debido al tiempo que ya había pasado en detención previa y bajo arresto domiciliario, se consideró que había cumplido su condena.
Aunque esto ocurrió mientras Zair Mundaray ocupó varios cargos importantes dentro del Ministerio Público, no hay evidencias públicas que permitan vincularlo directamente con el caso de la jueza Afiuni.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
