Las narrativas de la semana hacen hincapié en los supuestos vínculos de la oposición con Estados Unidos, a través de la CIA o improbables financiamientos, así como en la supuesta censura de la cual es víctima el aparato de propaganda de Maduro
Esta semana analizamos la acusación que vincula sin pruebas al candidato Edmundo González con la CIA y con hechos de violencia en El Salvador durante los años 80; la denuncia de censura en redes sociales hecha por el gobierno de Maduro, señalando que, supuestamente, estas plataformas aplican restricciones al discurso oficial; y las falsificaciones presentadas por la periodista Patrícia Lélis sobre supuestos financiamientos ilícitos a la oposición, que incluyen documentos manipulados y audios falsos.
Edmundo González, la CIA y El Salvador
Desde medios oficiales hasta portales desinformantes y comunicadores aliados al gobierno, se impulsa la narrativa de que el candidato Edmundo González está vinculado con la CIA y varios hechos de violencia ocurridos en El Salvador durante la década de los 80. La única prueba de este vínculo proviene de una de las cartas enviadas al programa “Con el mazo dando” por los “informantes” de Diosdado Cabello.
En la carta, una persona identificada como la exembajadora “María Catalina Restrepo Pinzón de Londoño”, acusa al candidato opositor Edmundo González de ser un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y haber trabajado como “enviado especial” en El Salvador desde 1981 hasta 1983, cuando el periodista Leopoldo Castillo era embajador de Venezuela en ese país. Sin embargo, no hay ninguna otra evidencia en línea de la existencia de esta persona, ni de las supuestas funciones de González Urrutia en El Salvador.
Desde el oficialismo frecuentemente utilizan “la Masacre de los Jesuitas” —un incidente ocurrido en 1989, 6 años después de que Leopoldo Castillo cesara como embajador de Luis Herrera Campins en ese país— para desacreditar a Castillo, quien ha sido un periodista crítico al gobierno. En esta oportunidad refuerzan la narrativa con la viralización de un supuesto carnet de identificación de González Urrutia como agente de la CIA que fue hecho con una imagen disponible para la descarga gratuita en Deviantart.
En otras ocasiones, Cazadores de Fake News ha determinado que el programa «Con el Mazo Dando» es fuente de desinformación. Por ejemplo, en el caso de una supuesta confesión de Jesús María Casal sobre un fraude en las primarias opositoras, fue enviado a través de una carta. También hacen eco de denuncias no confirmadas que tienen origen en portales desinformantes como el caso del supuesto financiamiento turbio de la ONG alemana Hans Seidel al partido de Delsa Solórzano.
La supuesta censura contra Maduro en las redes sociales
Voceros del gobierno como el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, han denunciado en las redes sociales la supuesta censura en redes sociales de la que el presidente Nicolás Maduro y organismos del gobierno son víctimas. En sus argumentos denuncian que sus publicaciones no tienen el alcance estimado y son escondidas en plataformas como X para que no se conozcan los avances y logros de su gestión.
Es cierto que algunas cuentas que incumplen las reglas de las redes sociales pueden ser sancionadas o restringidas, pero esto no ocurre de forma arbitraria o generalizada.
En Twitter, por ejemplo, muchas cuentas generadoras de spam –contenido basura para inundar redes sociales–, han sido masivamente suspendidas o restringidas con acciones como el shadowban –una restricción que oculta tweets o contenidos que son considerados potencialmente peligrosos, desinformantes o que violan las políticas de la plataforma–. Esto ha ocurrido por años, pues el comportamiento de muchas cuentas vinculadas con el oficialismo ha sido considerada por la red social como operación de información de amplificación de propaganda gubernamental.
En otras ocasiones se han documentado restricciones a redes de cuentas falsas y/o con comportamiento similar a bot que son fomentadas desde instituciones públicas o militares venezolanas para amplificar contenidos, así como el uso de redes de cuentas coordinadas —automatizadas o no— para inundar el espacio informativo publicando propaganda o etiquetas coordinadas, tal como ocurre en el caso de la operación de influencia a favor de Alex Saab.
Al respecto, Cazadores de Fake News ha demostrado en reiteradas oportunidades cómo cuentas que se identifican con el gobierno de Maduro implementan estas estrategias. Entre esas cuentas se puede mencionar al portal desinformativo Venezuela News y a los canales de Telesur y VTV quienes amplifican narrativas desinformantes como las pruebas cuestionables presentadas por la periodista brasilera Patricia Lelis en contra de Edmundo González y otros políticos de oposición.
Múltiples falsificaciones para probar financiamientos a la oposición
Un ejemplo de la desinformación amplificada desde el gobierno son las recientes denuncias hechas por Patrícia de Oliveira Souza Lélis Bolin, una periodista e influencer brasileña que presentó documentos supuestamente probatorios de financiamiento ilícito por $3,2 millones —supuestamente— recibido por María Corina Machado y Juan Guaidó de parte de Chevron para su campaña electoral. Los documentos presentados por Lelis tienen claros indicios de ser manipulaciones.
Un ejemplo de esto es que las firmas atribuidas a Juan Guaidó y a María Corina Machado en varios de los documentos, no corresponden con firmas originales de ambos líderes opositores, sino con versiones vectorizadas de trazo grueso disponibles en Internet en el archivo de Wikimedia Commons. Esto se hace evidente en el caso de Machado, ya que la versión vectorizada tiene una discrepancia con su firma manuscrita: el trazo horizontal tiene un corte que no debería aparecer en una forma húmeda de su puño y letra.
Además, las capturas de pantalla de correos electrónicos intercambiados —según Lelis— entre ella y Chevron en lo que se supone es una prueba del complot para financiar a Machado, en realidad corresponden a una invitación a la entrevista de trabajo por una vacante disponible. Otra evidencia clara es que lo que Lélis alega es una traducción automática de Google, tiene signos de manipulación al corregir una fecha que estaba mal planteada en el documento original: «enero diciembre/06/2018» en la traducción —supuestamente— automática se lee como “06/01/2018“.
La trayectoria de Patrícia Lélis está marcada por numerosas acusaciones de falsificación y desinformación en Brasil y estados Unidos que la han llevado a enfrentar procesos legales por denuncia calumniosa, estafa agravada, fraude electrónico, transacciones monetarias ilegales y usurpación de identidad con agravantes, enfrentando una posible condena de 20 años de prisión.
A pesar de la mala fama de Lélis, la narrativa acerca de financiamientos ilícitos recibidos por la oposición también es reforzada con otros contenidos cuestionables desde el aparato de comunicaciones del gobierno como el audio de una supuesta llamada telefónica entre Juan Guaidó y Edmundo González en el que Guaidó le solicita al candidato presidencia aumentar su presencia en actividades de calle con el fin de conseguir múltiples financiamientos desde los partidos demócrata y republicano de Estados Unidos.
La investigación de Cazadores de Fake News determinó que las voces en el audio no coinciden con las formas de hablar de Guaidó y González. Aunque no se pudo determinar con certeza si fueron generadas por actores de voz o mediante técnicas de IA generativa, hay indicios de que podría haberse utilizado esta tecnología. Además, representantes de los equipos de Juan Guaidó y de Edmundo González negaron que las voces en el audio fueran auténticas.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
