A la persecución por parte de los cuerpos policiales se unen la promoción de formas de organización social para señalar, identificar, perseguir y amedrentar a los opositores, aderezada con una operación de desinformación multiplataforma
La oposición venezolana ha comenzado a defender lo que consideran un triunfo para el candidato presidencial Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio, mediante más de 24.000 actas que, según ellos, le dan una victoria con el 67% de los votos frente al 30% obtenido por Nicolás Maduro. Unos resultados que no a la fecha no han podido ser verificados debido a que su contraparte no ha publicado actas que permitan realizar una verificación cruzada.
Como una reacción a las protestas espontáneas, masivas y populares ocurridas tras los resultados favorables a Nicolás Maduro presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el gobierno venezolano, funcionarios de cuerpos de seguridad policiales y militares, junto con comunicadores y simpatizantes del chavismo, intensificaron sus esfuerzos para silenciar a la disidencia. Utilizaron herramientas tecnológicas, propaganda y desinformación, en una posible operación de información desplegada con la intención de controlar las narrativas que supuestamente le dan el triunfo a González Urrutia, creando un ambiente de temor y autocensura para monitorear y controlar las comunicaciones de los ciudadanos.
Aunque existen riesgos reales y denuncias concretas sobre el monitoreo de mensajes en redes sociales y servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, la desinformación en redes sociales tiende a exagerar la verdadera capacidad estatal para controlar la opinión pública, especialmente en internet.
VenApp como herramienta digital de delación
VenApp, una aplicación inicialmente promovida como una herramienta para reportar problemas con servicios públicos en Venezuela, ha sido utilizada recientemente por el Gobierno venezolano como un medio para centralizar denuncias de manifestaciones políticas, calificadas por el gobierno como «Guarimbas Fascistas».
Esta aplicación, bajo control gubernamental, puede facilitar la persecución de disidentes políticos mediante la recolección de datos geolocalizados.
La denuncia masiva de usuarios tras denuncias de su uso como herramienta de control social, provocó que la aplicación fuese inhabilitada de las tiendas Apple Store y Google Play.
Desde su lanzamiento, VenApp ha estado vinculada con una red de cuentas falsas en redes sociales que promovió la aplicación de manera encubierta y ha apoyado campañas políticas oficialistas en Venezuela y otros países de América Latina.
Estas cuentas, que Cazadores de Fake News identificó como «Los Trolls Llaneros» y luego como «TrollsVQ», han estado conectadas con actividades realizadas por una empresa de comunicación política panameña llamada Venqis, que también ha participado en la creación de otras aplicaciones de gobierno electrónico en la región.
VenApp ha sido utilizada no solo para gestionar reportes de servicios públicos, sino también para recopilar datos electorales y organizar campañas políticas.
¿WhatsApp puede suspender cuentas y enviar mensajes en nombre de cuerpos de seguridad del Estado venezolano?
Mensajes intimidatorios que circulan en WhatsApp alertan sobre una supuesta suspensión de cuentas en este servicio por orden de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, lo cual está causando alarma entre los usuarios, quienes temen por la privacidad de sus conversaciones.
Sin embargo, es falso que WhatsApp pueda enviar mensajes en nombre de cualquier institución gubernamental. También es falso que existe algún tipo de “convenio” entre Meta —propietaria de Whatsapp— y el Gobierno venezolano para la suspensión de cuentas. WhatsApp cuenta con un sistema de encriptado para todas las conversaciones y solo el remitente y el destinatario pueden leer los mensajes intercambiados (cifrado de extremo a extremo).
Lo que está circulando son, en realidad, mensajes formateados que emulan una notificación de Whatsapp, pero que pueden ser escritos por cualquier usuario, usando cualquier texto y en cualquier conversación. Estos textos vienen acompañados con el símbolo “ⓘ” al inicio y los caracteres “_” antes y después del texto para la letra cursiva y pueden simular notificaciones especiales enviadas por el sistema de WhatsApp, aunque puedan ser escritos y formateados por los mismos usuarios.
Órdenes de aprehensión como castigo ejemplarizante
Para atizar el miedo ya infundado sobre la difusión de información en canales de mensajería instantánea, circuló otra cadena de WhatsApp en la que se asegura que los Tribunales de Justicia de Cumaná, estado Sucre, dictaron orden de aprehensión contra el administrador de un grupo de WhatsApp y Facebook por aceptar en sus canales de difusión “mensajes y videos incitando al odio” y que, a propósito de ello, administradores de grupos de WhatsApp advierten a sus usuarios que estos son responsables ante Conatel y tribunales por el contenido que escriban, publiquen o reenvíen.
De acuerdo con el documento legal, el Tribunal Penal I de Control de Cumaná SÍ dictó una orden de aprehensión contra el reportero independiente Pedro Lucas Rodríguez Carreño, por la presunta comisión del delito de incitación al odio, aunque en el contexto de una ola de detenciones masivas de trabajadores de la prensa y activistas en el país, el objetivo podría ser distinto.
Rodríguez es un reportero independiente de la ciudad de Cumaná, estado Sucre, que tiene distintos canales de difusión de noticias en WhatsApp, Facebook e Instagram. En entrevista con Cazadores de Fake News, el periodista declaró que sospecha que lo persiguen por haber hecho cobertura de una protesta antigubernamental que ocurrió el lunes 30 de julio frente a la oficina electoral de Cumaná.
Su orden de detención podría estar siendo utilizada para infundir miedo entre los usuarios de canales de información en Venezuela, en un momento en el que existen riesgos para la privacidad de las comunicaciones y persecución de la disidencia política.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) reportó al menos 39 incidentes relacionados con ataques a periodistas y reporteros gráficos, como amenazas y agresiones físicas y verbales toda vez que alertó sobre el aumento de la criminalización contra periodistas.
El 31 de julio, también fue detenida Eliana Manuela García Martínez, se le imputó el delito de incitación al odio y acusada de instar el asesinato de funcionarios policiales.
Canales de Telegram y WhatsApp para denunciar a manifestantes contra el gobierno
Como herencia del discurso oficial que hace un llamado a la población a reportar a los ‘grupos fascistas’ —calificativo con el que se refiere a los manifestantes antigubernamentales—, en la red social Telegram se conformaron varios grupos denominados «Caza Guarimbas». Estos grupos tienen el propósito de identificar y compartir información sobre quienes participaron en las protestas antigubernamentales que iniciaron la noche del 28 de julio en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
Los grupos de mensajería contienen fotos, videos, capturas de pantalla de redes sociales e incluso afiches de órdenes de detención con símbolos de instituciones del Estado, como la Policía Nacional Bolivariana o el Ministerio Público, en contra de manifestantes, reporteros, activistas y creadores de contenido.
Comunidades de usuarios organizados en redes sociales se encuentran realizando reportes masivos en contra de este tipo de grupos, que violan claramente normas de uso de las plataformas con respecto al uso para ciberespionaje y persecución, por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Un riesgo inminente
En Venezuela sí existen riesgos reales para la privacidad de las comunicaciones debido a intervenciones gubernamentales confirmadas, monitoreo en redes sociales, y el acceso a la información de usuarios en servicios de comunicación estatales y redes sociales.
La Constitución venezolana reconoce el derecho a la privacidad y protección de datos personales, pero la falta de leyes específicas en esta área genera preocupación sobre el mal uso de la información por parte del gobierno. Informes publicados por Freedom House destacan el aumento de la vigilancia y contrainteligencia del gobierno desde la implementación del Plan de la Patria, incluyendo la creación del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y el monitoreo de redes sociales. Casos como la detención de Nelson Piñero en 2023, tras críticas al gobierno en redes sociales, ilustran los riesgos de esta vigilancia.
Además, se han documentado prácticas preocupantes, como el uso de antenas irregulares para interceptar comunicaciones y la colaboración de empresas de telecomunicaciones con el gobierno.
Activistas recomiendan que periodistas y defensores de derechos humanos en Venezuela tomen medidas para proteger su privacidad, cómo usar aplicaciones de mensajería cifrada y autenticación en dos factores, para minimizar el riesgo de ser objeto de estas intervenciones.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
