Las campañas de agravios en línea son operaciones desinformativas usadas para desviar la atención, dividir apoyos, criminalizar adversarios y justificar detenciones. Así se impulsan en Venezuela
Durante al menos cuatro años, el uso reiterado de campañas coordinadas de agravios, difamación o estigmatización en internet ha sido documentado de forma recurrente en el contexto noticioso venezolano. Con ellas se intenta contaminar el torrente informativo, inyectando acusaciones que pueden ser falsas o engañosas –desinformación– con las que se busca manipular la opinión pública.
Todas tienen factores comunes: son partes de operaciones de influencia más amplias que buscan generar daño a un objetivo determinado: una persona específica, un medio de comunicación, un partido político o una organización. Son impulsadas de forma nada casual: usan tácticas, técnicas y procedimientos desinformativos que, generalmente, dejan evidencias forenses digitales que demuestran que son esfuerzos organizados. Y aunque a veces surgen de fuentes anónimas, al analizar sus características y patrones se puede atribuir su promoción a estructuras desinformativas previamente identificadas, usando evidencias concretas e irrefutables.
El daño que este tipo de campañas pretenden ocasionar –algo que en ocasiones consiguen–, va desde atentar contra la credibilidad de líderes de la sociedad civil, estigmatizar la labor de periodistas y medios de comunicación independientes, sembrar dudas con respecto a la gestión de un líder político o distraer la atención de la audiencia sobre algún hecho noticioso incómodo.
Atacantes con nombre y apellido
En Venezuela es común que figuras u organizaciones relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro se involucren en campañas de agravios en las que se hace uso de información falsa, engañosa o manipulada con la que se busca persuadir a los venezolanos de la estabilidad de sus instituciones y de las supuestas contradicciones morales de todos los que los adversan.
El 13 de enero de 2023 comenzó a difundirse en Twitter un rumor en contra de Elsa Castillo, docente jubilada e integrante de la Federación Venezolana de Maestros y una de las caras más visibles en una ola de protestas por reivindicaciones laborales en Venezuela. Varios usuarios vinculados con la Organización Nacional de Comunicadores Alternativos (ONCA) indicaron, sin mostrar evidencia, que la educadora recibía financiamiento de terceros y hacía viajes en “jet privado” para asistir a protestas ciudadanas organizadas en varias ciudades del país.
El bulo, que en días posteriores fue desmentido, fue un ataque coordinado ad hominem con el que se intentó resaltar, de forma engañosa, que Castillo carecía de altura moral para apoyar los reclamos salariales de los educadores venezolanos, minimizando su actual liderazgo.
Otra campaña de difamación reciente fue consecuencia de la homilía con motivo de la fiesta de la Divina Pastora del sábado 14 de enero de 2023. En ella, monseñor Víctor Hugo Basabe, Obispo de la Diócesis de San Felipe, denunció la grave situación económica y social de Venezuela y abogó por el cese de lo que llamó una “falsa burbuja económica”. Cuatro días después, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desestimó lo dicho por el obispo, tildándolo de “discurso politiquero, de bajo fondo, malintencionado” y acusando a Basabe, sin mostrar prueba alguna, de haber negociado el 30% de las ganancias de las ventas de franelas oficiales de la procesión a la Divina Pastora, patrona del Estado Lara, en un claro intento por distraer la atención de sus críticas.
La acusación de Cabello fue transmitida en televisión pública venezolana a través del programa “Con El Mazo Dando” de Venezolana de Televisión, a pesar de no estar soportada por ninguna evidencia concreta y de provenir de un “patriota cooperante”, nombre usado por el oficialismo venezolano para referirse a sus informantes anónimos.
Los difamadores anónimos
Anonimizar el origen de una desinformación es una táctica recurrente usada en el contexto de operaciones de influencia como las campañas de difamación digitales. Suele ser usada por actores desinformantes para legitimar acusaciones –aunque sean fabricaciones o no estén basadas en hechos comprobables–, reduciendo su responsabilidad de participar en ataques difamatorios, sosteniendo que solamente se está dando visibilidad a una “denuncia” que debe ser investigada.
El 21 de mayo de 2021, Arturo Sosa Abascal, sacerdote católico venezolano y actual superior general de la Compañía de Jesús, afirmó al diario La Nación que Nicolás Maduro encabeza un régimen dictatorial. Días después, entre el 24 y el 30 de mayo, una red de cuentas de Twitter que regularmente impulsa tendencias de forma coordinada mediante la técnica del astroturfing –haciéndose pasar por un grupo de usuarios comunes simulando conversar espontáneamente sobre un tema, pero ocultando su verdadera intención– intentaron posicionar al menos cinco etiquetas difamatorias relacionadas con el sacerdote.
Las cuentas que participaron en la promoción de las etiquetas interactuaron entre ellas preguntándose si Sosa Abascal era un “traidor”, respondiéndose y retuitándose de forma coordinada para aumentar exponencialmente la cantidad de tweets en las conversaciones digitales y logrando que alcanzaran los primeros puestos de las tendencias de Twitter para Venezuela durante esos días, dándole visibilidad a la campaña desinformativa.
Esta red específica de manipulación coordinada de etiquetas ha estado activa en Twitter al menos desde 2018, impulsando de forma maliciosa decenas de tendencias de tipo social y político, algunas de las cuales han sido reseñadas en canales de televisión públicos nacionales y medios internacionales aliados al gobierno de Venezuela. Es la misma red que durante el año 2020 impulsó decenas de etiquetas difamatorias en contra de Juan Guaidó –parcialmente reconocido presidente interino de Venezuela hasta enero de 2023–, que iniciaban con la palabra “Waido”: #NoQueremosAWaido, #WaidoBorrachin, #QuienPagaLosViajesWaido, #WaidoEsFracaso, #WaidogTraicionero, #GuaidoYSuPrima y muchas otras documentadas por varias organizaciones anti desinformación nacionales e internacionales.
Existen evidencias concretas de que un influencer conocido como NiTanTukky estuvo involucrado en el impulso malicioso de estas etiquetas de Twitter ofreciendo pagos en dólares, en múltiples ocasiones, a usuarios de Twitter que participaran en las dinámicas en redes sociales con el objetivo de impulsar tendencias “en contra del gobierno y de la oposición”, una actividad prohibida por la red social en sus políticas en contra del spam y la manipulación de plataforma.
Hasta el momento no se ha podido demostrar de dónde proviene el dinero ofrecido a los participantes en esta red de astroturfing para posicionar tendencias desinformativas –y difamatorias– en Venezuela.
Aunque tras reiteradas denuncias, su última cuenta fue suspendida a principios de octubre de 2021, ha continuado impulsando tendencias coordinadas en la red social de forma más discreta, usando cuentas alternas anónimas.
Otra de las víctimas de esta red de astroturfing en Twitter fue Norbey Marín, conductor del programa de YouTube “Hasta que Caiga la Tiranía”. Marín fue víctima de dos campañas coordinadas de difamación digital en Twitter el 8 y 9 de noviembre de 2021, cuando la misma red de astroturfing promotora de las tendencias en contra de Guaidó y del padre Sosa Abascal, impulsó las etiquetas #NorbeyExtorsionador y #NorbeyProfugo, compartiendo mensajes y memes difamatorios.
Pero la campaña en contra de Marín trascendió los límites de Twitter: el mismo 9 de enero, los memes difundidos de forma coordinada en el servicio de microblogging fueron publicados de forma coordinada por una red de al menos cinco falsos noticieros en Instagram, vinculados entre ellos, a la que Cazadores de Fake News regularmente llama “La Fábrica de Desinformación”, al haber sido el origen de al menos 30 bulos de tipo social y político desmontados por la organización desde 2019, muchos de tipo difamatorio, que han tenido como objetivos a líderes políticos, periodistas o medios venezolanos.
El uso de equipos que impulsan tendencias de forma coordinada en Twitter –mediante astroturfing– o redes de falsos noticieros en Instagram que publican desinformación de forma casi simultánea, tiene un poderoso efecto psicológico en la audiencia: se crea la ilusión de que una información es verdadera –o al menos importante– porque varias fuentes se hicieron eco de ella al mismo tiempo, ofuscando la realidad, es decir, enturbiando el caudal informativo para alejar a la audiencia de los hechos, generando contradicciones y haciendo que la información sea menos clara o comprensible.
Cuando el río suena, no siempre trae piedras
Aunque la repetición reiterada de un argumento falso o engañoso hace que las audiencias tengan la impresión de que existe “algo de verdad” en la información que se difunde, en múltiples ocasiones se ha documentado la promoción sistemática y organizada de ideas falsas, engañosas o sin sustento con el objetivo de desinformar, confundir a una audiencia objetivo y ofuscar –enturbiar– detalles alrededor de un hecho que sí son verificables. Las campañas de difamación y estigmatización usualmente se valen de esta técnica para manipular la información con narrativas desinformantes que no se ajustan a la realidad.
Cazadores de Fake News ha podido documentar varias campañas de estigmatización digitales en contra de periodistas que han sido acusados, de forma reiterada y en ausencia de pruebas, de ser “extorsionadores” justo después de presentar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en Venezuela. El objetivo de este tipo de campañas es amedrentar a los comunicadores, minimizar sus trabajos para que se vean menos creíbles o relevantes de lo que son (ya que provienen de “simples extorsionadores”) y justificar patrones de persecución –e incluso futuros arrestos– tanto a los autores como a quienes osan publicar sus trabajos.
Carola Briceño, periodista de El Nacional, fue víctima de un ataque de estigmatización digital en enero de 2023, justo después de la publicación de una serie de tres artículos sobre los hermanos Ricardo y Santiago Morón Hernández de los que fue coautora. Los hermanos fueron sancionados en julio de 2020 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y, presuntamente, habrían formado parte de esquemas de corrupción ligados a transacciones ilícitas efectuadas por Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.
Luego de la publicación de los artículos, Briceño fue acusada por varios medios digitales de pertenecer a una “red de extorsión” y, tal como ocurrió cuando Norbey Marín cuando fue acusado de “extorsionador” en noviembre de 2021, en la campaña en contra de Briceño también también se publicó el mismo contenido difamatorio, usando imágenes idénticas, exactamente en la misma red de falsos noticieros en Instagram –en “La Fábrica de Desinformación”–.
Roberto Deniz de Armando Info, es el periodista venezolano que ha sido objetivo de la mayor cantidad de desinformación registrada, al menos desde el año 2021 y un frecuente objetivo de campañas de estigmatización digitales.
Pero los ataques dirigidos a Deniz tienen un origen distinto a los descritos anteriormente: se enmarcan en el contexto de una agresiva operación de influencia, que sigue en curso, cuyo objetivo es limpiar la imagen –y eventualmente garantizar la liberación– de Alex Saab, un empresario colombiano muy cercano al régimen venezolano, que enfrenta un juicio en Estados Unidos acusado de conspirar para cometer lavado de dinero.
Deniz fue acusado en reiteradas ocasiones de ser “extorsionador”, sin que se presentara ninguna evidencia concreta. En octubre de 2021 se reportó, sin embargo, la existencia de una red de 22 falsos portales de noticias relacionados, todos hospedados en una misma dirección IP, cuyos artículos destacados se referían al periodista –y a Alek Boyd, otro investigador del caso Alex Saab– como “extorsionadores”. Varios de los artículos publicados por esta red de falsos portales de noticias habían sido compartidos por meses por tuiteros venezolanos agrupados de forma coordinada en defensa de Alex Saab, como evidencia de las supuestas acusaciones en contra del periodista.
Algunas horas después de la publicación de una investigación sobre la red de 22 falsos portales de noticias, la compañía vinculada con su creación dio de baja a todas las páginas web y envió una carta a Cazadores de Fake News, aclarando que solo había sido intermediaria para la contratación del hospedaje de las páginas web por parte de un tercero, que la compañía no guardaba relación con el contenido publicado y que tampoco tenía vínculos con Alex Saab ni con cualquier otro funcionario del Gobierno de Venezuela.
Muñecos de paja para promover el odio
La red de 22 falsos portales de noticias creados para difamar a los investigadores del caso Alex Saab, está lejos de ser el único esfuerzo de fabricación de fuentes de información ficticias para manipular a la opinión pública venezolana.
En septiembre del año 2021, varias iniciativas de verificación venezolanas comenzaron a desmentir falsos tweets atribuidos a un grupo de periodistas venezolanos entre los que figuraba Roberto Deniz, Luis Carlos Díaz, Carla Angola y Maibort Petit, los medios digitales Alberto Rodríguez News y Armando Info y otras figuras públicas como Iván Simonovis y Gustavo Azócar. Los tweets habían sido publicados por una red de cuentas de Twitter recientemente creada, una “granja de trolls”, con la que se intentó suplantar la identidad de todos los mencionados con intención desinformativa, bajo la excusa de que se trataba de cuentas “parodia”.
Todas las personas y medios afectados tenían un factor común: habían publicado investigaciones o cubierto el caso de Alex Saab, o habían sido abiertamente críticos en contra del empresario colombiano. La red de cuentas troll fue creada por integrantes de la red de defensa de Alex Saab en Twitter con el objetivo de ridiculizar y vilipendiar a las personas cuya identidad fue suplantada. Eventualmente, la red fue suspendida por Twitter.
En marzo de 2021, otro grupo de 85 cuentas troll distinto atacó digitalmente y de forma coordinada a la Organización No Gubernamental PROVEA y al medio independiente El Pitazo, luego de que publicaran sendos artículos relacionados con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela que sido objeto de reiteradas denuncias sobre actuación desproporcionada y violaciones a los derechos humanos.
Las cuentas trolls se hicieron pasar por usuarios comunes y corrientes de la red social, pero casi todas habían sido creadas algunas semanas antes, durante el mes de febrero, una pista digital que denota intencionalidad. Respondieron de forma coordinada a tweets publicados por las cuentas oficiales de PROVEA y El Pitazo con enlaces a artículos críticos sobre las FAES, enalteciendo la labor del cuerpo policial y acusando a ambos de difundir “noticias falsas”.
Solo una de las cuentas publicó un tweet incriminatorio: “(…) ¿por qué entonces no vienen y toman el lugar de uno como oficial, que lo que hace es velar por la seguridad de todos los venezolanos?“.
Días después de la publicación del reporte sobre el incidente, la red de 85 cuentas troll fue suspendida por Twitter.
Un arma de guerra política
En el contexto político, las campañas de difamación también han sido usadas como una táctica para generar daño a la frágil y heterogénea oposición venezolana, sembrar discordia y profundizar divisiones entre sus distintos bandos y destruir la reputación de cualquier alternativa al proyecto político en marcha, o al menos inducir la autodestrucción de sus principales adversarios.
Freddy Guevara, dirigente del partido político Voluntad Popular, fue detenido en Caracas el 13 de julio de 2021 alrededor de las 12 del mediodía. El día anterior, Jorge Rodríguez, para entonces presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, había mostrado un conjunto de capturas de pantalla de supuestas conversaciones en Whatsapp entre varios opositores, incluyendo a Guevara, que los vinculaba con bandas criminales de Caracas. Hay indicios de que las capturas de WhatsApp mostradas por Rodríguez son falsificaciones, tal como se explicó en una verificación publicada el 14 julio por Cazadores de Fake News.
El 12 de julio, una hora después que Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, alertara que Guevara estaba siendo detenido en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, en Twitter comenzó a impulsarse de forma coordinada la etiqueta #CapturadoKokiMariguanita, un intento justificar el arresto del opositor, vínculándolo con el líder de una banda criminal contra la que las fuerzas policiales de Maduro se habían estado enfrentando durante días e, incluso, acusándolo de ser el “cabecilla” de la banda.
La etiqueta comenzó a ser impulsada por los mismos integrantes de la Organización Nacional de Comunicadores Alternativos (ONCA) que en 2023, dos años después, impulsarían el bulo sobre los falsos viajes en “jet privado” de la docente y líder sindical Elsa Castillo.
El 22 de junio de 2021, Diosdado Cabello reseñó un rumor que días antes se había hecho viral en varias redes sociales. Mostrando una publicación que se hizo viral en Twitter, afirmó que Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, habría comprado un vehículo Porsche de más de 300 mil dólares: “¿con la plata de quién? con la plata de ustedes, señores de la oposición”.
El bulo del Porsche “fantasma” fabricado contra López es apenas uno entre decenas de informaciones falsas, engañosas o malintencionadas, fabricadas para profundizar la desconfianza entorno a su liderazgo, que aparecen publicados por primera vez en la misma fuente: la red de falsos noticieros de Instagram que identificamos como “La Fábrica de Desinformación” y que también participó en campañas de agravios en contra de comunicadores como Carola Briceño y Norbey Marín.
Con el paso de los días, el rumor migró de Instagram a Twitter, donde fue amplificado por influenciadores vinculados con la red de defensa de Alex Saab, periodistas de Venezolana de Televisión y por “Tuiteros de La Patria”, operadores humanos que reciben pagos para generar grandes cantidades de spampara amplificar las tendencias de propaganda promovidas a diario por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI).
El bulo del falso Porsche de Leopoldo López eventualmente fue repetido por un joven opositor venezolano, no relacionado con el chavismo, pero crítico acérrimo del líder de Voluntad Popular. Fue su tweet y no alguna de las versiones del mismo bulo publicadas por cuentas chavistas, el que finalmente fue mostrado por Cabello en su programa de televisión, una táctica usada repetidamente en su programa para argumentar que la desinformación no provino del chavismo, sino de la misma oposición.
¿Cómo puede la sociedad civil evitar ser manipulada?
En la actualidad, el gobierno venezolano ha logrado imponer su hegemonía comunicacional con el uso de un amplio abanico de estrategias para controlar la información que incluyen la censura, la persecución de voces críticas y el uso de desinformación en operaciones de influencia que pueden contar con ataques difamatorios. Hace uso de recursos prácticamente infinitos y se vale de estructuras comunicacionales organizadas, abiertas y encubiertas, con las cuales puede tanto imponer sus propias narrativas y desacreditar aquellas que considera que provienen de sus “enemigos”, indistintamente de lo veraces o válidos que sean sus argumentos.
Por ello, cuando alguien afirma que el oficialismo y la oposición venezolana impulsan campañas de agravios digitales en iguales proporciones y con las mismas características, comete una falacia de falsa equivalencia, porque entre ambas partes existe una asimetría muy marcada.
La responsabilidad de generar contenido informativo que permita evidenciar las luchas por reivindicaciones populares o legítimas y visibilizar hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos recae en periodistas, activistas y militantes políticos cuya existencia, corriente y deseable en países democráticos, es indispensable para hacer contrapeso al poder.
Sin embargo, medios de comunicación directa o indirectamente afiliados al chavismo, estructuras partidistas del PSUV, equipos de comunicadores digitales, escuelas de comunicación civiles cercanas al oficialismo e incluso cuerpos de operaciones de información militares tienden a observar a gran parte del contenido crítico como simple “propaganda enemiga” o “fake news” y a los actores que están detrás de ese contenido como “enemigos”, en el contexto de una guerra multiforme en la que se ve como víctima y que intenta controlar con el uso de tácticas, técnicas y procedimientos de desinformación y contrapropaganda que la sociedad civil desconoce.
Todo lo anterior permite pronosticar que el uso de ataques difamatorios organizados en contra de periodistas, investigadores, medios y líderes opositores venezolanos seguirá ocurriendo en un futuro cercano y continuarán los intentos de socavar la confianza en actores sociales y políticos, conocidos o emergentes, de cualquier bando político, que pueden encaminar al país hacia una época más abiertas y democráticas.
En todo caso, es la sociedad civil, en permanente lucha por entender lo que realmente ocurre en Venezuela, la principal víctima del problema del control informativo y la desinformación.
El único recurso que tiene para contrarrestar el efecto de campañas de difamación y de las operaciones de influencia en general, es comprender que forman parte de estrategias desinformativas con las que se busca controlar la información en Venezuela y con las que se intenta influir a los ciudadanos.
Conocer las tácticas, técnicas y procedimientos usados en las campañas de difamación y estigmatización previamente estudiadas, permitirá detectar casos similares en el futuro.
Rechazar contundentemente este tipo de campañas, indistintamente de si afectan a periodistas, medios, ONG o políticos, de cualquier línea editorial o tendencia política y combatirlas, exigiendo información veraz y basada en evidencias, respetando la presunción de inocencia, son pasos necesarios para aumentar la resiliencia de la sociedad civil venezolana ante estos intentos de manipular la verdad por cualquier actor político, presente o futuro, que tenga los recursos y la motivación para hacerlo.
Este trabajo forma parte de las entregas de la Coalición Informativa “C-Informa”, equipo periodístico venezolano que tiene como objetivo hacerle frente a la desinformación y está integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Cazadores de Fake News y Probox con el soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR) y la asesoría de Chequeado de Argentina y DataCrítica de México.
