La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros enciende alarmas entre migrantes venezolanos, un supuesto “hacker” reavivó la narrativa del ataque al sistema electoral el 28J con una mentira y el oficialismo intensifica sus estrategias de propaganda bajo el discurso de combatir la desinformación
Esta semana, una nueva medida del gobierno estadounidense ha generado preocupación por sus posibles consecuencias para los migrantes venezolanos en Estados Unidos. En el contexto electoral, una entrevista en TikTok fue el ancla para que comunicadores cercanos al oficialismo re impulsaran el bulo sobre el supuesto hackeo al sistema electoral el pasado 28 de julio, del cual no existe evidencia técnica alguna. Mientras tanto, la lucha contra la desinformación y el discurso de odio se convirtieron en la excusa perfecta para que desde el gobierno de Nicolás Maduro se impulsen nuevas estrategias de amplificación de propaganda y control informativo que amenazan con encerrar a las bases oficialistas en una burbuja informativa.
Esta es la edición número 52 de nuestro resumen semanal “Rumores, desinformación y propaganda”, un año juntos comprendiendo la desinformación. ¡Y aquí seguimos!
Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros en contra del Tren de Aragua
La reciente invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para actuar contra el Tren de Aragua ha encendido alarmas por sus implicaciones legales y sociales.
Aunque se presenta como una medida contra la criminalidad, la aplicación de esta ley podría tener graves consecuencias para la comunidad venezolana en Estados Unidos, incluyendo un incremento en episodios de estigmatización, violaciones a los derechos humanos y abusos de poder en su contra. Al invocar esta ley contra el Tren de Aragua, Trump ha señalado como “enemigos extranjeros” a todos los venezolanos mayores de 14 años sospechosos de pertenecer a la pandilla, una acción que puede afectar a gran parte de la comunidad migrante venezolana.
La medida de Trump se sustenta en una narrativa desinformadora previamente denunciada: que el chavismo “vació las cárceles de delincuentes” y los envió a Estados Unidos, de forma deliberada, para desestabilizar a ese país. El rumor, que surgió en 2022 debido a varios bulos virales de una cuenta desinformadora en Twitter, terminó siendo amplificado por el medio ultraconservador Breitbart News, que publicó un artículo sobre un supuesto “informe de inteligencia” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) filtrado –cuya existencia nunca fue probada– que denunciaba el supuesto envío sistemático de criminales venezolanos a Estados Unidos, como una estrategia de desestabilización organizada por el gobierno de Maduro.
Esta misma narrativa fue amplificada por Donald Trump durante la campaña presidencial del 2024, a pesar de que previamente había sido estudiada y denunciada como parte de una ola de desinformación migratoria.
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros permite al gobierno detener y deportar a personas únicamente por sospechas, sin necesidad de pruebas ni juicio. Fue creada en 1798 y su redacción estuvo enmarcada en un inminente conflicto bélico con Francia. El Centro Brennan, una organización sin fines de lucro en el área de derecho y políticas públicas adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York denunció que el uso actual de la ley, en un contexto de paz, representa un abuso peligroso de poder presidencial. Con la aplicación de esta ley, Trump podría estar evadiendo las normas legales ordinarias y convierte a la migración venezolana en un blanco político.
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, en el contexto de detenciones de venezolanos, viola derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, tal como ocurrió con más de 30.000 ciudadanos japoneses en EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial que fueron encarcelados sólo por su origen étnico. Años después de las detenciones, el Congreso de EE. UU. reconoció como una “injusticia fundamental” el uso de esta ley contra los japoneses y, en 1988, el presidente Ronald Reagan se disculpó formalmente con los ciudadanos japoneses-americanos injustamente detenidos durante la aplicación de la ley.
Organizaciones norteamericanas como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward presentaron una demanda contra la administración de Trump por esta medida, alertando sobre el “riesgo inminente de deportación” para venezolanos detenidos sin acceso a defensa. La organización venezolana Provea también manifestó su preocupación por el traslado de 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) —la megacárcel de El Salvador— tras ser deportados por Estados Unidos bajo la acusación de ser miembros del Tren de Aragua; también ha cuestionado la falta de respeto al debido proceso en estos traslados, señalando que los venezolanos son enviados a un lugar donde no se garantizan sus derechos y se les aísla de familiares y abogados.
Paradójicamente, mientras se denuncia la criminalización de migrantes venezolanos por parte del gobierno estadounidense, el oficialismo intenta aprovechar este escenario como una herramienta de propaganda y blanqueo de su propia imagen.
Aunque el gobierno de Maduro ha sido acusado de violar sistemáticamente los derechos humanos —con detenciones arbitrarias y torturas— por múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos alrededor del mundo, y con un juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad que sigue llevándose a cabo en la Corte Penal Internacional, ahora muestra su preocupación y defiende los derechos humanos de los migrantes detenidos, condenando la invocación de la ley realizada por el gobierno de Trump.
Desinformación sobre el falso hackeo al sistema electoral el 28J
El 15 de julio, antes de las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó que el sistema de transmisión de resultados estaría completamente aislado de Internet para evitar cualquier ataque externo. Según el propio CNE, los datos viajan cifrados por una red privada de Cantv y ningún sistema externo puede acceder a ellos. Esta información fue publicada en portales oficialistas como Con El Mazo Dando y el sitio web del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Según el propio CNE, la Red de Transmisión de Resultados Electorales opera de manera independiente, con múltiples niveles de seguridad y autenticación. En su sitio web, el organismo precisa que “el paquete de votos de cada máquina viaja encriptado a través de una red segura que provee la empresa de telecomunicaciones estatal CANTV” y que “ninguna computadora externa puede penetrar los resultados electorales”.
A pesar de las aclaratorias oficiales, se difundió la narrativa desinformante de un supuesto “hackeo masivo” al sistema de transmisión de votos, apoyada en las declaraciones de Luis Luces, quien se presentó como el hacker “Astra”. En un par de entrevistas realizadas durante la semana pasada en TikTok, Luces afirmó haber realizado un ataque de Denegación de Servicio Telefónico (TDoS) para “colapsar” el sistema de transmisión de resultados electorales el 28 de julio.
Posteriormente, en una tercera entrevista en TikTok realizada el pasado 13 de marzo, en la que estuvo presente Giuseppe Gangi –creador de la página macedoniadelnorte.com– y otros usuarios que cuentan con conocimientos avanzados en informática y ciberseguridad, Luces no pudo explicar con ningún argumento técnico el supuesto ataque que realizó al sistema de transmisión de resultados el 28 de julio.
En la entrevista, Luces se limitó a asegurar que el supuesto “ataque” que llevó a cabo había ralentizado la transmisión de datos, favoreciendo a María Corina Machado. Sin embargo, no pudo explicar de qué manera un ataque de ese tipo, de haber ocurrido, habría favorecido a la oposición o alterado los resultados de las actas electorales físicas en poder de los miembros de mesa de oposición. Esto se debe a que las actas electorales —documentos físicos con los resultados que fueron utilizados para alimentar resultadosconvzla.com— fueron impresos antes de la transmisión de datos, por lo que el supuesto ataque, de haber existido, no habría tenido ninguna relación con ellas.
Posteriormente, el propio Luces se contradijo al admitir que no era “Astra” y negar que habría hackeado el CNE –algo que había asegurado un par de días antes–. Luces aseguró que fabricó parte de la historia para “tender una trampa” al oficialismo y hacer que difundiera “fake news” para, supuestamente, perjudicar su credibilidad. Sin embargo, sus afirmaciones fueron usadas por medios oficialistas para alimentar la narrativa del «ciberataque».
Hasta ahora, no existe evidencia técnica o forense que respalde la versión de un hackeo al sistema de transmisión de resultados o a la web del CNE. Todo indica que esta narrativa se sostiene sin pruebas y forma parte de una estrategia de desinformación.
La gran burbuja informativa del chavismo
La desinformación y el discurso de odio son desafíos globales que preocupan a los gobiernos, pero algunas soluciones terminan restringiendo la libertad de expresión y el derecho a la información. En Venezuela, esto se refleja en bloqueos a redes sociales y medios, así como en la promoción de burbujas informativas con fines propagandísticos, que limitan el acceso a información verificada y exponen a amplios sectores a contenido hiper partidista.
El 11 y 12 de marzo se realizó el Taller Nacional de Comunicación Popular Tanques de Pensamiento Comunales, impulsado por el Ministerio de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, junto con el Ministerio de Comunicación e Información. De acuerdo con la información oficial, el taller fue realizado como parte de un plan que busca desarrollar un modelo de comunicación “horizontal, territorial, popular y masivo” que incluye “la integración y articulación de los diversos medios de comunicación en los territorios y la alfabetización digital para el uso crítico de nuevas tecnologías”.
El taller, al que asistieron principalmente simpatizantes y comunicadores afines al oficialismo, busca reforzar la resiliencia informativa de comunidades conformadas por militantes, empleados públicos y comunicadores, promover su participación política en las calles y en redes sociales y, de manera articulada, combatir lo que el oficialismo considera una “guerra cognitiva” de la que es objetivo. Esta narrativa sostiene que los adversarios al gobierno de Nicolás Maduro recurren a la desinformación, el discurso de odio y la manipulación en redes sociales para atacar “cognitivamente” a la población venezolana y desestabilizar el país.
Sin embargo, durante el transcurso del mismo evento se mencionaron algunas desinformaciones que contradicen varios de los principios defendidos en el taller. Esto evidencia que su intención real, más que promover un movimiento amplio y descentralizado de lucha contra la desinformación y el odio —venga de donde venga—, se orienta a otra estrategia más para generar propaganda y contrapropaganda, con la que se busca contrarrestar la desinformación y el discurso de odio, pero únicamente si perjudican al chavismo.
Por ejemplo, en la intervención realizada por el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, además de manifestar preocupación por la desinformación y el uso de cuentas “bots” en redes sociales (para atacar al oficialismo), afirmó erróneamente que el opositor Juan Guaidó está siendo investigado por el FBI a raíz de las pesquisas derivadas del desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y, adicionalmente, aseguró que las cuentas del presidente Nicolás Maduro en redes sociales son regularmente atacadas por grupos de “cuentas bots”, que reconoce por que poseen nombres de usuarios sospechosos (alfanuméricos).
Ambas afirmaciones son desinformación. El rumor sobre la investigación del FBI a Guaidó, que no está soportado por ninguna evidencia, ha sido desmentido en múltiples ocasiones. Clasificar como «cuentas bot» a perfiles en redes sociales sospechosos, basándose solamente en criterios aislados como que sean anónimas o que posean nombres de usuarios alfanuméricos es insuficiente; se requiere un análisis de patrones complejos, descritos en metodologías específicas que permiten su estudio y que consideran la aparición de múltiples criterios simultáneos. Estas metodologías han permitido demostrar de forma contundente, que el mismo oficialismo sí ha utilizado redes de cuentas bots, granjas de trolls y equipos coordinados de usuarios en redes sociales para amplificar propaganda, desinformación e impulsar etiquetas coordinadas con las que se ha promovido el discurso de odio en contra de políticos, activistas, periodistas y militantes de oposición.
La nueva propuesta de “lucha” contra la desinformación y el discurso de odio del oficialismo venezolano se basa principalmente en la curaduría y difusión sistemática de contenidos hiperpartidistas a través de canales privados y en su amplificación coordinada en redes sociales por parte de múltiples cibercomunidades. Esto, a su vez, genera una burbuja informativa de propaganda —y en algunos casos de desinformación— en la que predomina una única versión de los hechos y en la que se reduce el espacio para la verificación. En última instancia, es la población chavista la que queda atrapada en ella, limitando su capacidad para contrastar datos de forma independiente.
Por otro lado, la alfabetización mediática e informacional es la mejor forma de combatir de forma sostenible la desinformación y el odio, venga de donde venga, capacitando a la población en el uso de técnicas de verificación como la búsqueda inversa de imágenes o la identificación de cuentas falsas. Sin embargo, la estrategia oficialista no ataca el problema desde la raíz, sino que refuerza una teoría de conspiración: que el gobierno venezolano es víctima de una “guerra cognitiva” y que cualquier contenido crítico o incómodo es una amenaza.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
