La orden de captura fue autorizada por un juez que, según las evidencias disponibles, se encuentra cesante de sus funciones ante el Poder Judicial desde abril de 2023
El lunes 2 de septiembre, el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con los delitos asociados al Terrorismo — a cargo del juez Edward Briceño Cisneros — emitió una orden de captura contra Edmundo González Urrutia, por petición del Ministerio Público. La orden fue emitida por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daño de sistemas y asociación para delinquir.
Esta noticia provocó reacciones tanto en medios de comunicación como en redes sociales, siendo la más destacada una presunta constancia electrónica de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con la que se evidencia que Briceño Cisneros se encuentra cesante de sus funciones en el Poder Judicial desde el 25 de abril de 2023.
El equipo de Cazadores de Fake News verificó de forma independiente la autenticidad de dicha constancia y determinó que la misma es verdadera, el documento es emitido a través de la página web del IVSS, en la sección Constancia Certificada de Cotizaciones y generada a partir del número de cédula del trabajador.
De acuerdo con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, para que una orden de captura sea válida debe ser emitida por un Juez de Control en funciones: “El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada”. Artículo 236 del COPP
Al respecto, un abogado especializado en la materia que solicitó mantener su nombre en reserva para evitar represalias, explicó en entrevista con Cazadores de Fake News que cuando un funcionario del Poder Judicial venezolano es cesante (destituido o suspendido), su capacidad para firmar sentencias se ve afectada, también su autoridad y funciones están limitadas.
”En la práctica, un funcionario cesante no tiene la autoridad legal para firmar sentencias válidas, ya que las decisiones judiciales requieren la legitimidad del cargo, y en este caso su capacidad para ejercer funciones judiciales está comprometida”.
Especialista en derecho penal.
Bajo perfil
El historial de Briceño en el Poder Judicial venezolano se inicia en el año 2011 cuando fue designado como Defensor Público Titular, según la Gaceta Oficial 39.813 del 05/12/2011, sin ningún otro nombramiento oficial hasta abril de 2023 cuando fue desvinculado según constancia del IVSS, no obstante actúa como juez en los “Tribunales contra el terrorismo”, instancia judicial creada por Hugo Chávez y que según una investigación de Armando.info desde al menos hace tres años, pasó a procesar de manera expedita e implacable a cualquier persona fichada como opositora.
“Cuando hace algunos años el venezolano Carlos Armando Figueredo tradujo Los Juristas del Horror, el clásico de Ingo Müller sobre la justicia en la Alemania nazi, tal vez no imaginó que esa advertencia con fundamentos históricos reencarnaría en su propio país a través de los jueces Carlos Liendo, Ángel Betancourt, Franklin Mejías y Joel Monjes. Un quinto juez, Edward Briceño, ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio”.
Armando.info
Rechazo conjunto a la orden
Los gobiernos de Brasil y Colombia expresaron su “profunda preocupación” por la orden de arresto contra Edmundo González; manifestaron que esta medida obstaculiza los esfuerzos por una resolución pacífica de la crisis venezolana. Además, la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas han expresado su rechazo a la orden de captura, enfatizando la necesidad de proteger los derechos humanos en Venezuela.
Asimismo en un comunicado conjunto, países de América Latina como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay también rechazaron “de manera inequívoca y absoluta” la orden de captura contra González Urrutia.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
