Alcaldías pagaron para que se perfilara a ciudadanos y medios en redes sociales como parte de una estrategia de asesoría de comunicaciones. Todo a través de millonarios contratos con el consultor político Luis David Duque.
Por Andrea Rincón, Camilo Vallejo (Cuestión Pública) y Alexander Campos (Colombiacheck)
Pupilo del controvertido estratega político J. J. Rendón. Consultor de Juan Manuel Santos en la campaña presidencial de 2014, marcada por los dineros ilegales que inyectó Odebrecht en esas elecciones. Asesor que catapultó a la presidencia en dos ocasiones (2014-2022) al hondureño Juan Orlando Hernández, hoy en juicio por narcotráfico.
La carrera del pereirano Luis David Duque, reconocido como el mejor estratega político por los Napolitan Victory Awards en 2022, ha estado más marcada por los éxitos que los fracasos. También por asesorar candidaturas vinculadas a campañas de desinformación en Centroamérica, cosa que le niega de tajo a esta alianza.
Desde la pandemia su empresa Estrategia & Comunicaciones (E&C) ha celebrado 15 contratos públicos en Colombia por 3.684 millones de pesos, equivalentes a 926.713 dólares*. Todas para dirigir la estrategia de comunicaciones de la Contraloría General, las alcaldías de Barranquilla, Ibagué e Itagüí y la Cámara de Comercio de Pereira, entre otras. Este año tiene el ojo puesto en siete alcaldías y cinco gobernaciones que espera coronar en las elecciones territoriales del próximo octubre, incluyendo la de Federico Gútierrez, excandidato presidencial que sueña con volver a la Alcaldía de Medellín.
Como parte de Mercenarios Digitales, especial investigativo coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con 20 medios, cinco especialistas en investigación digital y estudiantes de un curso de maestría de la Universidad de Columbia, Cuestión Pública, Colombiacheck y Contracorriente de Honduras revelan cómo esta consultora liderada por Duque, ha perfilado a ciudadanos y medios de comunicación en redes sociales con dineros públicos para catapultar a los políticos de turno en dichas entidades.
“Seguimos en campaña”
En los últimos tres años, en Colombia, la Contraloría General y las alcaldías de Barranquilla, Ibagué e Itagüí han destinado 2.951 millones de pesos—equivalentes a 742.278 dólares—a contratos para posicionar su imagen y la de sus mandatarios. Todos a través de la consultora de Duque, un tipo desparpajado, carismático y seguro, que dice no trabajar con clientes por quienes no pueda votar en las elecciones.
Como si de una campaña electoral se tratara, la gestión de la consultora consistió en exhibir y “rentabilizar la gestión” del entonces contralor Carlos Felipe Córdoba (2022) y de los alcaldes Jaime Pumarejo (Barranquilla), Andrés Hurtado (Ibagué) y José Escobar (Itagüí) principalmente.
Los informes de actividades y evidencias del contrato con la Alcaldía de Barranquilla dejan ver que la estrategia consistió en “posicionar al alcalde”, generar un recuerdo de su administración y recomendarle una mayor cercanía a los ciudadanos.
En Itagüí, bajo la administración de Escobar, la consultora fijó en sus informes de evidencias dos objetivos, entre ellos, “ganar las próximas elecciones”. Recordemos que en las obligaciones contractuales de E&C con esta última alcaldía no se incluye el marketing político o el servicio de estrategas electorales. En realidad, el proceso se suscribió para apoyar el “direccionamiento estratégico de los objetivos, metas, políticas, programas y proyectos del plan de desarrollo 2020-2023” de Itagüí.
En el caso de Ibagué, pese a tener como objeto contractual la difusión del Plan de Desarrollo y su cumplimiento, E&C estableció una meta particular para Andrés Hurtado y su alcaldía: “lograr un índice de aprobación del 70%” en su primer año.
El contrato con la Contraloría General, encabezada entonces por Carlos Felipe Córdoba, no fue diferente. Según los informes de ejecución colgados en la página de la contratación pública en 2022, una de las estrategias se centró en posicionar una línea discursiva positiva sobre la gestión de Córdoba frente al proyecto de Hidroituango. Para este propósito, promovieron desde la cuenta oficial de la entidad en Twitter el #GraciasContralor.
Para Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “que funcionarios utilicen recursos públicos, para promocionar su propia imagen para instalar una narrativa dentro de la opinión pública de que su gestión es muy buena, tiene varios impactos en materia de libertad de expresión (…) Entre ellos, que los recursos de publicidad sin veeduría—que es lo que pasa en Colombia—terminan siendo una fórmula para comprar líneas editoriales de ciertos medios y buscar influir en cómo cubren a determinado funcionario”.
Para Luis David Duque esto no se trata de autobombo. “Yo tengo la teoría, y puedo estar equivocado, de que si al gobernante le va bien a la entidad le va bien. Eso no significa que de ahí eso le sirva para su imagen cuando salga, eso sirve para que la conexión entre la entidad y el ciudadano sea empática”, dijo en entrevista con esta alianza.
Solo los contratos que su consultora celebró con la Alcaldía de Barranquilla fueron de 1.920 millones en los últimos tres años. La Fundación para La Libertad de Prensa (FLIP) y Contratopedia revelaron el “gasto desorbitado” que ha invertido Pumarejo en publicitarse.
“Cada uno cobra por lo que cree que vale y si hay gente que lo paga es porque lo vale”, señala Duque a esta alianza refiriéndose al alto valor de sus contratos con esta y otras alcaldías.
Perfila y reinarás
La empresa de Duque le apostó al social listening (escucha social) para perfilar y monitorear a ciudadanos, medios de comunicación y “líderes de opinión”. Esta es una herramienta que usa inteligencia artificial y métricas de Twitter, Instagram y Facebook para medir el tono de la conversación en redes sociales.
A través del monitoreo de la conversación digital sobre estas entidades y sus dirigentes, su consultora registró cientos de publicaciones y comentarios de ciudadanos sobre la gestión del excontralor Córdoba y los alcaldes Pumarejo, Hurtado y Escobar. Por ejemplo, en Barranquilla, fueron calificadas como “positiva (si era una felicitación), negativa (si era una crítica o reproche) o neutra”, según los informes de ejecución.
El perfilamiento—que en palabras de Duque no es más que una “personalización del mensaje”—fue el siguiente paso. Esto incluyó políticos, líderes de opinión y medios de comunicación que fueron clasificados como “validadores”, “opositores” y “amplificadores negativos y positivos”. La última categoría es descrita para la estrategia (2022) de la Contraloría General como:
Solo en Barranquilla, más de 100 usuarios fueron monitoreados entre 2020 y 2021, principalmente en Twitter. Al menos 37 eran medios y portales de noticias, entre ellos, El Heraldo—hasta hace poco propiedad de los Char, jefes políticos del alcalde—y Zona Cero, señalados como “opositores” en el registro de E&C de noviembre de 2020.
Juan Pablo Parra, abogado e investigador de Karisma, señala a esta alianza por qué es tan grave el perfilamiento de los ciudadanos. “Si estás siendo investigado al ejercer tu derecho a la participación, al control y la veeduría, en realidad te están violando los derechos (…) Finalmente, Colombia tiene un historial terrorífico de personas que han sido marcadas por el Estado como opositores”.
Este modus operandi se reprodujo en Itagüí con José F. Escobar y en Ibagué con el alcalde Andrés Hurtado. Para este último, E&C estableció un mapa de actores para la “organización y perfilación de personalidades para apoyo digital, opositores, aliados públicos y silenciosos”.
Cuando se le preguntó a Duque si perfilaba opositores, tronó un inmediato “No, no, no. Nosotros no perfilamos absolutamente a nadie (…) Lo que hacemos es encontrar, como debería ser, comentarios negativos para mejorar la comunicación de la entidad o el gobernante frente al público”.
Cuando incursionó en el mundo de la consultoría política a inicios del nuevo siglo, no existían los social listenings, sino el voz a voz. El proyecto con el que se inauguró llegó de la mano de quien se convertiría en su maestro, el estratega venezolano J.J. Rendón. Se trató de la creación del Partido de la Unidad Social, en 2005, en Colombia. Un movimiento que, según él, “rompió con la hegemonía de los partidos tradicionales” y que Juan Manuel Santos impulsó para apoyar la reelección presidencial de Álvaro Uribe.
Duque llegó a ese proyecto de la mano del estratega Germán Chica, “consentido de Juan Manuel Santos”, como él mismo señaló. Tras el “éxito” de esa campaña, según él, hizo dupla con Rendón para asesorar a Santos en las presidenciales de 2014. Esa campaña la recuerda dura y “negativa” por las estrategias que se usaron contra su contendor Óscar Iván Zuluaga sobre las que no ahondó, pero de las que “no se arrepiente”.
Después de la primera vuelta sacó tolda aparte de Rendón, a quien “respeta y admira”, pero con quien, dice Duque, no acabó en buenos términos. Esta época sembró algunas de las semillas que más adelante germinaron en sus estrategias de consultoría.
Datos y Kontactos: claves para ganar una elección
Como revelaron Cuestión Pública y Qurium en octubre de 2019, la recolección de información sensible con fines electorales tiene aún más tela por cortar en Colombia. Jaime Duque, hermano de Luis David Duque, fue uno de los políticos a los que por un sistema de referidos—un voz a voz digital—se les promovió a través de la app Kontacto, usada en las pasadas elecciones regionales de 2019.
Esta aplicación habría sido usada para obligar a funcionarios de la alcaldía de Juan Pablo Gallo en Pereira a recoger votos en favor del actual alcalde Carlos Maya—a quien también asesoró Luis David Duque—y de otros candidatos como su hermano Jaime, quien salió elegido a la Asamblea de Risaralda en esos comicios. Así lo denunció Luis Carlos Rúa, contratista y docente de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Duque le admitió a esta alianza que la idea de crear Kontacto fue suya. “Kontacto es una imitación de un software que conocí en el 2005”.
La idea de Kontacto vino de lo que Duque vio del Nation Builder en su viaje a California, Estados Unidos, mientras buscaba un asesor para Juan Manuel Santos y el Partido de la U. “Esta empresa (de Software) se encargaba de usar las herramientas tecnológicas para poder contactar gente. ¿De qué se trata una elección? De que tu candidato conozca mucha gente. Que esa gente se enamore, se comprometa a participar y termine votando”, relató.
Sin embargo, dice que no participó en su ejecución. “No tuve nada que ver con Kontacto. Les conté la historia de Nation Builder y ellos dijeron esto lo podemos hacer nosotros. Y claro que lo hicieron de una forma machetera, tecnológicamente hablando”.
La polémica legal a raíz de la aplicación fue que Kontacto habría sido desarrollada con recursos públicos y se presume que para 2019 la app contaba con datos sensibles de cerca de 54.000 votantes de Pereira.
Lee: Kontacto, la nueva máquina electoral de hacer votos
Copiando la materia prima de la app, en 2022 su consultora le propuso a la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba la creación de un Contact Center. Se pretendían modernizar los canales de comunicación de la entidad, para lo que era necesario obtener “la mayor cantidad de datos posibles de los ciudadanos denunciantes para posteriores labores de contacto y seguimiento sobre su denuncia”. Esto incluía su dirección, ocupación y redes sociales.
Aunque esta idea finalmente no se adoptó, según nos confirmó la Contraloría, esta idea también fue sugerida en Ibagué. En esta última ciudad, la información sería tomada de las bases de la alcaldía proveniente de beneficiarios de programas sociales, contratistas, visitantes y funcionarios. El objetivo: lograr contacto directo con los ciudadanos y generar una percepción cercana del alcalde.
“Mi responsabilidad es entregar esos datos a una entidad que se supone está enmarcada dentro de la ley y sabe que hacer con eso. Si esa entidad hace uso indebido de esa información, a mí que me esculquen”, señala Duque a la alianza, cuyo historial de éxitos ha estado marcado por uno en especial: el triunfo en Centroamérica.
Honduras: el laboratorio de la desinformación
Duque se autodefine como un “pirata estoico” listo para “guerrear” y hace más de una década encontró su tesoro y campo de batalla en la escena política de Honduras. Aunque llegó al país por J.J. Rendón, ambos fueron contratados por Juan Orlando Hernández de forma separada, como le contó a esta alianza. Allí, celebró la victoria de Hernández y luego lo acompañó como asesor de comunicaciones de su gobierno.
Su presencia en Honduras se ha visto más allá de épocas electorales (2013, 2018 y 2020). A partir de 2015, ha sido señalado de coordinar acciones de desinformación a través de bots, cuentas falsas y páginas web con el fin de difundir narrativas favorables al presidente Hernández, a cuya reelección contribuyó E&C en 2017.
Estas acciones han sido perseguidas por Meta y Twitter, que prohíben el comportamiento coordinado inauténtico destinado a posicionar narrativas falsas en la opinión pública.
“Todo se hizo dentro de la ley y apelando al contraste. Soy enemigo número uno de comprar seguidores y de crear cuentas falsas porque a mí a la final me pagan es si logramos el objetivo y el objetivo no se logra creando cuentas falsas o dando likes a partir de bots”, dice Duque.
El pereirano asumió la campaña presidencial de Nasry “Tito” Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa y candidato continuista de Hernández, desde las primarias de marzo de 2021, como celebró públicamente. Tras las votaciones de noviembre de ese año, Meta reportó una suspensión masiva de cuentas asociadas a una acción coordinada de campaña sucia contra los contrincantes de Asfura.
En octubre de 2021, Contracorriente denunció una red de páginas y medios falsos que difundieron narrativas negativas sobre Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya, adversarios de Asfura. La empresa detrás de esta red era Wish & Win, propiedad de Xavier Domínguez, amigo personal de Duque que también hizo parte de la campaña, tal como lo expuso el colectivo Laboratorio Ciudadano de Honduras.
“Wish & Win me acompaña en la campaña de Tito en el 2020 y yo lo llevo para generar contraste a partir del humor negro, pero nada digital”, señala Duque a esta alianza.
En diciembre de 2021, Meta reportó la eliminación de los perfiles asociados a la red de Wish & Win: 12 cuentas de Facebook, 172 páginas y 11 cuentas de Instagram. Una operación que había conseguido más de 551.000 seguidores y que había invertido aproximadamente 285.000 dólares en publicidad.
Un año después de las elecciones, Twitter suspendió 1.379 cuentas que participaron en una acción coordinada de desinformación realizada el 28 de noviembre de 2021, día de las votaciones. El objetivo de la operación fue atacar a Xiomara Castro y a Yani Rosenthal, adversarios de Asfura.
“Mi vida en la consultoría se divide en tres. Antes, durante y después de J.J. [Rendón]. Mis campañas después de J.J. solo han sido de contraste. A buen entendedor, pocas palabras”, espeta Duque, vestido de jean, tenis y un buso manga larga en su oficina de Bogotá, a esta alianza.
*Conversión de pesos colombianos a dólares estadounidenses registrada el 19 de julio de 2023.
Descarga aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación
Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública
(Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy,
Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote
(Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político
y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18
(Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres
periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de
investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma
(Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DRFLab (EEUU);
y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.
Con apoyo financiero de Free Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y Rockefeller Brothers Foundation.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.