Una de las mayores empresas petroleras del mundo fue reduciendo su producción diaria por falta de mantenimiento, irresponsabilidad fiscal y politización, perdiendo incluso capacidad de refinación y distribución. Cuando llegaron las sanciones, la estatal ya estaba por el piso
“La empresa nacional Pdvsa fue blanco de un ataque implacable para destruirla desde adentro y bloquearla desde afuera. Esto causó la caída de la producción petrolera que impactó económicamente contra la patria”, se lee en una publicación en el perfil de Facebook de VTV el 1 de mayo de 2023.
Publicaciones que afirman que la culpa del colapso de Pdvsa son las sanciones son presentadas de forma regular por funcionarios, instituciones y medios de comunicación cercanos al oficialismo.
Entre marzo de 2021 y mayo de 2023, se identificaron al menos 15 publicaciones que apoyan esta narrativa, distribuidas por cinco diferentes medios de propaganda venezolanos en Facebook e Instagram. De estas, 10 se originaron en Facebook y 5 en Instagram, y en 6 ocasiones el emisor fue el canal estatal Venezuela de Televisión (VTV), según encontró la coalición C-Informa, conformada por Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Medianálisis y Probox.
En un reportaje anterior, C-Informa también encontró cómo la propaganda oficial insiste en señalar el año 2013 como punto de partida de sanciones que socavaron la economía y capacidad productiva de Venezuela, omitiendo que hasta finales de 2017 todas las órdenes ejecutivas emitidas por Estados Unidos se concentraron en bloquear bienes y fondos de funcionarios estatales involucrados en violación de derechos humanos, fraude electoral, corrupción y tráfico de drogas, mientras que se documentó cómo Irán, sobre el que pesan sanciones más antiguas y extensas, ha logrado impulsar de los mayores logros científicos y comerciales del mundo.
En el caso de Instagram, un video publicado el 2 de marzo de 2021 por Telesur fue el que se hizo más viral, casi 20 mil vistas. La publicación forma parte de una serie sobre declaraciones de Alena Douhan, relatora Especial de Derechos Humanos de la ONU, que visitó Venezuela y emitió un informe que describe cómo las sanciones “han exacerbado una crisis humanitaria enorme contra el pueblo”.
La narrativa que culpabiliza a las sanciones de la debacle de Pdvsa también se repite año tras año en los informes del Observatorio Venezolano Antibloqueo. En su informe más reciente, Los números del Bloqueo 2014-2023, muestran cómo se registró una caída pronunciada en la producción petrolera y en los ingresos en divisas del país desde el 2014.
“Entre enero de 2015 y junio de 2020, la producción de Pdvsa cayó 87%, pasando de un promedio de 2,5 millones de barriles por día a 339 mil barriles diarios en 2020… Investigaciones estiman en 232 mil millones las pérdidas económicas”, señala el informe.
El informe del Observatorio toma a marzo de 2015 como el inicio de las sanciones que habrían dañado la economía, justo cuando la producción petrolera se encontraba en el orden de los 2,8 millones de barriles diarios. Sin embargo, cuando se dio la primera sanción económica a Pdvsa (en enero 2019) la producción ya había caído a 1,5 millones de barriles.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente con Pdvsa? Un informe de Transparencia Venezuela muestra que las sanciones revelaron que la mala gestión gubernamental y la alta dependencia de esta industria fue la dupla que generó el desastre.
A la llegada de Hugo Chávez, en 1998, la exportación petrolera representaba 69% del total de exportaciones. Para 2008 este porcentaje sube a 90% y para 2013 supera el 96%.
A pesar de este capitalismo de Estado tan concentrado en una sola empresa, las inversiones necesarias para sostener su funcionamiento cayeron a partir de 2012, cuando se redujo en áreas como la exploración, producción, refinación, comercio y suministro (lo que llevó a la escasez de gasolina).
Así mismo, la empresa sufrió una importante sangría del personal altamente capacitado, con experiencia internacional y conocimiento acumulado cuando en 2002 Hugo Chávez despidió a miles de trabajadores que se habían sumado a una huelga nacional en protesta contra las políticas del nuevo presidente. Años más tarde, la nómina de Pdvsa fue inflada, sumándole actividades sociales ajenas a la industria petrolera como la construcción de viviendas o programas de entrega de electrodomésticos.
Con esa pérdida de experticia y foco, se disparaban los incidentes como incendios, explosiones y derrames petroleros, que contabilizaron en 31.940 sólo entre 2012 y 2015, cuando desaparecieron de los informes pero se multiplicaron en las costas de Falcón, Aragua y Carabobo. En el Zulia investigaciones científicas encontraron cómo las pérdidas de crudo por medio de tuberías subacuáticas que dejaron de repararse tras la expropiación de las empresas privadas contratistas y la migración de los buzos expertos llevaron a la muertes de millones de moluscos en el Lago de Maracaibo.
La gallina de los huevos de oro también se endeudó a una velocidad que llevó finalmente a un default, por cesación de pagos, en 2017.
Según Transparencia Venezuela, la deuda financiera externa de Pdvsa pasó de 3.000 millones de dólares en 2005 a 44.000 millones en 2015, ello sin incluir la deuda con socios y proveedores estimada en más de 10.000 millones.
Aunque en noviembre de 2017 el presidente Nicolás Maduro aseguraba en televisión nacional que el default nunca llegaría a Venezuela, lo cierto es que el país dejó de pagar su deuda y culpó a las sanciones por no poder reestructurar su deuda en los mercados internacionales.
30 días antes de las sanciones, los tenedores de bonos reportaron una tasa de riesgo soberano (spread) 7,8 veces superior a la de la media de América Latina y 9,5 veces superior a la pagada por mercados emergentes en el mismo periodo. Era una deuda tóxica, a la que todos los inversionistas huían. Además de las malas gestiones, la corrupción dentro de la industria petrolera socavó su operatividad. El último entramado denunciado por el propio gobierno madurista en marzo de 2023 bajo el nombre de PdvsaCripto, develó una pérdida de cerca de 16.600 millones de dólares por impagos a la industria petrolera sobre el 60% del precio de los envíos, según estimaciones de la consultora Ecoanalítica.
“Un dato que muestra la magnitud a las cuentas públicas es que la eliminación de los cuellos de botella de las cobranzas podría llevar a un incremento trimestral de los flujos petroleros en 150%, pasando de menos de 1.000 millones de dólares cobrados en el primer trimestre del año a 4.000 millones durante los últimos trimestres”, señala el informe conjunto de Ecoanalítica y Transparencia Venezuela.
Las denuncias de corrupción también llegaron de antiguos funcionarios del chavismo. Jorge Giordani, exministro de Planificación de Hugo Chávez y considerado su mentor económico, denunció tras su salida del gabinete ministerial por orden de Nicolás Maduro que el desfalco por los distintos sistemas de control de cambio entre 2003 y 2014 ascendía a 300 mil millones de dólares, lo que supera la pérdida estimada por el Observatorio en ingresos petroleros.
A pesar de las distintas promesas que ha realizado el presidente Nicolás Maduro sobre encontrar a los funcionarios detrás de esta masiva pérdida de dinero públicos, apenas un puñado de personas han sido condenadas.
El único funcionario investigado y detenido en agosto de 2013 fue el teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo, quien ejerció como gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración de Divisas, Cadivi. Fue acusado de legitimación de capitales y obtención fraudulenta de divisas pero su pase a juicio fue anunciado un año después.
Otros cuatro años después y con más de 30 audiencias suspendidas, una investigación de ArmandoInfo reveló que nunca fueron llamados a declarar otros ex funcionarios encargados de la asignación de divisas ni quienes denunciaron el desfalco como Giordani o la exministra de Comercio y expresidenta del Banco Central, Edmée Betancourt, quien cifró la pérdida “entre 15 mil y 20 mil millones de dólares”.
Sin hablar sobre la detención previa, en marzo de 2021 el fiscal Saab anunció que Navas Lugo había sido condenado a 7 años y 8 meses, por lo que en teoría ya habría cumplido su tiempo de prisión. No hizo referencia a José Stekman Lugo, sobrino de Navas Lugo y detenido por los mismos cargos el mismo día, y quien asegura haber sido secuestrado y torturado por agentes de la policía militar para obligarlo a confesar dónde estaban los bienes y el dinero de su tío.
En 2016 cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, se emprendió una batalla legal desde el Tribunal Supremo de Justicia por un presunto desacato del cuerpo legislativo que redujo y eliminó sus competencias, entre ellas, la capacidad de solicitar comparecencia de ministros, lo que impidió un proyecto de investigación del desfalco de 230 mil millones de dólares por asignación irregular de divisas. Una crisis institucional que sustituyó un escándalo por otro, cambiando de foco a despecho de la democracia.
Así mismo, la negación de una crisis económica y de las denuncias de corrupción o ineficiencia en la principal industria del país, algunas veces señalando como complots o sabotajes a los frecuentes accidentes en instalaciones petroleras fue intercambiado por una crisis institucional que terminó con la huida de la fiscal general en una lancha rápida hacia Colombia, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente -que no reescribió la Carta Magna- y focalizar todas las fallas en el exterior: las sanciones de Estados Unidos.
Este trabajo forma parte de las entregas de la Coalición Informativa “C-Informa”, equipo periodístico venezolano que tiene como objetivo hacerle frente a la desinformación y está integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Cazadores de Fake News y Probox con el soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (Capir) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) y la asesoría de Chequeado de Argentina.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
